México: Fijan nuevas reglas para juzgar a adolescentes

La Cámara de Diputados aprobó por 381 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones expedir la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, con la cual se crea el Sistema Federal de Justicia para este sector, con el que se pretende la reintegración o reincorporación social y familiar del adolescente o adulto joven.

La ley crea toda una estructura especializada en el ámbito judicial, como Ministerios Públicos, defensores y jueces de distrito, para tratar casos de adolescentes, y garantizar sus derechos y no juzgarlos como mafiosos.

La reforma –enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación e inmediata puesta en marcha– modifica diversos artículos a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de la Defensoría Pública, con la finalidad de establecer "el respeto, integridad, dignidad y estricto cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes y adultos jóvenes".

El Sistema Federal de Justicia para los Adolescentes incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos en la Constitución, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tratados y convenios internacionales.

Entre los principios rectores del Sistema está "el interés superior del adolescente, la presunción de inocencia, la mínima intervención que consiste en la adopción de medidas para tratarlos sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido de que se respetarán plenamente sus derechos humanos y garantías legales".

Además, garantiza que durante la fase de detención no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le coaccione, intimide, someta a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que se satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud.

"Dicha ley se aplicará a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito de competencia de las autoridades federales y que tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de 18 años de edad", se precisó en las reformas.

Se busca que en ningún caso se podrá aplicar al adolescente o adulto joven la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Entre los castigos contenidos en el nuevo ordenamiento se encuentran las medidas de ingreso a los Centros Federales de Internamiento Juvenil, cuya duración será prevista de acuerdo al delito cometido por el menor.

En este sentido, se incluye la medida de internamiento permanente como la pena más grave en esta ley, que consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en dichos centros, de los que podrán salir el adolescente o adulto joven sólo mediante orden escrita de la autoridad judicial.

La ley aplica al fuero federal, está dirigida a quienes tengan entre 12 y menos de 18 años, a través de un marco jurídico denominado Sistema Federal de Justicia para Adolescentes; actualmente para estos delitos aplica el Código Penal Federal, y dependiendo del delito bajan las penas y la canalización se hace a reformatorios.

La medida de internamiento permanente se incluye como la más grave y no podrá ser inferior a un año ni mayor a cinco años para quienes tengan entre 14 y menos de 16 años, ni inferior a dos años ni superior a siete años cuando tenga entre 16 y menos de 18 años.

La iniciativa fue presentada en el Senado en 2009 por el hoy presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en respuesta a la reforma de 2005 del artículo 18 de la Constitución para crear un sistema de justicia para adolescentes.

Al fundamentar la reforma, la diputada Fabiola Bárcenas Nieves explicó que esta ley ofrece al adolescente los principios rectores de un sistema basado en el interés superior del adolescente, para su reintegración social y familiar.

La legisladora priísta expresó que el sistema dispone medidas de orientación y protección, como lo son el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, libertad asistida, asistencia a instituciones educativas y prohibiciones diversas que favorezcan al adolescente.

Subrayó que está orientada a los adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18, así como a los adultos jóvenes de 18 años cumplidos y menos de 25 que se les atribuye y compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito, cuando eran adolescentes.

Sin embargo, la diputada chihuahuense Lilia Aguilar Gil, del PT, expresó que el dictamen es violatorio de derechos humanos al establecer que los jóvenes jurídicamente pueden ser ingresados, sin un claro respeto a sus derechos, en los centros de internamiento.

En el mismo sentido, la diputada perredista Zuleyma Huidobro González advirtió que las normas que regulan el proceso "mantienen el modelo del sistema inquisitivo actual, por lo que a pesar de las aparentes bondades escritas en la ley, debe afrontar algunas observaciones que demeritan y contradicen el proyecto presentado, ya que es abiertamente contrario a las garantías del debido proceso legal, reconocido por la propia Constitución".

En contraparte, la diputada panista Karina Labastida Sotelo argumentó que esta ley deja a México a la vanguardia de los tratados internacionales, toda vez que el sistema de justicia para adolescentes, reconoce los principios de protección integral e implementa en forma indiscutible el debido proceso legal, estableciendo formas alternativas de justicia.

(Publicado por Agencias, 29 noviembre 2012)
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