Monarquía x Ley
España : "No hay razones jurídicas para excluir al Monarca de la ley de transparencia"
El anteproyecto de ley de transparencia aprobado por el Consejo de Ministros excluye del ámbito de aplicación de la ley a la Corona. La razón: que no es una "Administración pública", según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Después de la agónica semana del Monarca, tras su accidente en Botsuana cazando elefantes en un viaje no conocido por la opinión pública y pagado por un empresario de origen sirio, que ha motivado que por primera vez el Rey haya pedido disculpas a la ciudadanía, son muchas las voces que se alzan exigiendo mayor transparencia a la Casa del Rey.
Cinco juristas analizan las razones jurídicas para excluir a la Corona de la ley, con una conclusión mayoritaria: la jefatura del Estado debería estar sometida a los principios de transparencia igual que el resto de órganos constitucionales que sí entran dentro del ámbito de la ley: el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas. La transparencia en estos casos alcanzará no a toda su actividad, según el anteproyecto de ley, sino a sus funciones administrativas.
Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho y padre de la Constitución, se pronuncia tajante: "No tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la ley de transparencia. Y menos después de las palabras de ayer del Rey. Quizá en sentido muy estricto no sea Administración pública, pero en sentido amplio, es la máxima de las administraciones públicas, la que representa la unidad del Estado".
"El argumento del Gobierno no está en la lógica ni en el espíritu de la norma", coincide José Manuel Rodríguez Uribes, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. "Se trata de la jefatura del Estado, la más alta institución pública desde el punto de vista de la representatividad, y debe haber publicidad en relación a sus actividades. Habría un argumento para la exclusión de la Corona si se hubiera decidido limitar la transparencia a las administraciones general, autonómica y local del Estado, pero esto no se ha llevado a cabo y no sería lógico que se hiciera. Por lo tanto, si se han incluido órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué se trata a la Corona de forma distinta? Otro tema sería que la ley definiera un espacio de privacidad para el Monarca, que se podría justificar, pero la exclusión global no tiene sentido. Por otro lado, precisamente en este momento sería muy sano que la Corona se incluyera dentro de una ley de este tipo con total normalidad democrática".
De la misma opinión es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Antonio Torres del Moral. "Si nos ponemos estrictos, las Cortes tampoco son una Administración pública porque tienen su propia administración, con su presidente y funcionarios. Pero a nadie se le ocurriría excluirlas de una ley que trata de mejorar la transparencia del funcionamiento del Estado. Es imposible negar la dimensión pública de la jefatura del Estado, y por lo tanto la transparencia debe alcanzar a la institución igual que a las demás. Todo lo que hace la Corona que no sea un mero asunto privado tendría que estar bajo luz y taquígrafos".
"Puede que sea una administración singular, pero es una administración a fin de cuentas, un órgano con su estructura organizativa”, coincide Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. “No se entiende que haya una institución en un Estado democrático que sea opaca. Creo que el anteproyecto de ley tiene una laguna que debería ser subsanada ahora o a través de alguna enmienda en su tramitación parlamentaria".
Discrepa ligeramente Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. “La Corona es un poder constitucional un poco especial”, señala. "Por ejemplo, la administración del presupuesto es libre por parte del Rey, lo que no ocurre con otros órganos constitucionales. Tampoco es una institución a la que se puedan pedir reclamaciones o peticiones, ni tiene relación directa con los ciudadanos. Si se acepta la monarquía, se acepta con todas sus consecuencias y sus características especiales. Si queremos democratizar la Corona del todo, quizás lleguemos a la conclusión de que no tiene sentido mantenerla como forma de Estado". En todo caso, indica que sería partidario de incluirla dentro de la ley de transparencia, "pero con más limitaciones y prevenciones que en el caso de otros órganos constitucionales".
"En ningún país de la Unión Europea con ley de transparencia se hace una exclusión de la monarquía, sino que la ley se aplica por igual a todas las instituciones públicas", asegura Victoria Anderica, responsable de campañas de la organización a favor de la transparencia Access Info Europe. "El Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos reconoce las casas reales como una excepción posible, pero son excepciones y no exclusiones. Es decir, que el principio es que sí se puede acceder a la información de la Corona y solo si se causara un daño demostrable se limitaría el acceso. Si se pueden fiscalizar las funciones administrativas del resto de órganos constitucionales, ¿por qué no las de la Casa del Rey? Además, siguiendo la propia lógica del Gobierno a la hora de redactar la ley, que limita el acceso a la información administrativa de todas las instituciones públicas, excluir a la Corona tiene aún menos sentido".
Perdón por el zafarí
La historia cuenta que los reyes no piden perdón. Como mucho, rectifican sin reconocerlo expresamente. Pero la historia, no solo la española, sino la de las monarquías occidentales, dio ayer un salto inesperado en Madrid. Con mirada compungida, un tono de voz bajísimo, y una clara intención de recuperar el favor perdido de la opinión pública, el Rey de España rompió en 11 palabras una de las tradiciones más arraigadas en cualquier monarquía: "Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir". No citó la cacería en Botsuana, no explicó más, pero parece obvio que hablaba de eso.
Lo dijo ante una cámara de RTVE situada en la puerta de la habitación del hospital USP San José, poco antes de abandonarlo tras ser dado de alta cuatro días después de su operación de la cadera. Su mensaje causó inmediatamente una conmoción política. El problema, hasta ayer silenciado oficialmente, estalló.
