Colombia: Cortes denuncian complot para enlodar a la Justicia

Las altas cortes del país salieron en una sola voz a rechazar la que consideran una campaña de desprestigio en contra de la Justicia.

Los presidentes de las cortes Constitucional, Gabriel Mendoza, y Suprema, Javier Zapata; y del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y de la Judicatura, Ricardo Monroy, cuestionaron las denuncias que aparecieron en la Comisión de Acusación y que mencionan a prácticamente todos los magistrados del país como supuestos implicados en el escándalo del 'carrusel' de pensiones que ha sacudido la polémica Sala Disciplinaria de la Judicatura.

"Hay una campaña dirigida a enlodar a la Rama Judicial (...) Han utilizado los medios masivos con información tendenciosa -dice el magistrado Gómez, presidente del Consejo de Estado-. Todo lo que han hecho los subversivos en cincuenta años no ha sido tan gravoso para el país como lo que se hizo en estos días".

A su vez, Mendoza, presidente de la Corte Constitucional, cuestiona el manejo que se hizo de la información de las supuestas denuncias en varios medios. "Hay una desinformación que está generando un grave deterioro para la imagen de la institucionalidad, en particular de la Rama Judicial", aseguró Mendoza.

Como vocero de las cuatro cortes, el magistrado Mendoza dice que "no hay espíritu de cuerpo" en los altos tribunales y que son los primeros interesados en que los responsables del 'carrusel' sean sancionados. Pero advierte que es descabellado sostener que todos los magistrados del país incurren en esas prácticas.

¿Cómo reciben las cortes la posible apertura de investigaciones contra más de 200 magistrados titulares y auxiliares en la Comisión de Acusaciones?

Con sorpresa, porque entendemos que esas denuncias o esas supuestas denuncias están basadas en hechos que son absolutamente contrarios a la realidad y parten de unos hechos que generan curiosidad, en la medida en que casi todos los despachos de los magistrados de las altas cortes recibieron unos derechos de petición en que se nos solicitaba informar los nombres de todos los magistrados auxiliares, que luego aparecen en una denuncia. Obviamente, esto está generando un daño enorme a la institucionalidad, porque está poniendo en tela de juicio a toda la Rama a través de unos supuestos que son absolutamente contrarios a la realidad.

¿Son denuncias infundadas?

En la generalidad de los casos, ninguna de esas personas que hacen parte de la planta de los despachos está cerca de pensionarse. Pero se ha creado una imagen, una impresión absolutamente contraria a la realidad. Por supuesto, sabemos que hay casos que se están investigando porque parece ser que ha habido situaciones que no se compadecen con el ejercicio de la función administrativa, de la función pública. Pero nos inquieta el hecho de que algunos medios, sin verificar, sin esperar que inclusive se hiciera un pronunciamiento de fondo por parte de los organismos que están investigando los casos, difundieran de forma tan espectacular esa información.

Pero se trata de una información que difunde la Comisión de Acusación de la Cámara. ¿La Comisión les dio a esas denuncias un alcance que no tienen?

No conocemos el origen de esta información. Pero lo cierto es que desestabiliza. Lo único con lo que cuenta la institucionalidad en materia de Justicia es la imagen, la credibilidad y la honestidad de los jueces. Si eso se pone en duda, así tan fácilmente, pierde toda la sociedad. La idea no es oponernos a ese tipo de investigaciones. Por el contrario, si hay lugar a ellas hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias; todos queremos eso. Pero nos preocupa que se tomen informaciones aisladas y, sobre todo, infundadas, para crear un ambiente que está dañando la imagen de la institucionalidad en momentos en que se está adelantando un proceso de reforma de la Justicia. De ahí podrían derivarse propuestas, ideas... Para subsanar cosas que en realidad no existen.

¿Quién podría estar interesado en lesionar la imagen de la Justicia?

La pregunta es muy interesante, pero nosotros no podemos calificar certeramente de dónde provienen este tipo de situaciones. Creemos que, en parte, esto se ha suscitado porque hay una tendencia de los medios a crear expectativas frente a la opinión y presentar como problemáticas generalizadas situaciones que no tienen esa connotación. Hacemos un llamado de atención a los medios, entendemos que este es un problema que puede generar audiencia, pero este tipo de situaciones no se pueden manejar con espectacularidad. Esto impacta en el ánimo de la ciudadanía, en la confianza por las instituciones. Jugar con la imagen, con el buen nombre, con el prestigio de la administración de Justicia, es peligroso para la sociedad. Si nosotros estamos llamados a realizar las expectativas que tiene la ciudadanía en torno a la justicia y tan ligeramente nos catalogan como parte de una problemática tan sensible, se genera un daño a la institucionalidad del país.

