Argentina: Condena la ONU la reforma judicial y lanza una grave advertencia

Desde Ginebra, la Relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, exhortó al Gobierno a que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados.

La "disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura" y "las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares" son "contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", indicó Knaul en un comunicado difundido en Ginebra.

La funcionaria de la ONU apuntó contra las modificaciones que tendrá el organismo que nombra y remueve a jueces, sobre todo a la disposición que amplía el número de miembros -de 13 a 19- y establece la elección popular en elecciones nacionales. "La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura", afirmó la Relatora especial de la ONU designada en agosto de 2009.

"El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales", dijo Knaul.

"Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial", dijo Knaul.

Sobre las medidas cautelares, que ayer fue promulgada y hoy fue publicado en la ONU, la Relatora especial aseveró: "Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes".

Amparo

En tanto, en Buenos Aires, Argentina, la Justicia rechazó el amparo que había presentado el abogado constitucionalista Andrés Gil Domíguez contra las dos leyes sancionadas por el Congreso que crean tres nuevas cámaras de casación y que limitan la posibilidad de los particulares de pedir a un juez medidas cautelares de protección frente a actos del Estado.

Gil Domínguez presentó ayer una acción colectiva e invocó la representación de "todos los habitantes de la Nación que v en amenazado su derecho a la tutela judicial", a la vez que pidió a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la promulgación de ambos proyectos y evitar que se conviertan en ley.

Sin embargo, pocas horas después, la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, entendió que la acción de amparo había sido presentada en forma prematura, porque esos proyectos todavía no fueron promulgados por la presidenta Cristina Kirchner ni publicados en el Boletín Oficial.

La demanda de Gil Domínguez, aunque fue rechazada, fue la primera de una catarata de amparos y acciones de inconstitucionalidad que están preparando en todo el país numerosos abogados, jueces y colegios profesionales, que se proponen cuestionar, por inconstitucionales, las leyes de la reforma judicial.

En medios judiciales se interpretaba como un hecho ineludible que el Gobierno, con el voto exclusivo de los legisladores kirchneristas y el acompañamiento de unos pocos aliados, está aprobando en el Congreso un muy controvertido paquete de leyes. Y también se consideraba un hecho que la validez de esa reforma terminará dirimiéndose en la Justicia

Muchos sectores profesionales atacan el paquete de seis leyes que impulsa el Gobierno, pero principalmente dirigen los cuestionamientos contra el nuevo Consejo de la Magistratura: la norma establece la elección popular de los jueces, abogados y académicos que lo integran y simplifica el proceso para iniciar el juicio político a los magistrados.

Además, los profesionales cuestionan las nuevas cámaras de casación, porque estiman que sólo servirán para dilatar los procesos judiciales, incluso los que están en trámite, y dicen que es inconstitucional restringir la facultad de las personas a pedir cautelares.

Cada una de esas impugnaciones tramitará en tribunales distintos: algunas, en Contencioso Administrativo; otras, en Electoral, pero también habrá demandas y cautelares en Civil y Comercial Federal y en Laboral.

El amparo de Gil Domínguez apuntaba, precisamente, contra la ley de cautelares y contra las cámaras de casación. Como esas normas no fueron aún promulgadas, el constitucionalista presentó un "amparo preventivo" contra el Poder Ejecutivo e impugnó diez artículos.

Según el abogado, la acción de amparo sirve para evitar un daño inminente, que aún no se produjo, y sobre esa base pidió que se evite la promulgación de la norma.

Gil Domínguez recuerda que gracias a las medidas cautelares de distinto tipo los argentinos pudieron recuperar el dinero que había quedado atrapado en el corralito o pueden pedir el cambio de sexo. También critica que el juez, antes de dictar una cautelar, deba darle intervención al Estado nacional.

Sostiene el constitucionalista que los proyectos sancionados por el Congreso afectan en forma directa derechos fundamentales, entre los que señala el derecho a trabajar, a formar sindicatos, a la educación, a la intimidad y el de propiedad, entre un largo listado.

Pero, ayer, en Tribunales señalaban que si bien es cierto que ésa es la finalidad del amparo, no puede impedirse que la Presidenta dicte un acto que es exclusivo de sus atribuciones, la promulgación de una ley.

En otras palabras, una vez sancionada y en vigor, sí se podrá demandar que se declare que la ley es inconstitucional. Pero no antes de ese momento.

(Publicado por Agencias y La Nación - Argentina, 30 abril 2013)
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