Paraguay: Corte y Fiscalía ignoran denuncia de enriquecimiento

Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General del Estado hacen la “vista gorda” a la denuncia de posible enriquecimiento ilegítimo de jueces y fiscales de Ciudad del Este, que presentó el Colegio de Abogados de Alto Paraná. Los ministros del alto tribunal y el titular del Ministerio Publico, Javier Díaz Verón, ordenaron auditoría de gestión para conocer la actuación de los funcionarios, en procesos por tráfico de droga y procedimientos de alcotest.

La Corte en la sesión del martes pasado resolvió apurar la auditoría realizada a la gestión de jueces del Este, por la presunta liberación ilegal de procesados por tráfico de droga.

Se esperaba que los ministros debatan sobre la denuncia que hizo el Colegio de Abogados de Alto Paraná contra algunos jueces que hacen una grosera ostentación de su riqueza. Sin embargo, el tema no fue considerado por los miembros del alto tribunal, a pesar de que el hecho desacredita aún más la imagen del Poder Judicial.

Algunos ministros incluso habrían dicho que la Corte carece de competencia para revisar el presunto enriquecimiento de los magistrados. Con esto se confirmaría que los criticados jueces de Ciudad del Este Norma Gamarra, Manuel Trinidad, César Nider Centurión y Adolfo Genes y el magistrado de Hernandarias Wilfrido Velázquez cuentan con la protección de ministros.

Incluso se habla tanto de que jefes como subordinados formarían parte de una rosca que lucra con la protección de las actividades ilícitas en la capital del Alto Paraná.

La semana pasada los integrantes del Colegio de Abogados presentaron al titular del Jurado de Enjuiciamiento la lista de 169 procesados por narcotráfico que fueron beneficiados por los citados magistrados. Además, arrimaron fotografías de las lujosas casas y costosos vehículos que poseen los administradores de justicia, con un salario que no llega a G. 20 millones.

La Corte, presidida por Antonio Fretes está integrada por Luis María Benítez Riera, Víctor Núñez, Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirmser, Óscar Bajac, César Garay, Alicia Pucheta de Correa y Gladys Bareiro. Los ministros Núñez, Blanco y Bareiro son los responsables de las circunscripciones judiciales de Alto Paraná y Canindeyú.

El fiscal general, Javier Díaz Verón, también ordenó una auditoría de gestión de los fiscales denunciados. Sin embargo tampoco dispuso la investigación de oficio del presunto enriquecimiento ilegítimo de algunos fiscales.

El Colegio de Abogados también presentó fotografías de las casas de los agentes del Ministerio Público Arminda Rivas, Édgar Torales, Carolina Gadea, Liz Carolina Alfonso y Nilda Cáceres.

En el escrito presentado ante el Jurado también se describe la actuación supuestamente irregular de la fiscala Fátima Burró en diferentes procesos. Además se critica duramente la actuación de los fiscales de marcas.

La fiscalía adjunta de Alto Paraná está a cargo del abogado Alejo Vera.

Los abogados esperan que las auditorías realizadas por la Corte y ordenadas por Díaz Verón no sean maquilladas y sirvan, una vez más, para blanquear a los funcionarios denunciados.

Los abogados atacaron con calificativos muy duros a los jueces Trinidad, Gamarra, Velázquez, Genes y Nider Centurión. Estos, según afirman, cuentan con la protección de senadores y diputados, que a su vez otorgan protección política a las roscas que operan al margen de la ley en la zona de Alto Paraná y que acumulan riqueza en perjuicio del Estado paraguayo.

(Publicado por El Diário ABC - Paraguay, 2 mayo 2013)
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