Reforma Judicial
España: Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a la reforma de Gallardón
"Lo damos por muerto como interlocutor, no nos vale para hablar". Después de varios meses de tensión creciente, el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, enterró definitivamente el pasado 28 de noviembre al ministro de Justicia. Él lo dijo con palabras más duras, pero eso mismo, ese día, lo pusieron por escrito todas las asociaciones de jueces y fiscales, reunidas en una "comisión interasociativa de conflicto": "Al no considerar como interlocutor válido al ministro D. Alberto Ruiz-Gallardón, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy".
La Moncloa no ha respondido. Es más que improbable que Rajoy desautorice a Gallardón y lo aparte como interlocutor. Pero el sector judicial está ya incendiado. Mañana martes, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales —es decir, prácticamente todos los cuerpos profesionales que entran en juego en la Administración de justicia—, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, participarán en un acto público conjunto, y para el día siguiente, 12 de diciembre, han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España. Amenazan con huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.
¿Qué reclamaciones son esas? ¿Se han convertido las asociaciones de jueces, fiscales y abogados en activistas defensores de la ciudadanía frente a leyes impopulares como la de las tasas o frente al drama de los desahucios, o en el fondo de su pelea se agazapa un interés corporativo y el intento de hacerse más fuertes de cara a la negociación para preservar sus condiciones laborales, como ha sugerido Gallardón? "Con respeto a los colectivos afectados, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el interés de todos los españoles", dijo el ministro en plena tormenta por las tasas, dejando claro que no pensaba rectificar aunque la crítica fuera unánime. Y añadió señalando, sin citar, a todos esos cuerpos profesionales: "Quieren mantener el antiguo régimen".
Todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales con las que ha hablado este periódico admiten que, en el origen, el conflicto era puramente laboral: el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia” —aprobado por el Gobierno en octubre y actualmente en tramitación en el Senado— había hecho saltar las alertas desde antes del verano. Una ley que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública —incluida una reducción de días libres— y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.
"Es cierto que esto empezó en verano como una protesta por la reforma de nuestras condiciones laborales. Por eso creamos la Comisión Interasociativa. Nuestro único objetivo entonces era evitar los cambios previstos en esa ley, que aún estamos intentando negociar", explica María Teresa Sáez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los 5.200 jueces que hay en España (el 18%, interinos). "Luego, sobre la marcha, surgió el tema de las tasas, se agravó el de los desahucios... Y dijimos: no podemos hablar solo de lo nuestro. Ampliamos nuestras reivindicaciones", afirma.
Las asociaciones han convocado un paro esta semana y estudian la huelga
Antonio Romá, de la Asociación de Fiscales (con cerca de 450 afiliados de los 2.400 fiscales españoles), coincide: "Claro que la base de esta protesta es corporativa, laboral, lo cual es muy legítimo, por cierto. Lo que pasa es que luego los periodistas nos preguntan por las tasas, los desahucios, el Registro Civil, los indultos... y respondemos. Quizá esa ley de tasas debería ser distinta, quizá otras deberían serlo... pero nuestra protesta principal es porque el ministerio quiere cambiar el régimen estatutario del sector. Nos hacen pasar por privilegiados, pero nosotros nos sentimos maltratados", dice. Y pone ejemplos de por qué: "Tenemos todos los inconvenientes del funcionario y los del autónomo: nos jubilamos a los 70 años, con un régimen de incompatibilidades muy severo, no tenemos horario... Yo, si debo resolver un informe de un caso, no sé lo que es un fin de semana libre".
"Lo de obligarnos a hacernos cargo de las sustituciones, es decir, de nuestro juzgado y del de al lado cuando haya una baja, es inasumible", abunda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ataca frontalmente al ministro: "Gallardón no está jugando limpio. Intenta desprestigiarnos. En las primeras negociaciones nos decía que tenía que recortar presupuesto por el tema del déficit, que si el Banco Central Europeo, que si Montoro.
