América del Sud y EE.UU. medirán fuerzas por los cambios en los estatutos de la CIDH

El gobierno de Barack Obama saldrá "fuerte y decididamente" a defender el ejercicio de la "libertad de expresión" en la región durante la reunión que sostendrán mañana cancilleres de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La intención de la diplomacia norteamericana para ese decisivo encuentro es unir fuerzas y "trabajar con los países aliados" en el intento de evitar que se "debilite" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, particularmente, a su Relatoría para la Libertad de Expresión.

La posición fue confiada a LA NACION por voceros del Departamento de Estado. El responsable de exponerla será el "número dos" de la cartera, William Burns, mano derecha del secretario John Kerry.

El jefe de la diplomacia norteamericana se encuentra fuera de Washington, en gira por Medio Oriente con el presidente Obama.

La designación de Burns para suplantarlo se interpretó también como señal de la importancia que Washington asigna a lo que mañana se decida y marca contraste respecto de recientes asambleas de cancilleres, en que la representación fue ejercida por funcionarios de la segunda línea de mandos en el Departamento.

"Será una posición firme y demostrativa de que se ejercerá la máxima resistencia para evitar" que se debilite a una institución defensora de la libertad de expresión y de los derechos básicos de las sociedades de la región, escuchó LA NACION.

Se trata, tal vez, de la posición discursiva más encendida respecto de problemas de la región que se escuchó en el gobierno de Obama en los últimos meses. La representación de la Argentina será ejercida por el canciller Héctor Timerman, a quien se espera en esta ciudad.

Los cancilleres de la OEA se reunirán en asamblea extraordinaria para decidir cómo reformar el funcionamiento de la reconocida CIDH y, en especial, de su relatoría para la Libertad de Expresión, con el declarado propósito de dotarlas de "más fuerza y eficiencia".

Pero la sospecha es que, detrás de las palabras, la verdadera intención de países liderados por Venezuela y Ecuador es recortarle las alas. Los acompañan los gobiernos de Nicaragua y Bolivia. En el pasado reciente, sus gobiernos despotricaron contra el sistema regional de derechos humanos por "clasista" y "puesto al servicio del imperialismo".

Su objetivo apunta a manejar, sobre todo, el financiamiento de sus instituciones, así como los mecanismos por los que se elabora la llamada "lista negra" de países en los que se observan incumplimientos. Hace años que Venezuela y Cuba están allí, en un registro que -en el mejor de los casos- Caracas desacredita por "tendencioso, malintencionado e ideológico". Del otro lado, se formó un consenso para evitar la embestida. La Argentina se sumó a último momento a esa línea, en la que comparte posición con Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Chile, México, El Salvador, Perú y Colombia, entre otros. En medio, hay un grupo de países del Caribe cuya posición no está clara y que, a estas horas, recorre el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en procura de seducir su posición.

La SIP expuso a los gobiernos su temor

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, advirtió por carta a 19 presidentes y jefes de gobierno americanos sobre los riesgos que atraviesa el sistema interamericano de derechos humanos. Las misivas también fueron remitidas a los embajadores ante la OEA de todos los miembros.

El texto de Mantilla (director del diario Hoy, de Ecuador) señala que "los derechos humanos, y entre ellos la libertad de prensa, son derechos de las personas, no concesiones de los gobernantes, quienes han de respetarlos y garantizarlos".

La SIP expresó su preocupación "por el comportamiento de algunos gobernantes de la región interesados en consolidar regímenes negados a la separación de los poderes, a la alternabilidad democrática, a la libre iniciativa de las personas, a la fluidez de la opinión pública como elemento de control del funcionamiento de las instituciones del Estado y a la transparencia, a cuyo efecto promueven hegemonías comunicacionales de Estado y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico".

Denunció allí que esos gobiernos "buscan condicionar sus apoyos políticos y financieros a la OEA y sus órganos, entre éstos a la Comisión Interamericana y la Relatoría para la Libertad de Expresión, incluyéndolos en su propósito reformista". Y añadió que se busca "transformarlas en vehículos de mera promoción de derechos, subordinando sus tareas de recepción y conocimiento de denuncias de violaciones de derechos humanos de las que son responsables los propios Estados".

