Despido Colectivo

España: El Supremo pregunta al fiscal si ve delito en la denuncia del PSOE contra Báñez

La Fiscalía tiene que informar sobre si el alto tribunal es competente y si los hechos revisten caracteres de delito

jueves, 9 de agosto de 2012


Despido Colectivo

España: El Supremo pregunta al fiscal si ve delito en la denuncia del PSOE contra Báñez

El Tribunal Supremo ha dado traslado al fiscal de la denuncia del PSOE contra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por remitir desde su correo electrónico al diario La Razón un informe sobre el ERE que planeaba acometer el partido. El Supremo pide al fiscal que le informe sobre la competencia del alto tribunal y sobre si estima que los hechos revisten caracteres del delito de revelación de secretos por el que deba abrirse una causa penal a la ministra de Empleo.

Según una providencia dictada por el presidente de la Sala de Vacaciones del Supremo, Ángel Calderón, la denuncia del PSOE contra Báñez ha quedado registrada y de la misma se ha dado traslado al fiscal para que emita el preceptivo informe sobre competencia y contenido de los hechos. A la vista del informe del fiscal, el Supremo decidirá si investiga la filtración o archiva la denuncia.

La Sala de Vacaciones, que tramita los asuntos durante el mes de vacaciones judiciales, está integrada por un presidente de Sala, que este año corresponde al de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y un magistrado de cada una de las salas del Supremo.

El pasado 27 de julio, el juez de instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, se inhibió de la denuncia del PSOE en favor del Tribunal Supremo al ser notoria la condición de aforada de la ministra.

El PSOE daba cuenta en su denuncia de que el pasado 22 de junio presentó en el Ministerio de Empleo la notificación de un procedimiento de despido colectivo, en el que constaban "aspectos confidenciales del PSOE", así como "datos personales de todos los trabajadores implicados en el mencionado expediente". El 25 de junio, La Razón publicó en portada el titular "ERE en el PSOE" y al día siguiente, otra información en la que figuraban "datos que coinciden literalmente con la memoria explicativa de las causas que daban lugar a la solicitud de despido colectivo".

El PSOE se remitía en su denuncia a que EL PAÍS, siguiendo el rastro de la filtración, informó de que se podía ver el pantallazo del correo electrónico particular de la ministra dirigido al diario La Razón con un archivo adjunto denominado "ERE nacional".

La Denuncia

El 20/7, a denuncia, presentada esta mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla, señala que el "daño generado al servicio público es de la máxima relevancia, pues la ministra vulnera de manera flagrante todos los principios que rigen la conducta de las autoridades públicas y los que rigen la actuación de la Administración pública, sujeta siempre al principio de legalidad".

El texto argumenta que la ministra "lo hace con una motivación exclusivamente partidista, buscando únicamente el daño del principal partido de la oposición, premeditadamente y despreciando cualquier atisbo de defensa del interés general".

También recoge el hecho de que la ministra Báñez no ha negado en ningún momento la revelación de los datos confidenciales aportados por el PSOE y advierte de que "el daño para la imagen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es incalculable".

Asimismo, destaca que la conducta descrita "no tiene precedentes" e insiste en que la ministra "revela información que conoce por motivo de su posición, con una finalidad estrictamente política y con el fin de obtener un rédito de tal naturaleza".

La denuncia sostiene que Báñez ha discriminado al PSOE por la única razón de las opiniones que representa y se pregunta "si organizaciones con otra ideología habrían sido objeto de la revelación de información" similar.

Para el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, la conducta de Báñez es "inmoral" e "ilegal".

A su juicio, la ministra ignora los principios que rigen la actuación de un miembro del Gobierno, vulnera el deber de "sigilo general" que tienen los servidores públicos y el deber de confidencialidad respecto a la materia específica que conocen a través del ejercicio de su cargo".

"A la ministra Fátima Báñez le dimos en el Congreso de los Diputados dos oportunidades de dar explicaciones sobre esta conducta inmoral e ilegal y, como las desaprovechó, ahora tendrá que dar explicaciones ante los tribunales", concluye el dirigente socialista en un comunicado

(Publicado por El País - España, 9 agosto 2012)
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