Pero es que el ministerio va a cambiar por completo las condiciones de trabajo. Y hay una conexión directa entre nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio al ciudadano", subraya.
La ley que obliga a los titulares a hacer sustituciones prendió la mecha
Cuando aprobó el nuevo régimen de sustituciones —que además de dar más trabajo a los jueces de carrera dejará sin empleo a un millar de jueces interinos—, el ministerio señaló que eso iría en beneficio de la “profesionalización” de la justicia, una antigua reivindicación de las asociaciones. “Es verdad, pedíamos que se redujera la presencia de los interinos, pero no a costa de traspasarnos el trabajo a nosotros sino creando nuevas plazas por oposición”, replica Sáez, de la APM. Las oposiciones, sin embargo, están prácticamente congeladas, por la crisis, en toda la función pública.
En medio de esa disputa laboral en el sector, el Gobierno aprobó la impopular Ley de Tasas Judiciales. Y los jueces y fiscales la incorporaron a su protesta.
No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para "disuadir de pleitear" (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las "cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”. Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.
Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos. Carnicer responde con irritación a la pregunta de si los abogados (125.000 ejercientes en España, muy por encima de la media europea) están en esta pelea solo porque temen que las tasas les quiten clientes al reducir el número de pleitos. “No habría nada ilegítimo en pensar en el trabajo de cada uno. Pero le recuerdo al señor Gallardón que quienes más rechazan las tasas son los ciudadanos en las encuestas”, desliza. Insiste en que el copago recorta derechos —“Ya no va a haber nadie que recurra una multa de tráfico”, pone como ejemplo— y advierte de una consecuencia que podría ir más allá de lo económico: “Quien no logre acopiar al principio del proceso el dinero de todas las tasas [la inicial y la de recursos posteriores] se arriesga a que le venzan los plazos para recurrir y decaiga el procedimiento”.
“La imagen pública” de los profesionales de la justicia “ha mejorado mucho en estas semanas”, se felicita el portavoz de la Asociación de Fiscales. Si eso aumentará su fuerza en el pulso frente al ministerio, se verá en las movilizaciones de los próximos días.
Leyes ya presentadas
- Menos días libres y más trabajo para los jueces. La Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de justicia —aprobada en octubre por el Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario— reduce de 18 a 12 los días de permiso por asuntos propios al año (además, nueve de esos 12 días deben ser utilizados para estudiar expedientes de especial complejidad, aunque se abre la puerta a justificarlos por “otras circunstancias” sin especificar). Por otra parte, serán los jueces de carrera y no los interinos quienes asuman principalmente las sustituciones, cobrando un plus del 80% del complemento de destino.
- Ley de tasas. Está en vigor desde el 22 de noviembre, aunque aún no se aplica por un error administrativo. Con el objetivo de “reducir el exceso de litigiosidad”, el Gobierno aumentó las tasas judiciales por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendió a todos los ciudadanos. Presentar un recurso de apelación pasa de 300 euros a 800; uno de casación ante el Supremo, de 600 euros a 1.200.
- Código Penal más duro. Aprobado por el Gobierno en octubre, aún debe pasar por el Parlamento. Entre otras cosas, crea la prisión permanente revisable, establece penas accesorias de prisión a los reos más peligrosos tras haber cumplido condena y castiga la difusión de vídeos íntimos ajenos.
Poder Judicial tilda de inconstitucional la reforma penal
El pasado 22 de octubre llegó al Consejo General del Poder Judicial el texto del anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. El análisis del texto fue encomendado a la vocal Margarita Robles Fernández, quien, tras hacerlo, se muestra muy crítica con algunas de las medidas proyectadas por el Gobierno. El dictamen de Robles será examinado mañana por la Comisión de Estudios del CGPJ y será elevado posteriormente al pleno del Poder Judicial. De ser aprobado por este órgano, supondrá un duro varapalo a la reforma penal impulsada por Gallardón.