Detrás de esa breve frase está el intento por minimizar el daño de una crisis institucional sin precedentes causada por la decisión de don Juan Carlos —en una de las peores semanas de la crisis económica— de irse a cazar elefantes en un elitista safari en Botsuana con un coste de unos 40.000 euros. Una caída le provocó una ruptura de una cadera. Solo eso forzó que un viaje privado y secreto fuera conocido por todos los españoles 36 horas después de la caída, cuando el Rey ya estaba en el hospital en España.
Ese escándalo se sumaba inmediatamente a todos los problemas de la Casa del Rey en los últimos meses, en especial el caso Urdangarin, al que se añadía el accidente con una escopeta de su nieto mayor, Felipe Marichalar. La secuencia convertía el asunto en un cóctel de mala imagen de complejísima gestión.
El Rey fue informado desde el primer momento de las reacciones que provocaba en la sociedad su viaje a un lujoso safari pagado por Mohamed Eyad Kayali, un empresario saudí que suele representar a la casa real de este país, según adelantó ayer El Mundo y confirmó este periódico.
Los principales responsables de la Casa del Rey mantuvieron a don Juan Carlos al corriente de todas las críticas que estaba recibiendo. Leyó la prensa, escuchó la radio, vio la televisión. Le dieron un consejo claro: tenía que hacer algo para intentar recuperar su imagen, que durante los 36 años de reinado jamás había sufrido un deterioro tan rápido y tan profundo.
La estrategia la trazaron Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey desde septiembre de 2011, y Javier Ayuso, responsable de comunicación desde hace solo un mes y medio. Desde el lunes estaba muy claro que iba a decir algo, aunque no se sabía ni cómo ni qué. Finalmente, no fue una explicación, como se planteó inicialmente, sino una disculpa muy directa y muy breve: 4 segundos.
La política ha vivido las últimas horas con una enorme y creciente preocupación. Mientras la polémica crecía en la ciudadanía, los dos grandes partidos mantenían una especie de pacto de silencio que poco a poco se iba rompiendo, especialmente del lado del PSOE.
El Gobierno y el PP han mantenido un silencio estricto, remitiéndose a los comunicados de La Zarzuela. El PSOE dijo sin decir: “No comentamos la agenda privada del Rey, ni cuando nos gusta ni cuando no nos gusta”. Las críticas directas solo llegaban desde algunos barones socialistas, desde la izquierda, algunos nacionalistas y sobre todo ERC.
Pero lo cierto es que tanto en el Gobierno como el PSOE había —y hay— mucha preocupación. Un problema de imagen del jefe del Estado, en plena crisis económica, con la política en horas bajas de valoración, con tensiones nacionalistas crecientes, es el peor de los escenarios. Así que muchos confiaban en que el Rey hiciera algo, aunque solo algunos —el lehendakari Patxi López, por ejemplo— se atrevían a reclamar que pidiera perdón.
Desde el martes, se esperaba que el Rey reaccionara con esa petición de excusas. El Ejecutivo no quiere reconocer oficialmente que estaba informado previamente, y se limita a decir que la disculpa es una decisión del Rey que el Gobierno “respeta”. Sin embargo, la noticia era más que esperada en los círculos del poder.
El PP se apresuró a enviar un comunicado en el que señalaba que apoya a “una monarquía que está en sintonía con lo que el pueblo español espera y necesita de ella”. El PSOE fue más explícito: “El Rey ha hecho bien en disculparse”, señalaron fuentes de este partido. Mientras, desde IU, Gaspar Llamazares agradeció las disculpas, pero sentenció que mejor sería una rectificación y una nueva política de transparencia de la Casa del Rey.
Más respaldo político llegó desde México, donde Mariano Rajoy, sin referirse a la polémica —no ha dicho nada estos días— reivindicó la trayectoria del Rey. “Es el mejor embajador de España, es de justicia reconocer su méritos y su dedicación de tantos años al progreso de España y de los lazos que nos unen con la comunidad iberoamericana”. Rajoy fue criticado por no haber impedido, como presidente y por tanto responsable de los actos del Rey, el viaje a Botsuana.
Todas las fuentes consultadas del Gobierno y el PSOE confían en que esta reacción inédita del Rey enfríe la polémica. Pero nadie da ni mucho menos por resuelta la crisis. Ahora queda mucho trabajo por hacer. Para empezar, dar mayor transparencia a los actos de la familia, como corresponde a una monarquía y un país del siglo XXI. Pero sobre todo para enfrentarse al escándalo del caso Urdangarin, en el que ahora aparecen correos electrónicos que hablan de gestiones del propio Rey a favor de su yerno.
Don Juan Carlos marcará un perfil bajo en las próximas semanas, mientras el Príncipe Felipe ocupará el primer plano, aunque nadie se plantea en este momento la abdicación. En su breve alocución, el Rey dejó claro que está deseando volver al trabajo. El viernes mantendrá su despacho semanal con Rajoy para dar sensación de normalidad. Los protagonistas de esta crisis saben que en este momento hay cualquier cosa menos normalidad. Pero todos confían en que estas disculpas sirvan al menos para intentar recuperarla en el futuro.
(Publicado por El País – España, 19 abril 2012)
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