Justicia
Ecuador: Reforma no cubre juzgados civiles y penales
El ascensor "es de uso exclusivo" de los jueces. Los usuarios del edificio Pan Francés (calle Ramírez Dávalos y 10 de Agosto, norte de Quito) deben usar las gradas.
Desde el pasado 8 de octubre, allí funcionan provisionalmente 10 juzgados civiles de Pichincha.
Pero no son los únicos servicios que operan en lugares adaptados.
Algo similar ocurre con otras nueve oficinas civiles (El Telégrafo y De los Shyris) y 10 penales (10 de Agosto y Pereira).
Esto sucede pese a que en 12 días finalizará el trabajo del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que está a cargo de la reforma judicial en el país.
Desde octubre pasado, el Consejo Transitorio anunciaba que en diciembre estos juzgados se pasarían a El Pedregal, el complejo judicial más grande Quito. Pero el viernes de la semana pasada, este Diario conoció que los trabajos en ese lugar continuarán paralizadas.
De hecho, las tareas en El Pedregal se suspendieron el 21 de noviembre y ocurrió por pedido de Juan Carlos Paredes, comisario de la oficina Laderas del Pichincha.
Esas medidas se adoptaron ante supuestas infracciones administrativas que la Judicatura habría cometido. El viernes, se informó que hasta el momento el Consejo de la Judicatura no remitía la información solicitada: estudio de movilidad, planos, informe de Bomberos, estudios de suelo.
Ahora, los 35 931 metros cuadrados de construcción, que pertenecían a David Murcia Guzmán, extranjero que fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos, están abandonados. En el sitio hay muros levantados a medias, escombros y césped crecido.
En el edificio Pan Francés hay quejas de los usuarios. Abigaíl Merchán subió 80 gradas hasta el cuarto piso, en donde debió sacar copias de su juicio de divorcio. Caminó otras 20 gradas para llegar al Juzgado XXV de lo Civil. Solo en ese piso funcionan cinco oficinas y en cada una operan dos juzgados.
Detrás de cada escritorio hay filas de hasta 10 personas que buscan hacer trámites. No hay sillas y la gente espera sentada en las gradas, que también son ocupadas por obreros que pintan paredes.
Tampoco hay baños para los usuarios, solo para los judiciales.
En El Telégrafo y av. De los Shirys ocurre algo similar. Hay aglomeración. Solo en la planta baja hay cuatro módulos y un balcón de información. La fila de gente se entrecruza y no avanza.
En cada usuario, el trámite se demora entre 20 y 30 minutos. Es mediodía. Hace calor. Los grandes ventanales permiten que el sol entre con fuerza y no hay ventilación.
El viernes, Antonio Calle llegó a las 12:45 para validar la compra de un auto que adquirió en un remate. Cuando vio las largas filas prefirió no quedarse y se fue.
Los edificios por construir El plan que el CJT trazó para los 18 meses de la reforma fue edificar 84 obras en el país y dejar listos los diseños y estudios de otras 103 oficinas judiciales. Sin embargo, al 10 de diciembre el organismo de transición edificó 47 unidades judiciales y remodeló otras 17.
En Quito, la semana pasada, la Judicatura inauguró el edificio de la Niñez (Veintimilla y Juan León Mera). Esto ocurrió, pese a que esas instalaciones ya funcionaban desde octubre pasado.
El presidente de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, justificó esa ceremonia y aseguró que las oficinas estaban en un proceso de implementación.
Ayer, la Fiscalía también anunciaba la presencia del candidato-presidente Rafael Correa en la Unidad de Flagrancia, de Quito.
Pero esas oficinas también comenzaron a atender en octubre.
En junio pasado, la Judicatura anunció que en Quitumbe (sur de la capital) se construirá otro complejo judicial y que este costará USD 11,5 millones. No obstante, hasta el momento, no se ha dicho nada sobre esta infraestructura.
En ese mes se advirtió además que en Pichincha se habían invertido USD 42,9 millones en infraestructura civil. El informe de la Veeduría Internacional señaló que entre el 26 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012 se suscribieron 247 contratos en el país y que eso equivale a USD 247,5 millones.
Pese a ello, en provincias como Guayas, Santo Domingo y Tungurahua también hay retrasos en las obras. En la primera, las autoridades anunciaron dos ‘megaproyectos’ que debían estar listos en diciembre, pero permanecen en construcción hasta ahora.
La construcción parada
Para iniciar las tareas en El Pedregal, el complejo judicial más grande de Quito, el 16 de noviembre del 2011, los representantes de la CJT declararon el predio en utilidad pública. Un informe realizado por dos arquitectos avaló la vialidad del área.
El 22 de diciembre del 2011, la entonces jueza XXIV de lo Civil, Mónica Pazmiño, ordenó la ocupación inmediata del terreno y se iniciaron las obras.
El 21 de diciembre del 2011, el Consejo de la Judicatura transfirió USD 4 millones a la cuenta del juzgado en donde se tramita la expropiación. El monto se refiere al abono "del monto real".
El 21 de noviembre del 2012, el comisario de la oficina Laderas del Pichincha suspendió los trabajos de construcción.
(Publicado por El Comercio - Ecuador, 15 enero 2013)
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