Argentina: Más quejas por las restricciones al ingreso de libros importados

Las restricciones al ingreso de libros y revistas impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, provocaron una fuerte polémica porque obligan a los particulares que compran publicaciones en el exterior a buscarlas en Ezeiza y a editoriales y librerías a recurrir a un servicio de despachante de aduana para los pedidos inferiores a 50 kilos y 1000 dólares.

Hasta la entrada en vigor de la curiosa normativa, una persona podía comprar un libro, por ejemplo, en Amazon y el servicio de correo privado acercaba el ejemplar hasta el domicilio. Ahora el comprador deberá ir hasta Ezeiza y esperar una autorización para llevarse lo que compró. En Aduana deberían chequear que la tinta de las publicaciones no contenga cantidades de plomo superiores al 0,05 y el 0,06% en su composición química.

Nadie sabe cómo ni cuánto tiempo podría demorar ese tipo de análisis, que fueron adjudicados al laboratorio TUV Reinhald.

Desde Santa Fe, el investigador emérito del Conicet, ex titular del Parque Tecnológico Litoral Centro y docente de la UNL Alberto Cassano ya siente en carne propia el faltante de libros científicos en inglés en las librerías de todo el país. "Yo necesito esos libros para continuar mis investigaciones y recientemente, por un envío de una docena de libros que adquirí por Internet, la Aduana de Santa Fe me cobró un recargo del 50 por ciento. Terminé pagando unos 4000 pesos", comentó a LA NACION.

En este contexto, escritores e intelectuales argentinos manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de medidas que limitan el acceso a bienes culturales .

El grupo de intelectuales de Plataforma 2012 criticó con cierta ironía la medida, al sostener que las prevenciones que aduce la Secretaría de Comercio Interior para tomar tal medida se refieren a que las tintas usadas en la impresión pueden contener más de 0,06% de plomo y que, por lo tanto, pueden ser peligrosas para la salud de la población. "Causa estupor que el mismo gobierno que acepta la utilización de sustancias químicas contaminantes en la megaminería a cielo abierto alegue ahora razones de índole sanitaria para tomar una medida tan engañosa como falsa", dijo este grupo, integrado por Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Luis Felipe Noé, Maristella Svampa y Herman Schiller, entre otros. "Sería bueno escuchar qué opinan de estos acontecimientos los ministros de Educación, de Ciencia y Tecnología y el director de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas directamente afectadas por las medidas", agregaron lo intelectuales.

El ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, calificó la medida como "inconducente" y pidió a Moreno que "reflexione" para dar marcha atrás con las limitaciones, al opinar que "estamos en un límite muy complicado".

Consultada por los efectos de la normativa, la gerenta de la Cámara Argentina del Libro, Diana Segovia, dijo que la nueva disposición es "fuerte porque afecta a los particulares; en el comercio grande es relativamente poco el impacto pero en la percepción es enorme porque ahora un particular no puede recibir su libro o revista como siempre", expresó a LA NACION. En esa Cámara, de todos modos, relativizaron los efectos negativos de las nuevas exigencias comerciales porque las grandes editoriales firmaron un convenio con Moreno para poder importar en la posición arancelaria 4901 a cambio de que también se hagan exportaciones.

La escritora María Rosa Lojo no dudó en calificar esta medida de "mala noticia". "Para quienes nos movemos en el mundo de la letra impresa es una mala noticia, en tanto afecta directamente a los pequeños compradores y consumidores. Obligar a concurrir a Ezeiza personalmente a un escritor o un investigador que ha adquirido por Amazon un libro o una revista académica no va a solucionar el problema de la balanza comercial, y sí va a entorpecer, en cambio, el desarrollo de una investigación que necesita los libros como insumos", opinó.

Por su parte, Leila Guerriero, periodista y autora, se preguntó por las consecuencias prácticas de esta medida. "¿Los suscriptos a revistas extranjeras tendrán que peregrinar una, dos o tres veces por mes a Ezeiza a retirar ejemplares?" Guerriero recibe varios envíos por mes de libros y revistas: "Lo que antes era expectativa ahora será un regalo envenenado: nadie dispone del tiempo (ni de los recursos) para hacer un viaje caro, largo, que tomará horas. Las consecuencias son claras: recibir libros empezará a ser un problema", dijo.

POSTERGAN EL ACUERDO CON TARINGA!

El acuerdo que iba a rubricar ayer la Cámara Argentina del Libro con el sitio Taringa! para frenar la piratería de textos en Internet fue postergado por una reunión sobre las limitaciones en la compra de libros al exterior. El convenio será firmado por ambas partes en los próximos días. "Es un acuerdo para trabajar en dar de baja del sitio contenidos con derecho de autor protegidos; es un servicio para proteger a las editoriales y los autores", dijo la gerenta de la Cámara, Diana Segovia. Aunque Segovia no lo mencionó, las editoriales accederían a desistir de las demandas judiciales contra Taringa!

Aduana

Casi a las seis de la tarde, ayer, cuando muchos ya habían cerrado sus oficinas, los socios de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) recibieron un mail con información inquietante. “Hace escasos minutos hemos tomado conocimiento que la Aduana ha bloqueado la salida de mercadería liberada, tanto sea de los depósitos fiscales como así también de las terminales portuarias”, decía. El dato, explicaban, se lo había mandado un despachante de aduana a su cliente, una editorial socia de esa Cámara, una de las dos que representan a los editores del país (la otra es la Cámara Argentina del Libro).

“Toda esta inesperada e imprevista acción estaría orientada a poner en marcha el nuevo sistema de verificación exhaustiva informada por los medios de prensa hoy a la mañana”, sigue diciendo el despachante. Sería otra medida del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

“Suponemos que se trata de la resolución de verificar todos los contenidos de los containers, para ver si se ajustan a las declaraciones”, dijo a Clarín Héctor Di Marco, presidente de la CAP. “Me enteré hace cinco minutos y de manera no oficial”.