Mañana se pondrá a consideración la reforma cuestionada por la entidad. "La SIP estará vigilante de cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias a la Relatoría para Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellas son bastiones fundamentales para la defensa de la democracia", señaló

Sede

El Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA, encargado de redactar el documento base de las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejó en un segundo plano una de las propuestas centrales del Ecuador. Es decir, el cambio de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bajo el argumento de que resulta inconcebible que este organismo opere en Washington (EE.UU.), cuando ese país no ha suscrito la Convención Americana de DD.HH. El Gobierno ecuatoriano ha insistido en los dos últimos años, en la importancia de mudar a la CIDH a otro territorio.

En marzo del 2012, el canciller Ricardo Patiño propuso que la sede fuera Panamá. Pero luego se inclinó por Argentina. De hecho, en las discusiones de Guayaquil de la semana pasada, los Estados parte del Pacto de San José, escucharon esta propuesta, y de inmediato, Costa Rica, que actualmente acoge a la Corte Interamericana de DD.HH. se ofreció como sede.

Ante la falta de consensos, la declaración de Guayaquil señaló "la conveniencia de que la sede de la CIDH esté en un país parte de la Convención Americana de DD.HH.". No se habló de Argentina, a pesar de que, según reportes del diario La Nación de ese país, la diplomacia de Buenos Aires montó un fuerte cabildeo para ello.

Algunos analistas consideran que Argentina no sería la mejor opción, debido a que es un país políticamente agitado. Las recurrentes manifestaciones y protestas en contra y a favor del gobierno de Cristina Fernández crearían un ambiente "complicado" para trabajar, señala Juan Pablo Albán, ex funcionario del Sistema.

Además, considera que mover la CIDH al extremo sur del continente trae consigo problemas logísticos y de presupuesto. Para despejar estas preocupaciones, en la cita de Guayaquil se sugirió pedir al Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, un detalle de los costos que implicaría el cambio de sede así como el presupuesto real que la CIDH requiere para operar.

La semana pasada, en respuesta, Insulza dijo que la CIDH no tiene sede propia puesto que funciona en las dependencias de la OEA, por lo que recibe el apoyo administrativo de funcionarios de esa entidad para completar el trabajo logístico de la entidad. Además, señaló que un cambio de lugar representaría costos adicionales que deberían salir del presupuesto que los Estados aportan a la OEA.

El presupuesto de la CIDH es de unos US$ 10 millones. Casi la mitad de este monto viene de los aportes regulares de la OEA, la diferencia de Estados miembros y otras naciones y grupos observadores, donde EE.UU., claramente, es el país que más aporta.

No obstante, el Gobierno ecuatoriano, que solo en el 2011, aportó US$ 1 500 a la CIDH, insistió en Guayaquil en que los países parte del Pacto de San José se comprometieran con el financiamiento.

Finalmente, el Grupo de Trabajo del Consejo de la OEA, que ha sistematizado los temas de reforma, entre ellos los que surgieron en Guayaquil, obvió esto del cambio de sede. La discusión de mañana, en la Asamblea General de la OEA, tomará como eje el documento de ese grupo.

María Isabel Salvador, delegada de Ecuador ante la OEA, defiende la propuesta de cambio de sede como una paso más para fortalecer el Sistema Interamericano. "Así se busca que los países se comprometan con la firma de los tratados de derechos humanos".

Aunque la palabra final tendrán mañana los cancilleres del hemisferio, todo parece indicar que el trasteo de la CIDH no será lo que concite la atención geopolítica. Normalmente, las resoluciones en la OEA se adoptan por consenso; de lo contrario se la somete a votación de los países miembros.

El cabildeo regional

De momento no se vislumbra un consenso total de las naciones hemisféricas en relación al informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA. La reunión definitiva será mañana en la sede de Washington.

Hay dos temas centrales este momento que no generan una adhesión completa: el financiamiento de la Comisión Interamericana, por un lado, y elevar a "especial" a todas las relatorías del sistema regional.

(Publicado por La Nación- Argentina y El Comercio - Ecuador, 21 marzo 2013)
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