Uruguay: Con la causa Pluna, como vedette, este 1º Febrero comienza el año judicial

Teniendo en carpeta varios casos de interés público y de relevancia para el gobierno, el Poder Judicial retoma este 1/2 su actividad. El caso Pluna en crimen organizado y la legalidad del ICIR son dos de las causas más trascendentes.

Como ocurre todos los 1° de febrero, el Poder Judicial retomará mañana su actividad normal, luego del receso de la Feria Judicial Mayor que paralizó el trámite de los expedientes desde el 25 de diciembre.

La reanudación de la actividad judicial de este año tendrá la particularidad que desde ahora y hasta el próximo receso (la Feria Menor de julio) habrá resoluciones de gran trascendencia pública y que pueden llegar a tener directa incidencia en el gobierno.

Por lejos, la causa más polémica en curso desde el año pasado es la que está a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez sobre el frustrado remate de los siete aviones de la exPluna del pasado 1° de octubre.

Uno de los aspectos que abarca la indagatoria es el aval bancario de US$ 13,6 millones que el Banco República le otorgó a la empresa española Cosmo, que fue la única que ofertó en la subasta pero luego desistió del negocio.

Los indagados son el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia. Ambos ya declararon en la sede judicial ante la jueza de los Santos y el fiscal Gómez.

En las próximas semanas declarará Hernán Antonio Calvo Sánchez, el emisario de Cosmo que participó del remate. También se prevé un careo entre el funcionario del Banco República que tramitó el aval y el empresario Juan Carlos López Mena (quien contactó al gobierno con Cosmo) para aclarar la participación del dueño de Buquebus y BQB en la elaboración del documento.

ICIR

Por otro lado, se espera que en breve la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se pronuncie sobre la legalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), tributo creado a fines de 2011.

Hasta ahora, la posición de la SCJ sobre el ICIR está empatada, ya que los ministros Jorge Chediak y Jorge Larrieux se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad del tributo mientras que sus colegas Jorge Ruibal Pino (que este año presidirá la Corporación) y Ricardo Pérez Manrique entendieron que el impuesto es legal, según informó semanas atrás el diario El Observador.

Por ese motivo, la posición de la SCJ sobre el ICIR la fijará el ministro Julio César Chalar, quien asumió en su cargo a principios de diciembre y con su voto inclinará la balanza hacia un lado o hacia otro.

En caso de que el ICIR sea declarado inconstitucional, eso beneficiará solamente a quienes impugnaron la ley, pero de todos modos el gobierno se verá obligado a revisar y ajustar las características del tributo.

El ICIR grava la tenencia de tierras que en su conjunto excedan las 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 o más. Con la recaudación del tributo, el gobierno anunció que realizará obras de caminería rural.

Armada

En las próximas semanas también habrá novedades en torno a las investigaciones por corrupción en compras de la Armada, caso que se inició a mediados de 2011.

En mayo del año pasado, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pidió los procesamientos con prisión de seis oficiales y 13 empresarios acusados de participar en maniobras de compras ficticias en la fuerza de mar.

Uno de los imputados por la fiscal y para quien se pidió su procesamiento con prisión es el almirante (r) Hugo Viglietti, quien ejerció en forma interina como comandante de la Armada en 2011.

Las investigaciones sobre maniobras en la Armada siguen su curso, y es altamente probable que en el futuro haya nuevos pedidos de procesamiento de parte de la Fiscalía.

Los primeros procesamientos por las maniobras en la Armada tuvieron lugar en agosto de 2011. En ese momento, fue enviado a prisión el excomandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio.

UTE

Otro caso que puede tener novedades en el corto plazo es la investigación sobre presuntas irregularidades en licitaciones de UTE. La indagatoria se inició en abril de 2012 tras una denuncia que presentó el titular del ente energético, Gonzalo Casaravilla.

Las licitaciones bajo sospecha son una decena y están siendo analizadas por oficiales del Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, que trabajan en el caso bajo la supervisión de la jueza Adriana de los Santos y la fiscal Mónica Ferrero.

Una las contrataciones de UTE que está siendo investigada involucra al exvicepresidente del ente, Pedro de Aurrecoechea. UTE contrató a la empresa Ciemsa S.A. para realizar obras en la Central Batlle y Ordóñez. En esa firma de Aurrecoecha tiene una participación accionara del 4%. El año pasado UTE suspendió la licitación.

Ruibal presidirá la Suprema Corte

A sus 67 años, el ministro Jorge Ruibal Pino asumirá mañana su segundo período como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cargo que ya ocupó durante 2008.

El magistrado, que asumió como ministro de la Corporación en marzo de 2007, fue designado a fines de 2012 presidente interino de la SCJ, tras el retiro de Daniel Gutiérrez Proto.

Si bien el presidente del máximo órgano del Poder Judicial no tiene más competencias que los otros cuatro ministros, el cargo rota año a año entre los miembros de la sala y tiene connotaciones protocolares y de representación institucional del Poder Judicial.

Ruibal Pino asumirá formalmente como presidente de la SCJ para 2013 mañana en el tradicional acto de Apertura de Tribunales que se realiza todos los 1° de febrero en el Palacio Piria, sede de la Corporación.

El magistrado se recibió de abogado en octubre de 1975. Entre 1977 y 1979 ejerció como fiscal en Rivera y Carmelo. Renunció al Ministerio Público y en agosto de 1979 ingresó al Poder Judicial como juez de la ciudad de Colonia.

En 1980 fue trasladado a Maldonado y en 1981 fue nombrado juez penal en Montevideo. En 1989 pasó a ejercer como juez civil.

En 1991 ascendió al cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno y en 1998 pasó a integrar el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, cargo en el que se desempañaba cuando la Asamblea General lo nombró en la SCJ.

Experto en la materia penal, es el ministro más antiguo de la SCJ.

(Publicado por El País - Uruguay, 31 enero 2013)
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