Reforma Judicial

Argentina: Confirman los magistrados que impugnarán la reforma judicial

El presidente de la Asociación de Magistrados dijo que lo harán "de inmediato"

lunes, 29 de abril de 2013


Reforma Judicial

Argentina: Confirman los magistrados que impugnarán la reforma judicial

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Luis María Cabral, confirmó ayer que presentará "de manera inmediata" las impugnaciones a la reforma judicial.

"Estamos trabajando en este tema y, por supuesto, vamos a presentar de manera inmediata las sanciones correspondientes", afirmó Cabral, luego de advertir que varios de los proyectos del kirchnerismo "alteran los derechos establecidos constitucionalmente".

De este modo, ratificó el plan de jueces y abogados de articular una estrategia común para presentar pedidos de amparos contra la reforma judicial en todo el país, tal como detalló ayer LA NACION.

"Vamos a impugnar aquellas normas que directamente están afectando un derecho en un momento preciso: el de la composición de un Consejo de la Magistratura sin equilibrio, el de determinadas formas de mayoría para determinados actos, y la elección misma de los consejeros, en la forma que esta ley dispone, que altera derechos constitucionalmente establecidos", detalló Cabral, en declaraciones a radio El Mundo.

El referente de los jueces explicó que las presentaciones se realizarán una vez que los proyectos cuestionados se conviertan en ley, lo que podría suceder en la sesión del 8 de mayo en el Senado.

Cuando se le consultó si esperaba que sus quejas logren la "suspensión" de las leyes, Cabral afirmó que "sí" porque dijo entender que "debe ser así".

"Pretender que sean otros que no sean jueces o que no sean abogados [los que elijan a sus representantes en la Magistratura] altera sustancialmente lo que la Constitución ha querido establecer como equilibrio", lamentó.

Desde la UCR también confirmaron que los partidos de oposición trabajan en una serie de impugnaciones a los proyectos del oficialismo.

El presidente de la UCR, Mario Barletta, aseguró que su fuerza política "va a realizar todas las presentaciones que sean necesarias, acá y en el exterior, porque estas leyes violan la Constitución Nacional".

En línea, el senador radical Ernesto Sanz amplió sus críticas contra la reforma y la definió como "un enorme retroceso en términos institucionales, una pérdida de derechos y de libertades para el ciudadano común".

De los seis proyectos que integran la reforma, ya son ley el que crea las cámaras de casación y la que restringe las cautelares. Las otras cuatro iniciativas aún se encuentran para su tratamiento en ambas cámaras del Congreso.

Designación de jueces

a presidenta Cristina Kirchner podrá elegir, de inmediato y sin esperar los concursos del Consejo de la Magistratura, a los jueces de las tres cámaras de casación cuya creación fue aprobada esta semana por el Congreso .

Un agregado de último momento en el proyecto de ley que crea las cámaras permitirá que tribunales enteros empiecen a funcionar sin jueces titulares, una situación sin precedente, cuya constitucionalidad ya fue puesta en duda y que, según la oposición, es una maniobra para nombrar a jueces amigos que intervengan cuanto antes en las causas que preocupan al Gobierno .

El día que se aprobó el proyecto de creación de los tres tribunales de casación en el Senado, el kirchnerista Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia, pidió agregar que estas salas se pudieran conformar con "subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento" y hasta que se completen los trámites para designar a jueces definitivos. La iniciativa ya preveía que las casaciones intervendrán incluso en juicios que "se encuentren en trámite".

La figura del subrogante fue creada para cubrir juzgados vacantes por renuncia, muerte, destitución o licencia del juez titular. "Nunca se habilitó un tribunal nuevo para que sea integrado todo por subrogantes. Es inconstitucional designar jueces sin que el Consejo acredite su idoneidad", dijo el titular de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, que es juez de un tribunal oral y cubre una vacante en la casación penal.

