Argentina: El juez que avaló la Corte dijo que renunció por "violencia moral"

"Violencia moral y un grado de intranquilidad no solo personal sino también familiar", fueron las causas que esgrimió el juez Raúl Tettamanti para fundamentar su renuncia al juzgado que trata la ley de medios.

Ayer se conocieron los términos de la carta que envió el martes al presidente de la Cámara Federal en los Civil y Comercial, Martín Farrel, haciéndole saber de su decisión de renunciar en forma indeclinable a la nominación como juez subrogante. Fue como efecto directo de la amenaza del ministro de Justicia, Julio Alak, de recusarlo, y luego de que el oficialismo denunciara supuestas maniobras para digitar su nombramiento.

Tettamanti, un juez jubilado, había sido sorteado por la Cámara Federal y, tal como se desprende del texto de renuncia, fue presionado por el Gobierno.

Tettamanti le había encomendado tomar el juzgado vacante donde se trata la denuncia de inconsttiucionalidad del artículo 161 de la ley de medios que alude a la cláusula de “desinversión” presentada por el Grupo Clarín . Días atrás, la Corte Suprema había avalado esa designación.

La carta tiene una carilla y media y Tettamanti la comienza informando sobre su decisión de renunciar. Luego explica que "la actitud que ahora adopto obedece al debate que se genero en el ámbito del Consejo de la Magistratura y luego con la intervención del señor ministro de Justicia de la Nación en torno a esa mi designación y la discusión que tomó estado público y me involucró directamente".

Los consejeros kirchneristas en el Consejo de la Magistratura denunciaron que su nombramiento había sido una maniobra de la Cámara Federal para beneficiar al Grupo Clarín y un abogado le pidió un juicio político. Además, Alak advirtió que un eventual fallo que declarase inconstitucional la ley de medios sería un alzamiento contra la Constitución y que el Gobierno lo recusaría. También se supo de otra presión más silenciosa, que habría sido la que recibió a través de amenazas de una posible complicación judicial de s u hermano, el vicealmirante retirado Oscar Tettamanti .

"El tono de las declaraciones de los funcionarios referidos ha generado en mí una violencia moral y un grado de intranquilidad no solo personal sino también familiar que me provoca un estado de animo que no es el apropiado para continuar en la delicada tarea de administrar Justicia, como lo vengo haciendo desde hace más de 31 años". También señaló: "Conocemos a la perfección que la única posibilidad de cubrir cargos en juzgados vacantes es utilizando la disposición que alude a magistrados y funcionarios jubilados”. Y remató: “sabemos que no fui nominado para dictar sentencia en un juicio en particular , sino para contribuir a paliar la crisis que atraviesa el fuero”.

Versión del gobierno

La presidenta Cristina Kirchner mostró su enojo ayer por el fracaso del oficialismo en el intento de imponer a su propia candidata en el juzgado que deberá decidir sobre la constitucionalidad de un artículo clave de la Ley de Medios.

Y volvió a ejercer presiones sobre la Justicia al criticar decisiones vinculadas con esa norma: “En estos tres años hemos visto medidas judiciales, jueces puestos a dedo, los últimos 15 días, la última semana vimos como se intentaba frustrar que un organismo creado por la reforma constitucional del año 94 como es el Consejo de la Magistratura no pudiera designar jueces”, se quejó.

La Presidenta aludió así a la maniobra frustrada en el Consejo para designar jueza a la candidata oficialista María Lorena Gagliardi, y de que la Corte Suprema avalara el nombramiento del juez Raúl Tettamanti, aunque éste terminó renunciando por presiones del Gobierno, que amenazó con recusarlo. A Tettamanti lo había nombrado la propia Cámara en lo Civil y Comercial en el juzgado que deberá decidir sobre el artículo 161 de la Ley de Medios, referida al plazo de desinversión para las empresas que exceden las licencias permitidas por la nueva ley, y cuya constitucionalidad fue cuestionada por el Grupo Clarín.

La Presidenta habló en un acto en el Museo del Bicentenario, convocado justamente para celebrar el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Medios. El acto, de tintes partidarios, fue transmitido por cadena nacional, la primera que ordena Cristina Kirchner desde el “13S”, el masivo cacerolazo del 13 de setiembre contra el Gobierno que cuestionó, entre otras cosas, el uso abusivo de la cadena nacional. La Presidenta no la usaba desde el 12 de setiembre, cuando anunció un aumento en las asignaciones por hijo y familiares.

Cristina insistió en negar que existan trabas cambiarias. “¿De qué cepo al dólar hablan?”, inquirió.

“Acá lo único que hay es cepo democrático para el cumplimiento de la ley”de Medios, enfatizó.