El análisis de la magistrada Robles es especialmente crítico con las medidas estrellas del proyecto: la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad . Además, censura que el Gobierno sostenga que la finalidad de la reforma del Código Penal es acabar con la desconfianza social que hoy genera la Administración de Justicia por la “imprevisibilidad de sus resoluciones” “Este aserto no solo no se comparte, sino que se refuta categóricamente”, recalca Margarita Robles.
La prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua encubierta) constituye una novedad de calado, pues ninguno de los códigos penales españoles elaborados durante el siglo XX incluye la prisión a perpetuidad en el catálogo de penas. El informe pone de relieve las dificultades de adecuación de dicha pena con la finalidad de reinserción a la que deben estar orientadas las penas privativas de libertad, según establece el artículo 25.2 de la Constitución. La autora del dictamen pone así en duda la constitucionalidad de esta figura.
En el mismo orden de cosas, la ponencia elaborada por la vocal Robles desaconseja que haya una regulación de la prisión permanente diferenciada y “más severa” para los delitos vinculados con el terrorismo, y solicita que se establezca un régimen jurídico uniforme para todos los delitos.
El Gobierno endurece el Código Penal
La reforma del ministro Gallardón introduce un nueva medida de seguridad para sujetos imputables: la custodia de seguridad. Esta medida tiene su origen en el Derecho alemán, si bien tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el propio Tribunal Constitucional alemán han declarado su inconstitucionalidad. El Tribunal Europeo destaca, además que, más allá de las apariencias, la custodia de seguridad, al ser una medida que solo está prevista respecto de personas que han sido condenadas repetidamente por delitos de cierta gravedad, que su régimen de cumplimiento es exactamente igual al de la prisión (y de hecho se prevé su cumplimiento en prisión) y que su supuesta finalidad solo preventivo-especial no se compadece con un régimen jurídico que entraña la posible privación de libertad de por vida.
"La custodia de seguridad se cumplirá después de la pena de prisión. Y aunque la ley fija una duración máxima de diez años, tras la custodia de seguridad se impondrá de modo obligatorio la medida de seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada a través del sistema de prórrogas que se establecen en la nueva regulación. De esta manera, se viene a configurar un sistema de medidas de seguridad ilimitadas en el tiempo para sujetos imputables", recalca el informe.
Robles destaca que "en cuanto a la libertad vigilada, se amplían extraordinariamente los supuestos en los que podrá ser impuesta; ampliándose asimismo su contenido y como ya hemos dicho, su duración, que aunque en apariencia se fija entre tres y cinco años, puede convertirse en ilimitada a través de su prórroga". Al imponerse la custodia de seguridad después de que el reo haya cumplido su pena de prisión, la vocal del Poder Judicial entiende que eso puede entrar en colisión con el régimen de libertad condicional, lo que "supondrá un retroceso en el régimen de cumplimiento". Y censura con dureza que el anteproyecto del Gobierno no detalle las reformas legislativas de tipo penitenciario a que ineludiblemente dará lugar esta nueva figura, aunque el Ejecutivo "es consciente" de que obligará a una reforma de este tipo.
Margarita Robles discrepa de otros apartados de la reforma planeada por el Gobierno, entre los que destacan el tratamiento que en el Código Penal se daría a las mujeres maltratadas y a los causantes de esos maltratos, al entender que puede retraer a las víctimas a la hora de presentar denuncias contra sus agresores.
Paros parciales y concentraciones
Los profesionales de la Justicia respondieron ayer a Alberto Ruiz-Gallardón —que la víspera les había acusado de defender solo sus intereses— con paros parciales y concentraciones frente a las sedes judiciales de todo el país. Las palabras del ministro de Justicia caldearon los ánimos de jueces, fiscales, procuradores, secretarios y abogados que interrumpieron su trabajo durante una hora (de 12 del mediodía a una) de forma "masiva", según Jueces para la Democracia —aunque ni los convocantes ni el ministerio ni el Consejo del Poder Judicial dieron datos de seguimiento— y reclamaron en la calle al ministro que rectifique sus reformas. En las protestas se escucharon peticiones de dimisión de Gallardón; dos asociaciones de jueces reclamaron de forma abierta su cese.
