España: Sanidad revisa las prestaciones de la cartera básica

Fuentes de ese ministerio aseguran que tal análisis forma parte de las reuniones con expertos iniciadas en febrero y niegan nuevos posibles recortes

El Ministerio de Sanidad revisa junto a grupos de expertos la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud para determinar si algunos de ellos deben pasar a la cartera accesoria -no gratuita- al no considerarse esenciales, mantenerse o sufrir determinadas modificaciones. La Cadena SER informa hoy de que el departamento que dirige Ana Mato convocará a lo largo de este mes de septiembre a cinco grupos de expertos para estudiar posibles nuevos recortes en prestaciones tales como la rehabilitación funcional, las pruebas para detectar o prevenir enfermedades, la selección genética, los tratamientos de fertilidad o los implantes oftalmológicos.

Algunas comunidades han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta revisión pueda afectar a pruebas tan sensibles como las mamografías o las de diagnóstico prenatal o neonatal, señala la SER.

Fuentes de Sanidad han indicado a este periódico que el Ministerio ya informó el pasado 29 de febrero de la creación de estos grupos para revisar la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Las fuentes señalan que en esos grupos participan las comunidades que así lo desean y los expertos correspondientes, y precisan que revisar una prestación no significa necesariamente sacarla de la cartera básica. Puede ser también que algunos de esos servicios hayan quedado obsoletos, se necesiten modificar sus condiciones de uso o protocolizar determinadas actuaciones.

Protestas

Los departamentos de Sanidad de cuatro comunidades no gobernadas por el PP —Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias— han difundido un comunicado conjunto para explicar su ausencia en el encuentro informal de consejeros autonómicos de Sanidad celebrado hoy en Valladolid, al que han acudido ocho del PP (Aragón, Murcia, Galicia, La Rioja, Madrid, Baleares, Extremadura y Castilla y León) y el de Cataluña. Los Ejecutivos de las cuatro regiones díscolas argumentan que no han querido "respaldar" con su presencia el conjunto de "políticas regresivas" del Gobierno, entre las que citan la "definitiva implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España por la Ley General de Sanidad". El modelo implantado por el Gobierno, opinan, está "basado en la restricción de derechos fundamentales básicos". A pesar del desplante, los consejeros piden "diálogo" al Ministerio, aunque en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, el órgano de coordinación entre comunidades y Gobierno en materia sanitaria.

Ese nuevo sistema "pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familiar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España", dice el texto de las consejerías de Sanidad de las cuatro comunidades. Se refieren a que, tras la reforma, para tener tarjeta sanitaria se exigirá haber cotizado a quienes ganen más de 100.000 euros al año, y a que todos los inmigrantes irregulares la perderán a partir del uno de septiembre. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado esta mañana que la asistencia sanitaria se seguirá prestando en el Sistema Nacional de Salud "para todo el que la necesite", pero ha añadido que quienes no tengan tarjeta sanitaria deberán pagarla.

Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias replican que la solución a la crisis no pasa "por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como son la educación y la sanidad". Andalucía, País Vasco y Asturias han anunciado su intención de seguir tratando regularmente a los inmigrantes sin papeles a pesar de la puesta en marcha del decreto del Gobierno (como también Cataluña); Canarias sí ha dicho que cumplirá con el decreto aunque garantiza que tratará a los inmigrantes que estén en lista de espera para una intervención o que tengan un proceso médico abierto. A tres días de que entre en vigor la retirada de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares, la confusión es tal que todavía no está claro cómo será en la práctica la atención al colectivo, unas 150.000 personas en todo el país. Todo indica que van a coexistir distintos modelos de atención en función de la comunidad autónoma de la que se trate.

Las cuatro regiones gobernadas por el PSOE (salvo Canarias, gobernada por Coalición Canaria con apoyo de los socialistas) lamentan que la reforma sanitaria, "la mayor del Sistema Nacional de Salud en democracia" se haya tramitado como decreto y no como proyecto de Ley, sujeto a debate y negociación entre partidos. Por eso piden al Ministerio que dirige Ana Mato que impulse el diálogo en el seno del Consejo de Interterritorial de Salud y en las sedes parlamentarias, y le solicitan que "respete" el papel y el "ámbito de decisión de las autonomías". "La mayor fortaleza del Sistema Nacional de Salud es su amplio respaldo popular y profesional", asegura el documento, que concluye que ese respaldo "puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión".

Los consejeros de Sanidad rebeldes se han quejado también de las formas en las que se ha convocado al encuentro de hoy. Faustino Blanco, consejero de Sanidad del Principado de Asturias, ha lamentado que el Gobierno no convocara formalmente la reunión, a pesar de que es al Ejecutivo a quien corresponde convocar consejos interterritoriales, "aunque sean informales". Su homólogo vasco, Rafael Bengoa, ha añadido que "no tiene sentido" llamar a una reunión para hablar de cuestiones como la gestión clínica o el modelo retributivo de los profesionales sanitarios cuando hay "problemas sobre la mesa como los recortes o los nuevos criterios para el aseguramiento de las personas en España". Según el Gobierno vasco, esos temas "al menos en la convocatoria inicial", no figuraban en el orden del día de la cita.

(Publicado por El País - España, 6 septiembre 2012)