Guatemala: Francisco Dall’Anese, dice que hay jueces que negocian los fallos

Francisco Dall’Anese, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó ayer que hay jueces que negocian fallos con “poderosos” antes de resolver un caso, lo cual contraviene la independencia judicial.

El comisionado habló durante el tercer foro sobre reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, efectuado en el Hotel Camino Real, zona 10.

Agregó: "A mí no me interesa hablar con un juez que no tiene poder para resolver, a mí no me interesa un juez que tiene que ir donde un poderoso que está detrás, para que este poderoso le diga: resuelva a favor de este o a favor del otro".

Demandó a la CSJ - Corte Suprema de Justicia que se garantice la esfera jurídica de protección a los jueces, para que gocen de independencia judicial y que cuando emitan un fallo no teman ser despidos.

"Los jueces tienen su silla sometida a plazos y no tienen una verdadera independencia porque el juez sabe que si toca ciertos intereses, no podrá continuar en el puesto", señaló el comisionado.

Alegan violación

Dall’Anese recordó que los jueces son funcionarios públicos y se les pueden hacer señalamientos. Sin embargo, indicó, en el país hay un grupo minoritario de estos que cada vez que son cuestionados por sus resoluciones alegan violación a la independencia judicial.

"Esto no es cierto, todos los jueces pueden ser cuestionados y las sentencias pueden ser discutidas y pueden ser auditadas, por eso los juicios son públicos y las cosas hay que hacerlas con transparencia", sostuvo.

"Vitalicios e inamovibles" Dall’Anese expresó que la Cicig ya se pronunció ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso acerca de que los juzgadores deben ser "vitalicios e inamovibles", como mecanismo para asegurar la independencia de los jueces.

Citó como ejemplo el caso de Costa Rica, en donde los jueces lograron hacer una reforma para que fueran vitalicios e inamovibles.

El jefe de la Cicig mencionó que otras de las garantías fundamentales que se les debe proporcionar a los juzgadorse son un sueldo y un programa de pensión atractivos, a fin de evitar tentaciones.

Impunidad disciplinaria

Según Dall’Anese, como equilibrio a las condiciones mencionadas debe existir un sistema de sanciones eficientes para combatir la impunidad disciplinaria en los juzgados.

"Un sistema disciplinario muy eficaz, porque la independencia judicial no significa irresponsabilidad. En este momento, el sistema sancionatorio de los jueces es difícil, prácticamente hay una impunidad disciplinaria en la judicatura guatemalteca", afirmó.

El comisionado explicó que cuando la CSJ designa a un juez pesquisidor para que investigue a otro juzgador, "resulta que este —juez— es igual, y entonces tiene que pensar en que hoy es el juez pesquisidor, y mañana él puede ser investigado, y esto impide que haya un verdadero régimen disciplinario".

Otro de los aspectos que abordó fue el relacionado con la carrera judicial, en el que resaltó que al menos el 75 por ciento de los magistrados de la CSJ deberían tener carrera judicial. Aunque aclaró que no se puede dejar fuera a los abogados litigantes porque ellos pueden contribuir a eliminar vicios y problemas en los juzgados.

CSJ evita pronunciarse

El magistrado y expresidente de la CSJ Luis Arturo Archila aseguró que no podía pronunciarse sobre las declaraciones del jefe de la Cicig, y que están a la espera de la lista de 15 jueces que según el comisionado han cometido actos fuera de la ley.

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, coincidió con Dall’Anese en que es vital la inamovilidad de los operadores de justicia para fortalecer la independencia judicial.

Añadió que hasta hace 15 días se registraban 130 casos de juzgadores con alta vulnerabilidad y que al menos deberían contar con un guardaespaldas, especialmente en los departamentos fronterizos con México.

Coloquio

Ayer se celebró el último foro de las reformas constitucionales, el cual se desarrolló sobre temas de seguridad y justicia, en el cual se contó con la participación de la ONU, la Cicig, la CSJ y organizaciones de la sociedad civil.

El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, dio a conocer que ahora corresponde trasladar los informes sobre los pronunciamientos de los distintos sectores a esa sala legislativa.

Agregó que serán los jefes de bloques quienes dispondrán de los calendarios de sesiones para conocer las reformas.

En esta actividad participó Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución, quien precisó que se debe analizar la permanencia de las cámaras en las cortes, por no ser idóneo, debido a que en ocasiones tienen contradicciones.

Andrés Sánchez, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que se debe regular la participación del Ejército solo para casos de excepción.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, expresó que las fuerzas militares no pueden participar en tareas de seguridad civil debido a que tienen una formación distinta a la requerida por la criminalidad común.

Poder fáctico

Haroldo Vásquez, de la Asociación de Jueces y Magistrados, avaló las declaraciones de Dall’Anese, "porque las condiciones de juzgar e impartir justicia en un país como el nuestro son condiciones de vulnerabilidad. Estamos en medio de un conflicto de crimen organizado y de poder fáctico", dijo.

Debe fundamentar

Luis Arturo Archila, magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó: "Si el comisionado tiene pruebas, definitivamente deberá de tramitarse el antejuicio correspondiente, esto quiere decir que esas denuncias que se presenten deberán ir debidamente fundamentadas".

(Publicado por Prensa Libre - Guatemala, 25 octubre 2012)
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