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Uruguay: La Suprema Corte declarará inconstitucional el ICIR

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar inconstitucional uno de los reclamos presentados contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) en una decisión aprobada con los votos afirmativos de cuatro de los ministros y uno en contra

jueves, 14 de fevereiro de 2013


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Uruguay: La Suprema Corte declarará inconstitucional el ICIR

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar inconstitucional uno de los reclamos presentados contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) en una decisión aprobada con los votos afirmativos de cuatro de los ministros y uno en contra, según informó el semanario Búsqueda.

La SCJ tiene a estudio 127 recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR.

Esta mañana el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino declaró a radio Oriental que aunque "todavía no hay decisión acordada (...) seguramente sí" se declare "en los próximos días" la inconstitucionalidad en uno de los reclamos contra este gravamen. Ruibal Pino añadió que los ministros tienen "opiniones primarias" pero luego comienza un debate que "puede durar semanas y "pueden cambiar".

Ante esta situación el gobierno prepara una serie de alternativas para compensar la pérdida de tributos en su recaudación general y en ese sentido el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, había adelantado el sábado que se cuenta con un plan B.

Entre las opciones que se manejan está aumentar el impuesto al patrimonio rural, el valor contribución inmobiliaria o gravar con el impuesto de primaria a las propiedades rurales a los contribuyentes del ICIR.

El ICIR fue aprobado en 2011 solo con los votos del Frente Amplio y en medio de duras críticas de los sectores rurales. El impuesto establece un gravamen de ocho dólares por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas Índice Coneat 100, de 12 dólares a las que van de 5.000 a 10.000 hectáreas y de 16 a las extensiones superiores a 10.000.

El objetivo de este tributo es recaudar unos US$ 60 millones al año para la reparación y mantenimiento de la caminería rural.

Reforma a la constitución

"Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales", dijo en su audición semanal en la FM M24 el presidente José Mujica y reclamó que "los gobiernos pueden subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etcétera, pero no pueden gravar la concentración de la tierra".

Minutos antes había dicho refieriéndose a la "difundida versión" de que la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) en uno de los casos presentados que "más allá de los puntos de vista en un estado de Derecho las decisiones de la Justicia hay que obedecerlas" y que eso está "fuera de discusión".

Si bien aseguró que respeta las decisiones judiciales, inició su audición diciendo que no puede "ocultar" que su manera "de pensar con respecto a la concentración de la gran propiedad de la tierra está en línea con lo que en su tiempo pensaba don José Batlle y Ordóñez".

"Parece moralmente defendible que quienes con mucha tierra, más de dos mil hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12, hasta 16 dólares por hectárea, por año. ¿Por qué? Porque recibieron un beneficio cuyo origen es en gran medida la marcha de la sociedad. Yo estoy hablando no de legalidad sino de moralidad. Si esto es moralmente defendible, legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar", señaló el mandatario.

Y añadió que "todavía más, si esa recaudación tiene una puntería específica de contribuir a urbanizar todas las comunicaciones en los caminos uruguayos" porque se trata de "una necesidad de carácter histórico y es por ello moralmente defendible" y "profundamente defendible desde el punto de vista ético".

Mujica volvió además sobre las críticas que había lanzado a la "especulación financiera" de las empresas Taurion y Montes xxx que había lanzado la semana pasada. Se preguntó entonces "cómo es posible que a los fondos jubilatorios de trabajadores de Estados Unidos o de Suecia o de dónde fuera" que hacen "comprar tierras importantes para que esa especulación les permita en todo caso multiplicar su capital, no le podamos colocar un humilde impuesto que nos ayude a urbanizar la vida de nuestro campo".

Y concluyó: "Esta batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar. Hay que tener claro que no vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar el programa, seguiremos luchando con toda nuestra fuerza y con los que nos puedan entender".

(Publicado por El País - Uruguay, 14 febrero 2013)
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