Chile: "Diría que el 90% de los alegatos en la Corte Suprema son una pérdida de tiempo"

Cincuenta años en el Poder Judicial y, de ellos, poco más de siete en la Corte Suprema. Jaime Rodríguez ha pasado dos tercios de su vida en un tribunal y como él mismo dice "más sabe un juez por viejo, que por diablo". Ayer cumplió 75 años, el viernes recién pasado fue su último día de trabajo y, tras dejar la magistratura, accedió a conversar con El Mercurio Legal sobre diversos asuntos que tocan a la judicatura. Sus próximos planes -adelanta-: primero, un descanso, y el próximo año, dar algunas clases en la universidad.

Ahora, con la perspectiva que dan los años y la libertad que otorga el retiro, el ex ministro reconoce que, aun cuando valora el trabajo de sus pares, es crítico de su pasividad en algunas materias, "el principal defecto de la Corte Suprema es su mentalidad. A pesar del rótulo que tiene de Poder del Estado, es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia".

"Digo eso -aclara- porque todo se pide al Ministerio de Justicia y si el ministerio dice no, ahí muere. Es cosa de ver las leyes de la mesa judicial, la Corte Suprema concordó cuatro o cinco proyectos con el ministerio de la época para modernizar y reformar el Poder Judicial (...) ¿Qué pasó?, nada. Cambió el gobierno y el nuevo ministro de Justicia dijo que eso no le interesaba. Qué mejor demostración de que somos un servicio público".

Lo ideal sería trabajar coordinadamente con el Ejecutivo y el Legislativo pero, cuando eso no ocurre, cree que es necesario buscar otros caminos. El problema -dice- es que la Suprema no lo ha hecho.

Sobre las atribuciones que le han sido sustraídas al máximo tribunal en los últimos años, concede que el recurso de inaplicabilidad, cuyo conocimiento fue entregado al Tribunal Constitucional tras la reforma de 2005, se perdió "por culpa nuestra, porque la verdad es que en su gran mayoría no se veían nunca y cuando se veían, tres o cuatro años después, el asunto estaba solucionado por otras vías". Pero además le restaron facultades otras reformas, como la procesal penal, que le quitó las investigativas, y ahora además, dice, es muy probable que la procesal civil haga lo mismo, pues pretende aplicarse una fuerte restricción a los recursos que conocerá el máximo tribunal.

¿Las causas más complejas que debió resolver? Las relacionadas con violaciones de los derechos humanos. Lo bueno, comenta, es que en ellas la Sala Penal -que integró durante casi todo su período en la Suprema- "logró establecer una suerte de criterio bastante positivo".

Pero cuando habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tono cambia. La idea de la institución le parece correcta, no así los criterios de sus fallos. "Mi reproche personal -dice- es que esta Corte ha caído en las mismas deficiencias que critica y que les critica a los jueces chilenos, específicamente a la Corte Suprema, que son los prejuzgamiento, los estereotipos y las ideas preconcebidas". Por eso, es partidario de buscar un sistema orgánico, que pueda "salvaguardar verdaderamente" la imparcialidad de sus miembros.

Jueces y abogados

También tiene una opinión clara sobre jueces. Reconoce a las nuevas generaciones una mayor especialización, "tienen posgrados, una preparación académica importante", pero subraya que la experiencia "es también muy relevante" y cree que una cosa que habría que corregir es "la soberbia, que para mí en un juez es pecado mortal".

¿Y los abogados? Después de escuchar tantos alegatos, su conclusión es lapidaria: Lo primero, que el nivel de formación "no es nada bueno" y, lo segundo, "en general, yo diría que el 90% de los alegatos en la Corte Suprema son pérdida de tiempo, porque vienen a repetir lo mismo que se dijo en la Corte de Apelaciones o a leer el recurso que interpusieron. El 10%, y a lo mejor me quedo generoso, significan un verdadero aporte al debate".

Rodríguez deja su cargo como ministro de la Sala Civil. Llegó en marzo, después de siete años en la Sala Penal, pero años atrás había hecho una solicitud en ese sentido. ¿Estaba cansado de lo criminal? Dice que no, pero entonces uno de sus hijos, que es oficial de la Armada, estaba incorporándose a la actividad naval y "temí -explica- que alguna resolución en materia de derechos humanos pudieran repercutir negativamente en su carrera. Eso no ocurrió y lo pude comprobar con gran satisfacción, porque no me dieron la posibilidad de cambio".

(Publicado 'Por el Mercurio – 28 mayo 2012)
____________