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Uruguay: Abogados advierten que el cambio procesal alargará juicios al Estado
Si el Parlamento aprueba la modificación de dos artículos del Código General del Proceso (CGP) los juicios contra el Estado se alargarán en forma innecesaria en perjuicio de los particulares, advierten expertos en derecho procesal.
Desde el 15 de agosto, la Comisión de Constitución y Códigos del Senado tiene a estudio un proyecto que introduce diversas modificaciones al CGP, que está vigente desde 1989 y que regula los procesos judiciales civiles no penales.
La iniciativa, que originalmente fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de julio.
Sin embargo, a instancias del Ministerio de Economía, se introdujeron cambios a los ar-tículos 400 y 401 del CGP, donde se regulan los mecanismos de cobro de las sentencias judiciales contra el Estado.
Actualmente, el Ministerio de Economía, que asume los pagos de las condenas, tiene un plazo legal de 45 días para cumplir con los fallos.
Pero los artículos proyectados crean un mecanismo autónomo para liquidar los montos de las sentencias incluso cuando el fallo del juez haya determinado el total a pagar. Además, se prevé la intervención del Tribunal de Cuentas previo a efectivizar el pago.
Las modificaciones propuestas a los artículos 400 y 401 del CGP son rechazadas por los abogados que entienden que se busca alargar innecesariamente los juicios contra el Estado, según coincidieron cuatro juristas consultados por El País.
Incluso, el tema será analizado por el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) que no descarta plantear sus objeciones en el Parlamento.
Alargar
El abogado Juan Pablo Borges, integrante del Directorio del CAU y secretario de la Comisión de Asuntos Judiciales de la institución, sostuvo que con el proyecto se busca "desalentar" la presentación de reclamos judiciales contra dependencias estatales.
"Al hablar de un juicio al Estado hay que pensar siempre en no menos de cuatro o cinco años, y si es un asunto muy complicado todavía más. Y si reforman los artículos 400 y 401 del CGP tal como está planteado se sumará una nueva alargadera", señaló Borges.
Agregó que la modificación implicará "una nueva traba" para los particulares que deban iniciar acciones judiciales contra organismos oficiales. "En cuanto a los derechos económicos de los acreedores del Estado cada vez se cae más abajo y esa es mi preocupación como abogado", dijo Borges.
Por su parte, el abogado Alejandro Pintos, integrante del estudio Ferrere y presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del CAU, dijo que con las modificaciones propuestas "da la sensación de que se busca alargar aun más los procesos de los juicios contra el Estado que de por sí ya son extensos".
Pintos dijo que los cambios planteados son "innecesarios" y demuestran que existe "la voluntad política de hacer cada vez más extensos los procesos". Según Pintos, si finalmente se modifican los artículos 400 y 401 del CGP "como mínimo" los juicios contra el Estado demorarán un año más.
El abogado Ángel Landoni, experto en derecho procesal y presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal, dijo que el procedimiento que está a estudio del Parlamento "es bastante más complicado" que el actual y "alarga" los juicios contra el Estado. "¿Qué inversor vendría a Uruguay si sabe que le gana un juicio al Estado y luego no lo va a poder cobrar?", se preguntó el experto. "Desde la imagen pública del Estado como cumplidor de sus obligaciones es un desastre", opinó Landoni.
En tanto, el abogado Santiago Pereira Campos, experto en derecho procesal y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, opinó que "no se justifica" un nuevo mecanismo para liquidar las sentencias y dijo que ello "coloca al Estado en una situación favorable frente a los particulares, lo que no se justifica".
68% más causas
Entre 2000 y 2010 la cantidad de demandas presentadas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo (que tramitan los reclamos civiles contra el Estado) crecieron en un 68,1%. En 2010 se iniciaron 758 nuevos casos, según los últimos datos estadísticos del Poder Judicial.
(Publicado por El País - Uruguay, 12 septiembre 2012)
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