Ecuador: Críticas tras conformación de la Judicatura
La votación para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) no fue unánime. La cercanía de los postulantes con el oficialismo provocó malestar y lo denunciaron Andrea Rivera y David Rosero. Ambos son integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), encargado de la designación de la Judicatura.
Sin embargo, en apenas 24 minutos, cinco funcionarios del Cpccs designaron como nuevos vocales del CJ precisamente a personajes identificados con este gobierno (ver fichas).
Es más, Gustavo Jalkh, quien hasta noviembre pasado era secretario particular del Presidente Rafael Correa, se perfila como presidente de la Judicatura. Esto lo avala la Constitución (art. 179), pues allí se dice que el titular del nuevo organismo saldrá de la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El poder sobre los juristas
¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Es la máxima institución que por seis años manejará la administración de Justicia en el país.
En el vigente Código Orgánico de la Función Judicial (art. 264) se establecen todos sus poderes: designar y evaluar a jueces y conjueces nacionales y a los que trabajan en las provincias. Igual potestad tiene en la Fiscalía, y ahora en el CJ está en curso el nombramiento de 532 notarios para todo el país.
El Consejo de la Judicatura también puede imponer sanción disciplinaria o destituir a judiciales.
De hecho, cifras oficiales señalan que del 26 de julio de 2011 al 1 de diciembre pasado, 431 funcionarios fueron destituidos, 318 suspendidos y 190 fueron sancionados económicamente.
En el grupo de los judiciales separados de sus cargos están los tres del Tribunal V de lo Penal de Pichincha: Hugo Sierra, Luis Fernández y Jaqueline Pachacama.
En junio del año pasado, ellos fallaron a favor del coronel César Carrión, quien era investigado por los hechos del 30 de septiembre.
Además, el CJ puede fijar la remuneración de servidores judiciales, fiscales y defensores públicos.
En total, se establecen en el Código Orgánico 28 atribuciones, y con ello, los vocales del Consejo de la Judicatura tienen poder por lo menos sobre 67 000 juristas, entre jueces, fiscales, notarios y defensores públicos. De ese grupo, la mayoría corresponde a abogados, pues en el Código se determina que el CJ tiene la potestad de habilitarlos en el ejercicio profesional.
Lo que no pueden hacer es interferir en fallos judiciales, pues pueden ser sometidos a juicio político. Sin embargo, en abril del 2010, la CNJ se enfrentó con el anterior CJ, porque este último destituyó a los magistrados Luis Abarca y Máximo Ortega. Los dos habían dejado sin efecto la sentencia de 25 años de cárcel que enfrentaba Jorge Reyes Torres por narcotráfico.
Los cuestionamientos
El referéndum del 7 de mayo dio nuevas potestades al Cpccs. Por ejemplo, para el nombramiento del nuevo CJ dejó sin efecto el concurso de méritos y oposición. Por ello, lo que hubo fue una selección, aunque nadie explicó los parámetros que ayer se tomaron en cuenta para elegir a los nuevos vocales.
En la sesión, lo único que hicieron ayer los consejeros del Cpccs fue mencionar el nombre del aspirante por el que votaban.
Mónica Banegas, integrante del Consejo de Participación, por ejemplo, mencionó la formación académica de Tania Arias, como aval para apoyarla, y mencionó que el ser vocal del actual órgano Transitorio "da la experiencia necesaria para continuar el trabajo".
Hugo Arias, en cambio, dijo que Jalkh "es el mejor de los postulantes". Banegas también se refirió a la carrera académica del ex Secretario Particular de Correa.
David Rosero, en cambio, señaló que "el cambio de la justicia implica no un cambio de dueño de un antiguo cacique a uno nuevo", y que "las libertades y derechos humanos están amenazados en función de las personas que piensan distinto y los valientes que no tienen temor". Por eso votó en contra de la terna en el que se encontraba Paulo Rodríguez.
Algo similar hizo la consejera Andrea Rivera. Al finalizar la reunión, cuestionó que dos de los funcionaros seleccionados no cumplían con los requerimientos de tener título de tercer nivel en leyes o materias afines.
El artículo 6 del Reglamento para la designación de la Judicatura señala que uno de los requisitos para ser nombrado es tener título de tercer nivel en Derecho.
