Chile: Estado tramita decreto para indemnizar a jueza Atala

El Ministerio de Justicia ya inició los trámites para emitir el decreto y pagar las indemnizaciones a la jueza Karen Atala y sus tres hijas.

La decisión se adoptó inmediatamente después que salió el fallo de la CIDH - Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile por ser responsable de violar el "derecho a la igualdad y a la no discriminación". Esto, por el fallo de la Corte Suprema de 2004 que le quitó la tuición de sus tres hijas a la magistrada debido a su condición sexual.

Una vez que esté listo el decreto debe tramitarse en la Tesorería General de la República.

"Ya hemos comenzado todas las tramitaciones internas para dar cumplimiento oportuno e íntegro a la sentencia en materia de indemnizaciones- y tal como lo señaló el ministro Ribera- en todo su contenido", aseguró la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez.

El miércoles pasado ya cumplieron con otra de las exigencias que hace la CIDH, al publicarse en la página web de la cartera de Justicia la sentencia completa. Ésta deberá permanecer en el sitio durante un año.

En los próximos días, además, se publicará el resumen del fallo en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional, para cumplir con esa sanción.

Según la CIDH, el Estado debe pagar a la jueza Atala US$ 20 mil por daño inmaterial, y US$ 10 mil a cada una de sus tres hijas. Además tendrá que destinar US$ 12 mil para cubrir las costas y gastos del proceso.

En caso que lo soliciten las víctimas también deberá brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita.

Tras analizar la sentencia, la subsecretaria destacó que la CIDH "haya compartido la posición del Estado chileno en el sentido de que no se trata acá de un problema legislativo sino interpretativo, es decir la Corte señaló que la legislación chilena no entraña elementos discriminatorios".

Pérez explicó que lo que aún no se ha analizado es cómo se va a realizar el acto público de reconocimiento "de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso", otro de los requerimientos del tribunal.

En dicho acto tiene que participar un representante del Gobierno. "Tenemos que coordinarnos internamente con la cancillería y el Poder Judicial", sostiene la subsecretaria. A este evento será invitada la jueza Atala y sus hijas.

El fallo también está siendo analizado por el Poder Judicial, el que ya subió a su página web la sentencia

Califican de ilegítima sentencia de la CIDH

Como "ilegítima" calificó la sentencia de la CIDH, el dr. Reynaldo Bustamante, abogado peruano que representó a las tres hijas de la jueza Karen Atala.

Bustamante, quien también es presidente del Instituto Solidaridad y Derechos Humanos, llegó la madrugada de domingo desde Perú, y explicó que en el proceso hubo tres vicios procesales por los cuales la CIDH debería haber anulado todo lo obrado, como se solicitó en una oportunidad y fue rechazado. "Se está presentando como discriminación un caso que es exclusivamente de tuición", dijo.

El primer vicio es que las tres menores -calificadas como víctimas-, ni su representante legal ni su padre, Jaime López, nunca fueron notificados del proceso mientras estuvo el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Las niñas no tuvieron la oportunidad de decir su parecer sobre este caso, y según la legislación, debieron ser consultadas", dice.

El segundo vicio se refiere a la falta de antecedentes procesales, como el expediente del caso que tiene los medios de prueba, en el cual se basó la Corte Suprema en 2004 para otorgarle la tuición al padre. "Dos asesoras del hogar que trabajaron con la familia dicen que no vieron a la mamá cuidar a la niña, no les preparaba el desayuno ni el almuerzo, y que el que las atendía era el padre. Y un perito dijo que tenían mayor cercanía con el padre", aseguró.

El tercer vicio es que el 8 de febrero se los notificó que dos de las menores declararían en el proceso, sin presencia de su abogado y el mismo día en que se estaba realizando la diligencia. A la tercera niña no se le tomó declaración, y por eso ella envió una carta a la Corte para que la escucharan, lo que nunca se hizo. "Nos sorprende que el Estado no haya tenido una actitud más enérgica procesalmente para defender los derechos de las niñas", enfatizó Bustamante.

"Va a pasar a la historia como la sentencia más vergonzosa de la CIDH, por los graves vicios cometidos".

Para leer la sentencia en la integra de la CIDH: Presione aquí

(Publicado por El Mercurio – Chile, 26 marzo 2012)
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