¿Qué van a hacer? Mañana tomaremos contacto con las autoridades y veremos de qué se trata. Por ahora, sólo tenemos suposiciones.

Cuando se habla de libros importados, se habla de dos cosas: por un lado, los libros hechos íntegramente en otros países: escritura, diseño, edición, corrección, impresión. Por otro, los más numerosos: los libros cuyo trabajo intelectual es argentino pero se mandan a imprimir afuera.

Las restricciones empezaron en octubre. Desde entonces, los editores tienen que presentar ante Lealtad Comercial una lista con los títulos que quieren traer.

Según varios de ellos, les aprueban alrededor del 70 %. “Desde octubre dejé de importar”, cuenta un editor. “En particular, esos libros de los que traía 200 ejemplares. Tenés que mandar un formulario, te piden el movimiento de los últimos años, si vas a exportar, etc. Después no sabés cuánto van a tardar en salir. Por si fuera poco, se paga unos 6000 dólares por mes por cada contenedor”.

A principios de mes entró en vigor la resolución por la que el Estado controla que la tinta con que vienen impresos los libros no tenga más que el 0,05 % de plomo. Esto volvió a demorar y encarecer el trámite, aunque el sector repita –en off; en las declaraciones abiertas no hay quejas– que prácticamente no se usa tinta con plomo en el mundo y que existen verificadoras que hacen ese trabajo en el lugar donde se imprime. En este punto se paró ayer Juan Carlos Sacco, vicepresidente 1° de la Federación Argentina de la Industria Gráfica. (FAIGA). “Si uno pone el dedito en la lengua para cambiar de hoja puede ser peligroso”, dijo en una entrevista radial. “Capaz que a la Biblioteca Nacional hay que ir con guantes, barbijo y alcohol en gel. Ojo con la pandemia de la hoja escrita”, se burló, en Facebook, un editor.

El control del plomo, indicaron en la Cámara del Libro, no regía para envíos de menos de 500 ejemplares. “Esto inhabilita el argumento de la salud”, decía el director de la filial argentina de una editorial multinacional. “Para el que toca ese libro, es lo mismo si entraron 2, 500 o 100.000”.

Hace unos días, se dificultó también la entrada de libros por el sistema de courier, un correo privado que permite traer mercadería por menos de 1000 dólares y hasta 50 kilos. Los paquetes ya no llegaban a domicilio sino que había que pagar y retirarlos en Ezeiza.

Cuidadoso, en declaraciones públicas el presidente de la CAL, Isaac Rubinzal, negó días atrás que hubiera libros parados. Pero se mostró preocupado por lo de los couriers: “No es un volumen significativo, son monedas”, dijo.

Por courier, explican los editores, llegan, por ejemplo, las pruebas que las imprentas mandan antes de hacer la tirada definitiva. O los 20 ejemplares que recibe un autor cuando le va bien y lo traducen afuera, algo que este mismo gobierno favoreció, con la implementación del programa Sur, que financiaba traducciones de autores argentinos.

Editar en Argentina, cuentan, se ha complicado también por la dificultad para mandar dinero al exterior. “Tardamos dos meses y medio en poder pagar una foto para una tapa, eran 500 dólares”, contaban ayer en una editorial. Y ahora, a revisar containers.

Resolución

Desde la Cámara Argentina del Libro reclamaron que no haya ninguna restricción para ingresar al país los pedidos de editoriales y particulares. De acuerdo a la disposición oficial, si hoy se compra un libro por Internet, se debe ir a retirarlo al sector de "cargas" de Ezeiza.

El presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), Isaac Rubinzal, planteó hoy que "los libros no tienen que tener ninguna restricción" para ingresar al país, al referirse a las trabas para la comercialización de ese tipo de materiales que se produzcan en el extranjero.

Según se difundió esta mañana, este mes entró en vigor la resolución 453/2010 de la Secretaría de Comercio Interior al ser instrumentada por la disposición 26/12 de esa misma dependencia, por la que antes de la comercialización o ingreso al país de las publicaciones extranjeras deberá certificarse que las tintas que se utilicen en productos gráficos no contengan "más de 0,06 por ciento de plomo".

La normativa, según explica hoy el diario La Nación, supondrá que los particulares que deseen hacerse de un libro comprado por Internet a un vendedor en el exterior deberán concurrir a retirarlo a Ezeiza, al sector de "cargas", y lo propio deberán hacer los libreros.

El objetivo de la medida es proteger la "seguridad de la población" mediante "mecanismos de control tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos", según el argumento oficial.

Al referirse a esas complicaciones, Rubinzal sostuvo en declaraciones a radio Mitre que "un libro no tiene que tener ninguna restricción" para entrar al país.

"El libro es un saber universal, y si necesito un libro mexicano, tiene que poder entrar", planteó.

Sin embargo, aclaró que "por otro lado, están los servicios gráficos, que es imprimir afuera". Allí "creemos que hay que ir discutiendo con los gráficos y los papeleros" sobre la necesidad de imprimir en el país lo que se imprime afuera, dijo.

Las restricciones conocidas en las últimas horas son un control "de tintas y otros insumos, un sistema similar al de juguetes", comparó.

Sobre la situación en la CAL, remarcó que sus asociados son mayormente pequeñas y medianas empresas que han "equilibrado" sus operaciones de comercio exterior.

"De los 503 asociados, 105 tuvieron operaciones de comercio exterior como importadores o exportadores y se hizo la compensación. Del 28 de octubre al 1 de febrero tenemos las cuentas equilibradas", reveló

(Publicado por El Clarín y La Nación – Argentina, 29 marzo 2012)
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