Colombia quiere que Corte Interamericana use topes de Ley de Víctimas

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos le planteó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que utilice la Ley de Víctimas como base de las reparaciones ordenadas en las condenas contra el país.

La propuesta, que encenderá polémica, la hizo la semana pasada en Medellín -en una sesión especial de la Corte- el viceministro Miguel Samper Strouss, el hombre encargado de las políticas de reparación y penas alternativas. Su esencia es que con topes menores de reparación se podría cobijar a más personas afectadas por la violencia en Colombia.

El monto máximo de reparación, según la Ley de Víctimas, fue tasado en 21 millones de pesos, en casos como asesinatos y desapariciones forzadas. Esa ley también incluye garantías en materia de salud, educación y tierras. El promedio de las indemnizaciones ordenadas por el Sistema Interamericano de Justicia, que ha condenado al Estado colombiano en 13 oportunidades, ronda los 160 millones de pesos.

"El reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de los estándares y la integralidad de la reparación contenidos en la Ley de Víctimas nos permitiría abarcar con una política integral a todas las víctimas del conflicto armado", aseguró el viceministro Samper.

Por esos trece casos, la Nación ha pagado indemnizaciones por un valor cercano a los 24 millones de dólares. La familia de una de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, por ejemplo, recibió por orden de la Corte Interamericana cerca de 3.000 millones de pesos.

El planteamiento de Colombia llega en momentos en que se discute una reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, frente a la cual la posición del Gobierno ha sido oponerse a cualquier recorte de sus facultades. De hecho, en la reunión de Medellín, como también lo hizo la Cancillería en las reuniones sobre el tema desarrolladas en Washington, el Ministerio de Justicia reconoció "la utilidad y el invaluable aporte a la protección de los derechos humanos que se ha generado en el seno del Sistema".

Vienen dos sentencias

En la Corte, cuya sede es San José de Costa Rica, están a punto de fallarse dos casos: el de los desaparecidos del Palacio de Justicia y el de la Operación Génesis, que comandó el polémico general Rito Alejo del Río y que coincidió en 1997 con la sangrienta entrada de los 'paras' al Urabá chocoano.

En este momento, cerca de 250.000 personas se han inscrito para recibir reparación administrativa (esto es, pagadas por el Estado sin decisiones judiciales de por medio). El costo de la reparación podría superar los 50 billones de pesos, de acuerdo con cálculos oficiales, y esa plata saldrá del bolsillo de todos los colombianos.

Esto, porque el compromiso de indemnizar a las víctimas es el frente en el que hay mayor incumplimiento de los paramilitares y guerrilleros que han buscado un cupo en Justicia y Paz para recibir penas alternativas.

(Publicado por El Tiempo - Colombia, 28 marzo 2013)