Venezuela: Reforma de Ley del Trabajo acentuará fuga de capitales

La Academia Nacional de Ciencias Económicas advirtió que las propuestas anunciadas para reformar la Ley Orgánica del Trabajo acentuarán la salida de capitales, por lo que exhortó a la comisión presidencial que redacta la norma a que revise los criterios utilizados.

La institución señaló que el sesgo del proyecto hacia la redistribución y la intención de traspasar al sector privado parte de las cargas sociales que debería ser afrontada por el Estado (educación, salud y vivienda) serán negativos para las empresas.

"Esta decisión dificultará, en grado variable, la reposición de equipos, la introducción de innovaciones productivas y la creación de empleo, pues disminuye los incentivos a la inversión reproductiva y estimula la inversión especulativa", dijo Luis Mata Mollejas, presidente de la academia.

Agregó que una legislación como la propuesta, en vez de contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores, terminará aumentando la inflación, el desempleo y la informalidad.

"En la práctica, se profundizará la dualidad que caracteriza al mercado laboral venezolano, al propiciar la destrucción de empleos de calidad al tiempo que se promueve el desarrollo del mercado informal, que ya tiene dimensiones alarmantes".

Mata Mollejas advirtió que si los cambios avanzan el régimen laboral de Venezuela se alejará de los que prevalecen en los países vecinos, lo cual restará competitividad internacional y se traducirá en más importaciones.

Ver las consecuencias. La academia comparte el criterio de que el país necesita una reforma que mejore las condiciones de los trabajadores, pero debe apuntar a mejorar el funcionamiento del mercado laboral, lo que supone reducir sus rigideces.

Mata Mollejas dijo que deben tomarse en cuenta las consecuencias macroeconómicas.

"Las mejoras distributivas en el presente no pueden sacrificar el potencial productivo para la satisfacción de las necesidades materiales de las generaciones futuras".

Indicó que, en el caso del sector público, la modificación propuesta tendrá un impacto negativo considerable por la importancia que tiene el Estado como empleador (2,6 millones de trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística) y por los pasivos laborales acumulados.

"Una reforma laboral que tienda a incrementar el gasto público, porque aumentará los requerimientos de transferencias presupuestarias a las empresas del Estado, agravará los desequilibrios fiscales y hará menos sostenibles las finanzas públicas presentes y futuras".

La institución prefirió analizar la incidencia general del proyecto en discusión en vez de las consecuencias particulares de algunas medidas específicas, como el regreso del régimen retroactivo de prestaciones sociales o la creación de un fondo gubernamental para manejar el dinero de este beneficio.

(Publicado por El Nacional – Venezuela, 23 abril 2012)
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