Honduras: Recurso de amparo a favor de magistrados destituidos

La Barra de Abogados Anticorrupción presentó este miércoles un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional de Honduras.

El recurso fue presentado porque el Congreso Nacional no está facultado por la Constitución de Honduras para destituir a los magistrados del Poder Judicial, argumentó el abogado Rafael Padilla.

Este miércoles en la madrugada, el Legislativo aprobó por mayoría de votos la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.

Para el profesional del derecho, la decisión adoptada por el Congreso Nacional es nula e inconstitucional.

"El recurso de amparo se fundamenta en que el Congreso no tiene facultades para hacer separación de magistrados, la resolución del Legislativo violenta la Constitución de la República", aseguró.

El abogado dijo que ellos están tomando acciones que deberían haber comenzado por el Ministerio Público, ya que es el ente acusador, "¿dónde está Luis Rubí, dónde está Danelia Ferrera y dónde está el fiscal de los Derechos Humanos (German Enamorado)?", se preguntó.

"Venimos con modestísimos recursos a hacer lo que debería hacer el Ministerio Público y pedimos que se respete la Constitución para que podamos transitar por un camino de paz", enfatizó.

Con la destituición de los magistrados, el Congreso Nacional habría incurrido en responsabilidad penal, civil y administrativa, aseguró el abogado Padilla.

El pasado lunes, el Congreso Nacional aprobó una moción de investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional el decreto de depuración de la Policía Nacional.

En la víspera de la destitución, el fiscal adjunto Roy Urtecho declaró que los diputados que aprobaron la moción se exponían a ser acusados por varios delitos penales.

En su primera reacción sobre el tema, el fiscal general Luis Alberto Rubí dijo que el Ministerio Público analizará los pasos a seguir después de conocer el decreto de la destitución de los magistrados.

Bajo sospechosa?

Como indignante calificaron los miembros de la Unión Cívica Democrática la participación de Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

"Lo más duro de esto (destitución de los magistrados), es saber que un presidente de la Corte Suprema de Justicia, como dice Juan Orlando Hernández, que se ligó con él, estuvo en las conversaciones y de antemano sabía lo que iba a pasar, él ha vendido a sus compañeros y magistrados de la Sala Constitucional para poder lograr algún objetivo", reclamó Selma Estrada.

La abogada de profesión y miembro de la UCD dijo que la actitud del presidente del Poder Judicial es "indignante".

"Será que fue para protegerse de que no lo fueran a quitar a él, si eso es así es indignante para nosotros porque teníamos un alto concepto de él", lamentó.

En el comunicado la UCD se declaró "completamente en contra, porque no hay excusa alguna ni instrumento jurídico alguno que faculte al Congreso Nacional a sustituir en las funciones del Poder Judicial", explico Ruth Laffose.

Señaló que los diputados se han convertido "en un juzgado y en una institución de investigación utilizando como instrumento de perversidad".

El boletín indica que para conseguir su objetivo los diputados se valieron de "la necesidad que el pueblo tiene sobre su seguridad, utilizando el interés nacional de que todos los hondureños que queremos la depuración de la Policía".

"Utilizando este instrumento han podido lograr otro del que nadie se opone, pero que en realidad bajo bambalinas quieren utilizar", dio Laffose.

Para la UCD la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional coloca al país en una “crisis política”, similar a la de 2009.

"Solo la igualdad, hará posible que los diputados sin distingo alguno surquen su función legislativa sin menoscabo de la representación de los intereses nacionales, evitando así que unos sean dictadores y otros violentados y sometidos en sus derechos", enfatiza el comunicado.

Los ex magistrados

Los cuatro magistrados de la CSJ - Corte Suprema de Justicia que fueron separados de sus puestos manifestaron este miércoles que el CN - Congreso Nacional no tiene potestad para su destitución.

En una conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado conjunto, José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz lamentaron el proceso que en las últimas horas concluyó con su separación de la Sala Constitucional .

Los ex magistrados calificaron el proceso como ílegitimo, ilegal e injusto, porque evidentemente obedece a razones políticas, no jurídicas, aduciendo que los fallos emitidos en su gestión se realizaron de "manera razona e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión".

Además defendieron su labor en la Sala de lo Constitucional argumentando que el trabajo jurisdiccional se realizó de acuerdo a los preceptos legales, la Constitución, los convenios y tratados, así como la Ley Sobre Justicia Constitucional.

Para los destituidos, el proceso no tiene fundamento legal, porque esta sustentado en el numeral 20 de artículo 205, es decir la conducta administrativa, pero argumentan que en enero del 2011 el mismo CN le dio esa potestad al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Aviles.

Los magistrados denunciaron que las acciones del CN violentaron el principio de la separación de poderes contenido en la Constitución de la República y "ha irrumpido abruptamente en la función jurisdiccional del poder Judicial, que ha producido un alteración en el orden constitucional, porque no tiene facultad para hacerlo", reza en el manifiesto.

Anunciaron que acudirán a la vía legal porque se violentaron sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, así como otras garantías reconocidas nacional e internacionalmente.

Asimismo lamentaron la desición tomada por el CN, que "en nada beneficia a nuestra amada patria", pero dijeron estar satisfechos con su labor, porque han cumplido "con la promesa hecha" y que "la población tenga la seguridad que hemos cumplido con nuestros deberes".

Finalmente se pronunciaron en defensa de la soberanía del Estado, afirmando que "estarán vigilantes" para que no se irrespete la Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de derecho.

Los exmagistrados se limitaron a leer el comunicado y no dieron declaraciones ante los medios de comunicación.

(Publicado por El Heraldo - Honduras, 13 diciembre 2012)
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