Explicó que en el fallo Rosza, la Corte sostuvo que el nombramiento de un juez subrogante requería la intervención de tres órganos constitucionales (Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado) y que, no obstante, el Congreso aprobó en 2008 una ley en la que decía que era suficiente que el Poder Ejecutivo propusiera su lista de candidatos y el Senado les diera acuerdo. "Es una ley inconstitucional", dijo Cabral.

El proyecto de reforma del Consejo que se dispone a sancionar el Senado mantiene el mismo régimen. Dice que el Consejo designará como subrogantes a jueces del mismo tribunal donde se produjo la vacante (hipótesis inaplicable para las nuevas casaciones) o a quienes resulten sorteados de la lista que haya hecho la Presidenta. Por ende, éste será el sistema para las casaciones.

Según el kirchnerismo, el apuro responde a que es "absolutamente necesario" tenerlas cuanto antes para optimizar el servicio de Justicia. Serán tres: una contencioso administrativa; otra del trabajo y la seguridad social; y la tercera, en lo civil y comercial. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia informaron a LA NACION que no hay movimientos para activarlas de inmediato. "No estamos trabajando para ponerlas en funcionamiento ya", dijo un funcionario. Esta semana, los abogados de Clarín, preocupados, miraban el calendario y sacaban cuentas, pero todo indica que aunque se aceleraran las designaciones, no habrá tiempo para que la casación intervenga en el caso de la ley de medios antes que la Corte.

La única traba que podría enfrentar el kirchnerismo es que, para empezar a funcionar, las casaciones requerirán la habilitación formal de la Corte. "Si algún artículo dice que la Corte tiene que habilitar la Casación y es un problema, te lo van a cambiar, no te preocupes", dijo el senador Mario Cimadevilla (UCR). "Para el kirchnerismo, ni la Constitución ni la ley son límites. Su lógica es que están por encima, por eso tienen que poner jueces que les sean complacientes -afirmó Cimadevilla-. Igual que Gils Carbó" (como se informa en la página 12). El la denunció por "designaciones ilegales" de fiscales.

La diputada kirchnerista Diana Conti dice que las acusaciones no tienen sustento. "Las casaciones son absolutamente necesarias ahora para unificar jurisprudencia, descongestionar a la Corte y que todo el que sienta arbitrariedad pueda recurrir a las casaciones y no se quede sin respuesta". Además, Conti dice que la constitucionalidad de los subrogantes ya fue ratificada por la Justicia.

Todo indica que los suplentes que se elijan para las casaciones permanecerán años porque los concursos para nombrar jueces son cada vez más largos.

Otro de los proyectos para "democratizar" la Justicia, se refiere a los tiempos de los concursos: fija un plazo máximo 90 días hábiles (prorrogables por 30 más) para que el Consejo de la Magistratura termine cada concurso. Ningún plazo prevé, en cambio, para la parte del proceso que le corresponde al Poder Ejecutivo, que no mostró ninguna celeridad. Cristina Kirchner tardó, en promedio, un año en elegir a cada juez titular, de acuerdo con un relevamiento hecho esta semana por LA NACION sobre los trámites de cada uno de los concursos que la Presidenta recibió desde su asunción.

Además, Cristina Kirchner adeuda hoy 52 designaciones. De esas, 34 esperan una definición suya desde hace más de dos años. Sólo debe elegir un candidato de cada terna que le manda el Consejo.

Tiene frenadas, por ejemplo, todas las designaciones para la puesta en funcionamiento de otra casación: la Criminal y Correccional, creada por ley en 2008 a instancias de la propia Presidenta para alivianar la casación federal. En 2010, el Consejo le remitió una lista con 17 candidatos para que ella eligiera a los diez camaristas para el tribunal. No obstante, aún no lo hizo. La nómina incluía a juristas y profesores de primer nivel, a punto tal que se lo llamó "el dream team". De esa casación el Gobierno no volvió a hablar.

(Publicado por La Nación – Argentina, 29 abril 2013)
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