Luego se habla de "ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo", pero no se proporcionan más detalles.
¿Qué son carreras afines? Durante un debate anterior, los consejeros Luis Pachala, Mónica Banegas, Hugo Arias y el presidente, Fernando Cedeño, argumentaron que esas ramas son aquellas que complementan el área administrativa de la Justicia.
El último informe del CJ
El actual Consejo de la Judicatura de Transición emitirá su último informe el 24 de enero, y los nuevos funcionarios se posesionan dos días después. En el caso de Rodríguez y Arias, seguirán en sus funciones. Ellos y Fernando Yávar estuvieron al frente de la reestructuración judicial por 18 meses.
Una de sus tareas fue nombrar a la nueva CNJ, proceso que fue cuestionado por la Veeduría Internacional (VI) encabezada por el ex juez español Baltasar Garzón.
Hace seis días, el organismo Transitorio presentó en el Consejo de Participación 44 carpetas, en las que se dijo está el detalle de cómo la Judicatura ha cumplido al 100% las 44 sugerencias que hizo la VI en su informe final. Hasta el momento, el documento aún reposa en el Cpccs.
Los cinco vocales del nuevo Consejo de la Judicatura tuvieron relación con el oficialismo
Gustavo Jalkh
Hasta noviembre del 2012 fue secretario particular de la Presidencia de la República. Además, fue Min. de Justicia y de Gobierno.
Néstor Arbito
Hasta el 2010 fue Ministro de Justicia. Fue asesor en el Min. de Electricidad y en la Secretaría Nacional de Transparencia.
Paulo Rodríguez
Es actual presidente de la Judicatura de Transición. Llegó al cargo como delegado del Presidente de la República, Rafael Correa.
Tania Arias
En el momento es vocal de la Judicatura de Transición. Llegó a este organismo con el apoyo del bloque oficialista de la Asamblea.
Ana Peralta
En el 2009 fue Viceministra de Justicia. En el 2010 fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia.
La polémica por un vocal
El nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito Chica, es parte del consorcio de abogados que Carmigniani y Asociados.
Es decir, pertenece a la misma oficina en donde trabaja Juan Carlos Carmigniani Valencia, el abogado defensor de Pedro Delgado.
Este último es acusado de haber falsificado su título de pregrado para acceder a una maestría.
En el momento, Delgado se encuentra prófugo en Miami.
En la página oficial del bufete aparece la imagen de Arbito y allí su hoja de vida. Se dice que nació en Guayaquil en 1970, se graduó de abogado en la Universidad Católica en 1998, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (2008-2010). Además, fue encargado de la dirección ejecutiva de Pro-Justicia, el organismo al que también pertenecía Gustavo Jalkh.
En esa hoja de vida, incluso se dice que fue secreario del grupo redactor del anteproyecto del nuevo Código de Procedimiento Civil.
En el caso de Delgado, Carmigniani dijo: "le he aconsejado que de momento no vaya a Ecuador, al menos hasta que pasen las elecciones presidenciales".
Puntos de vista
Francisco Zambrano / Secretario Ejecutivo del Comité de DD.HH.
'No estamos de acuerdo con el mecanismo para la selección'
Nos preocupa la forma en que se eligió a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura permanente, porque de esa misma forma se escogió a los integrantes de la actual Corte Nacional. No estamos de acuerdo con el mecanismo que se utilizó para seleccionar a los integrantes de este nuevo Consejo. La opinión pública lo dice con razón, de que hay vínculos entre el poder Ejecutivo y los vocales. Se ha reelegido a dos ciudadanos, Tania Arias y Paulo Rodríguez, que formaban parte del anterior CJ.
'La injerencia en la función judicial no tiene justificación'
Lo que esperamos es una transformación en la Justicia, no solo con la construcción de edificios, dotación, de equipos o más personal en los juzgados, sino un cambio profundo en la estructura procesal. No podemos tener una Constitución del siglo XXI con una legislación procesal de XIX. De antemano ya sabemos que Gustavo Jalkh, ex funcionario de Gobierno, presidirá el nuevo CJ. Es evidente que el Ejecutivo ha captado todas las funciones del Estado. Esperemos que esa captación sirva para algo.