El sector replicó al ministro, que el martes había tildado su protesta de corporativista, que su movilización se debe al "deterioro de la justicia" que provocan sus modificaciones legislativas, y que la unidad de todos los colectivos lo demuestra: "Hay que tener más altura de miras. El argumento es endeble y falta a la profesión", le contestó el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, “porque tantas organizaciones no se han agrupado solo para defender la paga extra de los jueces”. "Todos los sectores de la Justicia no pueden estar equivocados. El ministro no es capaz de crear espacios de diálogo", añadió el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. El día anterior, 18 colectivos habían rechazado a Gallardón como interlocutor: ayer insistieron en pedir una negociación "de poder a poder", directamente con el presidente del Gobierno.
Centenares de juristas se concentraron ante las sedes judiciales de las principales ciudades,provistos de pancartas contra los recortes y las nuevas tasas. En la manifestación en Madrid, los profesionales corearon lemas como "No hay derechos sin justicia" o "No a las tasas, justicia para todos", y recogieron firmas contra el encarecimiento del acceso a los tribunales. Sobre los elegantes atuendos, de corbatas y maletines, fiscales o abogados lucían chapas o pegatinas contra la ley de Tasas.
Varios jueces decanos reprobaron con dureza al ministro. De “enemigo público número uno de la Administración de Justicia” lo calificó el decano de Cáceres, Joaquín González Casso. El de Badajoz, Emilio García Cancho, afirmó que Gallardón había tenido una “rabieta de niño chico” cuando se dio cuenta “de que todo el mundo se le ha echado encima”.
Al tenso ambiente se añadió una extraña confusión en una reunión que iban a mantener hoy las principales asociaciones con los parlamentarios del PP en el Senado, y que según las organizaciones el PP desconvocó a última hora. Los populares negaron haber fijado una fecha para el encuentro, pero la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, sostiene que cerró personalmente la cita por teléfono con el senador del PP Joaquín Ramírez. “Tanto es así que he perdido el dinero del billete de tren que había comprado para viajar a Madrid”, explicó Sáez —que es magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga—a EL PAÍS.
La comisión permanente del CGPJ, con cinco miembros, rechazó la propuesta de una de sus vocales, Margarita Robles, de reprobar las declaraciones del ministro sobre el supuesto corporativismo de jueces y fiscales. A la oposición de todos los colectivos de profesionales a la reforma de la justicia se unió también el expresidente del Gobierno José María Aznar, que reconoció no estar de acuerdo con su "orientación".
Gallardón insistió, sin embargo, en el mensaje que había soliviantado a los colectivos. En una entrevista en la cadena Cope, reiteró que los jueces están "disgustados' por perder la paga extra y días libres, aunque asumió que no le "aplaudan" ante "medidas dolorosas": "Gobernar, a veces, es repartir dolor", concluyó. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, salió en su defensa en Twitter: "Con este nuevo sistema de tasas, las personas con mayor poder adquisitivo facilitarán la justicia gratuita a los que poseen menos recursos". Pero las tasas se aplicarán sin tener en cuenta los ingresos.
Tasas a todos los ciudadanos y cambios y aumento en la carga de trabajo de los jueces y fiscales son fundamentalmente las reformas impulsadas por el ministro que han levantado en armas al sector. En la protesta de Madrid, Mercedes Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 24, resumía los efectos de esos cambios en su trabajo diario: "No convocan oposiciones y ahora nos quitan sustitutos [en el proyecto se elimina prácticamente la figura del juez interino sustituto]. En mi juzgado tengo unos 500 asuntos pendientes. Si tengo que sustituir a un compañero de otro juzgado, lo que ahora tarda dos meses en tramitarse tardará cuatro".
(Publicado por El País – España, 13 diciembre 2012)
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