Bogotá. 19 nov (SIG). "Queridos compatriotas:
La Corte Internacional de Justicia, en un fallo emitido hace unas horas, ha decidido la demanda de Nicaragua contra Colombia.
En tres oportunidades Nicaragua trató de apropiarse del archipiélago colombiano: en 1913, cuando lo reclamó por primera vez en la historia; en 1980 cuando, en un hecho sin precedentes, declaró nulo e inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas, y – finalmente– en el 2001, cuando presentó la demanda contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia.
Hoy esta Corte rechazó las pretensiones de soberanía de Nicaragua sobre nuestro archipiélago.
Es un fallo definitivo e inapelable en este tema.
La posición de Colombia ha sido una política de Estado, definida sin interrupciones por los diferentes gobiernos, sin importar su filiación política.
Desde que en 1969 se planteó nuevamente la controversia con Nicaragua, once gobiernos sucesivos hemos defendido consistentemente la posición de Colombia en este asunto.
Pocas veces se ha actuado en nuestro país en forma tan concertada y uniforme durante tantos años, y nosotros, desde cuando asumimos el Gobierno, mantuvimos el camino jurídico trazado.
Cerca de 50 sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se han llevado a cabo sobre esta materia. Ella ha sido permanentemente informada y consultada.
En el día de hoy he escuchado sus opiniones y sabios consejos.
Es una instancia que, por supuesto, seguiremos consultando.
Además, se adelantaron centenares de reuniones con las fuerzas vivas del país y del Archipiélago, y con destacados juristas con gran experiencia y reconocimiento a nivel mundial
¿Qué es lo que pretendía Nicaragua?
Nicaragua, inicialmente, reclamó la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo todas sus islas y sus cayos.
Hoy la Corte le dio la razón a Colombia, no accediendo a la pretensión de Nicaragua, y ratificando la soberanía de Colombia sobre la totalidad del Archipiélago.
Pero es más: aclaró que todos los cayos del Archipiélago –repito: la totalidad de los cayos–, es decir, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Este-Sureste y Albuquerque, pertenecen a Colombia.
Nicaragua también pedía que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 –a través del cual dicho país reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago– fuera declarado inválido.
Hoy la Corte ratificó que dicho tratado es válido y vigente.
Además, Nicaragua pidió que se declarara que Colombia había incumplido el tratado y solicitó que se señalara a nuestro país responsable por ello.
Esta pretensión también fue rechazada por la Corte.
Nicaragua, en el 2009, alegó la existencia de una plataforma continental extendida.
Pretendió que la Corte le reconociera 350 millas de plataforma, 150 millas más de lo que se ha otorgado normalmente a los Estados.
Además, Nicaragua pidió que se reconociera un límite marítimo al oriente de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –que quedarían absolutamente encerradas por aguas nicaragüenses–, un límite que estaría a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.
La Corte tampoco accedió a estas pretensiones.
Concedió a Nicaragua parcialmente 200 millas en algunas áreas al norte y al sur del Archipiélago, invocando las reglas del nuevo Derecho Internacional del Mar.
No obstante, rechazó la posición de Nicaragua de encerrar el Archipiélago de San Andrés, y de trazar una línea de delimitación marítima entre el Archipiélago y la costa Caribe colombiana.
Con esta pretensión Nicaragua buscaba cortar el vínculo entre nuestras islas y la Colombia continental, lo cual por fortuna no sucedió.
EN RESUMEN, la Corte ratificó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la validez y vigencia del tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua, que Nicaragua pretendía desconocer.
En segundo lugar, reconoció que todos los cayos del Archipiélago –TODOS– son de Colombia, tal como alegaba nuestro país, y en contra de lo que solicitaba Nicaragua.
En tercer lugar, le reconoció mar territorial a cayos como Serrana y Quitasueño.
En cuarto lugar, le reconoció al Archipiélago derechos de plataforma continental y de zona económica exclusiva.
En quinto lugar, el vínculo entre el Archipiélago y el continente colombiano se mantiene, y Nicaragua no logró que el Archipiélago quedara aislado del territorio continental de Colombia.
La Corte abordó también otro tema: la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia.
Como recordarán, en el año 2007 la Corte de La Haya determinó que el meridiano 82 –que por mucho tiempo los colombianos habíamos considerado como el límite marítimo entre Nicaragua y Colombia– no era en realidad un límite marítimo sino una línea de referencia, y, por lo tanto, se declaró competente para establecer la delimitación marítima entre los dos países.
La Corte, en su fallo de hoy, traza una línea que empieza al occidente del Archipiélago, entre nuestras islas y la costa de Nicaragua.
Si bien esto es positivo para Colombia, la Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente.
Equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago.
No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente.
Además, la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.
Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas.
Adicionalmente, contradiciendo una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia.
A partir de allí se crea toda una serie de complejidades entre los países del Caribe, que nos obliga a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas.
Tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.
Inexplicablemente –después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva– la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago.
Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago.
Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar.
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy.
Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos.
El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones.
A mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento.
Dentro de esos deberes constitucionales, está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros países del Caribe.
El artículo 101 de nuestra Carta dice que 'los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República'.
La Corte Constitucional ha dicho que estos tratados –es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser aprobados por reforma constitucional.
Como Presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de la Constitución, lo que decidió la Asamblea Constituyente en 1991 y lo que ha dicho la Corte Constitucional.
De lo anterior se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima trazada hoy por el fallo de la Corte de La Haya.
Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes.
Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago.
Para lograrlo, necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución.
Soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas.
Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente.
Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos, con absoluta firmeza, los derechos de los isleños y de todos nuestros compatriotas.
Así se ha hecho no sólo durante estos 11 años de litigio, sino durante siglos de historia de nuestro país.
Es cierto que los derechos marítimos son distintos a los derechos de soberanía.
Hay que anotar que, al trazar el límite, la Corte advirtió que esta nueva línea de delimitación 'sólo da derechos específicos en lugar de soberanía' a Nicaragua.
Como los derechos específicos son limitados, la Corte también resaltó que esta nueva línea "no afecta los derechos de navegación" de los colombianos.
Por ejemplo, los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo y viceversa, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.
Hoy quiero decirles a los sanandresanos que nos comprometemos a encontrar mecanismos y estrategias concretas, y con resultados –incluso negociando los tratados que sean necesarios–, para que no se desconozcan en ningún momento sus derechos.
Y vamos a trabajar con los pobladores del Archipiélago pues somos conscientes de sus realidades y actividades de pesca.
Esta misma noche dormiré en San Andrés, y mañana me reuniré con los dirigentes y representantes de la comunidad, para evaluar no sólo esta situación sino el avance de otros compromisos que el Gobierno nacional ha hecho con nuestro departamento de ultramar.
Con el Consejo de Ministros, que sesionó en San Andrés hace unos meses, establecimos todo un plan para el departamento con las autoridades del Archipiélago; vamos avanzando en él, y estamos comprometidos a sacarlo adelante.
Ahora inicia un periodo de trabajo y concertación entre los poderes públicos para analizar los efectos del fallo –en particular frente a nuestra Constitución– y obrar en consecuencia.
Como Jefe de Estado lideraré este proceso dentro de un espíritu de colaboración armónica entre los poderes.
El equipo jurídico que nos representó ante la Corte de La Haya y los equipos de trabajo de la Cancillería, durante los diferentes gobiernos, representaron con altura y con empeño los intereses de Colombia, y así debemos reconocerlo.
Compatriotas:
Pueden tener la seguridad de que obraremos respetando las normas jurídicas –como ha sido la tradición de nuestro país– pero también defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos.
Buenas noches".