La Contraloría investiga varios casos en los que aparecen indicios sólidos de ese 'carrusel' pensional. ¿Aquellos que sí están implicados en estas prácticas terminan beneficiándose de que se extienda la duda sobre todas las cortes y todos los magistrados?

No podría afirmarlo de manera categórica. No podemos dar por sentado que las investigaciones que por esa razón se están adelantando culminen de esa manera. Por eso hay que pedirles mesura a los medios. Obviamente, uno podría pensar que esto esté siendo manipulado para efectos de buscar unas implicaciones. Lo que nos preocupa es la manera como se ha presentado una noticia basada en documentos que no respaldan para nada las conclusiones preliminares que se hicieron. Que todos los magistrados estamos metidos en eso del llamado 'carrusel'. Eso no es así.

¿No podría interpretarse esta posición de las cortes como una resistencia a ser sometida a controles? ¿No hay indicios creíbles de que sí hubo nombramientos de magistrados auxiliares que terminaron multiplicando sus pensiones de manera irregular?

Eso es lo que está siendo objeto de investigación. Lo que nos preocupa es que se generalice una situación que es particular y frente a la que esperamos se haga total claridad. No se trata de ningún espíritu de cuerpo, sino de una preocupación real sobre el daño que se les ha hecho, al país y a sus instituciones, con el manejo de estas informaciones que, repito, no tienen fundamento. Esa es la reflexión que queremos generar. De otro lado, las cortes están abiertas a las investigaciones a que haya lugar por parte de las autoridades correspondientes. Si alguien no ha cumplido con su obligación y ha sido inferior a sus responsabilidades, debe responder. Pero lo que no puede generarse es que a partir de anónimos y de versiones poco sólidas se generalice y se cuestione a todos los magistrados del país. Por eso el llamado a los medios de comunicación es a analizar objetivamente las informaciones, a esperar que haya decisiones concretas y a no dejarse llevar por un afán de espectacularidad que no le sirve al país.

Consejo Superior de la Judicatura

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Ricardo Monroy, pidió análisis antes de divulgar informaciones. "No podemos perder de vista, como sociedad, el valor de las instituciones. Ese valor lo estamos afectando al minar la reputación de los jueces", dijo.

Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Javier Zapata, dijo que los señalamientos podrían generar impedimentos ante eventuales investigaciones que tengan que asumir. "Pedimos justicia por parte de los órganos que nos juzgan, pero encauzada por los rumbos normales", señaló.

La Corte Constitucional

El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Gabriel Mendoza, admitió que al parecer ha habido nombramientos irregulares. "Parece ser que ha habido hechos en los que sí se ha incurrido en situaciones que no se compadecen con el deber de la función administrativa", agregó.

Contraloría y Comisión pujan por Judicatura

En manos del Consejo de Estado está definir uno de los conflictos de competencia más polémicos de los últimos años: ¿el fuero de los magistrados se aplica también a los casos fiscales?

La Comisión de Acusación pretende quedarse con la investigación que abrió la Contraloría contra varios miembros de la Judicatura que, según el organismo de control, nombraron magistrados auxiliares que terminaron con pensiones millonarias, gracias a un cuestionado decreto de 1971 que permite que los empleados de la Rama Judicial se pensionen con el mejor salario del último año, aunque sus aportes no correspondan.

Pese a que el caso se refiere a un escándalo revelado por los medios hace más de un año, la Comisión solo lo empezó a mover después de que la Contraloría abrió juicios fiscales contra varios magistrados de la Judicatura, algunos de los cuales señalaron públicamente que esa entidad no podía investigarlos debido a su calidad de aforados.

Los nombramientos en la Judicatura, especialmente en la Sala Disciplinaria, habrían impactado al sistema pensional en al menos 13.000 millones de pesos. La razón estriba en que los cortos lapsos de trabajo en esa alta corte les permitieron a decenas de magistrados auxiliares multiplicar por cuatro pensiones que estaban inicialmente sobre los 4 millones de pesos.

Cuando la Comisión de Acusación reclamó el caso, la Sala Disciplinaria nombró conjueces para que dirimieran el conflicto de competencias. La Contraloría le pidió al Gobierno que consultara al Consejo de Estado, pues no consideraba legítimo que el mismo órgano al que pertenecen los investigados resolviera la colisión.

(Publicado por El Tiempo – Colombia, 11 marzo 2012)
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