En línea con el spot oficialista que se difunde en el programa Fútbol para Todos, que sostiene que el 7 de diciembre vence el plazo de adecuación a la norma, Cristina aseguró que “la ley debe ser igual para todos, no podemos vivir en una sociedad en que unos cumplan la ley y otros puedan violentarla”. Y aunque sin nombrar al Grupo Clarín como sí lo hace el spot, sostuvo que es “un desafío de la democracia ver si alguien no está por encima de los tres poderes”.

La Presidenta rescató respecto de la Ley de Medios valores como “la pluralidad, la diversidad, las distintas pinturas”. La escuchaban en ubicaciones privilegiadas los principales propietarios de medios kirchneristas: Sergio Spolski, el que más pauta oficial recibe; Alejandro Olmos, vinculado a la UOM; el ex banquero menemista Raúl Moneta; Carlos Vila y su socio el ex ministro menemista José Luis “Chupete” Manzano -asiduo del despacho del jefe de Gabinete, Juan Abal Medina-. No se vio en cambio al kirchnerista Cristóbal López, zar del juego y reciente comprador de Radio 10 y C5N.

Antes habló Martín Sabbatella, titular del AFSCA, organismo encargado de aplicar la Ley, quien afirmó que el 7 de diciembre es “la fecha máxima para que todas las empresas estén dentro de la ley presentando su plan de adecuación”, y advirtió que “de no cumplir, el 8 de diciembre actuaremos para garantizar las leyes”.

Cristina lo corrigió al afirmar que el “ 8 no vas a poder, Martín” porque “es el día de la Virgen y es sábado”. Y dijo que será el 10, “Día Universal de los Derechos Humanos”.

Posición del Grupo Clarín

Respecto de las manifestaciones presidenciales, el Grupo Clarín ratifica que no sólo cumple la ley, sino que es uno de los pocos grupos mediáticos en la Argentina que lo ha hecho a lo largo de su historia.

Tras la sanción de la ley de medios 26.522, los medios audiovisuales del G rupo Clarín fueron los primeros en cumplir todos los artículos de la norma que se encontraban vigentes, tales como producción nacional, contenidos infantiles, parámetros publicitarios, etc.

Para aquellos que por su arbitrariedad resultaban violatorios de la Constitución Nacional, el Grupo Clarín hizo lo que cualquier ciudadano o empresa debe hacer en democracia: acudir a la Justicia.

En particular, se impugnaron dos artículos dictados para evitar que haya radios y canales de TV independientes -económica y editorialmente- del gobierno de turno.

El 161, que desconoce las licencias que el mismo Estado otorgó.

El 45, que legisla contra algunos medios, discriminatoriamente. A unos les permite llegar a 2200 ciudades; a otros, a 24. A los que tienen negocios con el Estado (como petróleo, casinos u obras públicas) les permite tener medios libremente; a los que tienen cable, no. Los extranjeros pueden tener 30 ó 40 canales de cable; los argentinos, sólo uno.

La justicia suspendió estos artículos, no toda la ley, mientras en el juicio de fondo se define la inconstitucionalidad.

Clarín respetó y respeta la ley y la Justicia.

Los que no lo hacen son el AFSCA y numerosos grupos mediáticos que no fueron a la Justicia y que por lo tanto están incumpliendo la ley desde el 28 de diciembre de 2011, como dijo la Corte Suprema.

Lejos de no respetar los poderes del Estado, el Grupo Clarín ha acudido a los mecanismos institucionales previstos en la Constitución Nacional. Quien no respeta la división de poderes en este caso es el Ejecutivo, que no ha aplicado la ley en los términos que marcaron el Congreso y la Corte.

Es grave que la Presidenta de la Nación haya intentado interferir en un poder del Estado que tiene aún definiciones pendientes sobre esta cuestión.

Respecto de otras afirmaciones, el Grupo Clarín ratifica que es titular de 11 licencias de radiodifusión, menos que muchos de sus competidores. Hay una deliberada intención de confundir estas licencias con las de cable, que no utilizan espectro radioeléctrico. Cablevisión posee 158 licencias locales. La ley pretende reducirlas a 24, mientras que a sus competidores (DirecTV o las empresas telefónicas), les permite llegar a las 2.200 localidades del país con una sola licencia. Esta discriminación es uno de los motivos del juicio de fondo por inconstitucionalidad.

La mayoría de las disposiciones del artículo 45 no tienen antecedentes internacionales y fueron pensadas deliberadamente para afectar la sustentabilidad y la independencia de grupos como Clarín, titular de los pocos medios audiovisuales que quedan fuera del proceso de colonización oficial en la Argentina.

(Publicado por El Clarín – Argentina, 11 octubre 2012)
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