Costa Rica: Sala IV frena ley que permite abrir bares cerca de escuelas

La Sala IV frenó ayer la aprobación final del proyecto que permitiría abrir bares y otorgar permisos de venta de licor a 200 metros de escuelas, colegios, centros de salud y templos religiosos.

Incumplir la ley vigente no presenta mayores complicaciones para los dueños de bares. Un ejemplo se da en el cantón josefino de Tibás, donde la taberna Palermo abre sus puertas diagonal a la iglesia católica.

La regulación vigente establece en 400 metros la distancia que debe existir entre una cantina y dichos servicios públicos.

Por otra parte, la iniciativa pretende regular la entrega de permisos para vender licor, lo cual, según los proponentes, vendría a sustituir la entrega de patentes y, de esa forma, desestimular la venta y alquiler de este tipo de permisos.

Sin embargo, debido a la declaratoria de inconstitucionalidad, el plan no podrá ser votado en segundo debate y los legisladores deberán enviarlo a revisar a la Comisión legislativa de Consultas de Constitucionalidad.

Más problemas. Los magistrados de la Sala Constitucional también hallaron problemas de legalidad en la potestad que el plan le asigna a los concejos municipales para emitir permisos de venta de licor sin que medien criterios técnicos señalados por ley.

La norma vigente, que data de 1936, señala que no se puede dar más de una patente por cada 300 habitantes en un cantón, pero la propuesta elimina este límite y deja en manos de cada concejo municipal la definición de la cantidad de permisos por otorgar.

Además, permite dar más permisos turísticos para la venta de licor, lo cual propiciaría que un mayor número de locales expendan las 24 horas del día.

El plan contó con el apoyo del sector municipal, representado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

La directora de la entidad, Karen Porras, considera que este proyecto permitirá atacar el mercado negro de compra y venta de patentes y defendió la potestad de los municipios para determinar la cantidad de permisos por dar.

Ahora, el plan deberá trasladarse a la Comisión de Consultas Constitucionales, donde los congresistas deben decidir si hacen caso o no a los magistrados.

Inconformes. El pasado 16 de enero, el plenario aprobó el plan 17.410 con el apoyo de 42 diputados. Sin embargo, la firma de 10 legisladores encabezada, por el socialcristiano Luis Fishman, permitió que fuera revisada por los magistrados.

La consulta y su resultado no agradaron a la mayoría de los congresistas. "En general prefiero que sea la Asamblea la que resuelva. Independientemente si se está a favor o en contra", dijo el presidente legislativo, Juan Carlos Mendoza.

Un criterio similar exteriorizó el jefe del PLN - Partido Liberación Nacional, Luis Gerardo Villanueva, quien dijo que no veía problema en obviar el criterio de la Sala. "Las observaciones no son obligatorias", aseveró el verdiblanco.

Pero este criterio no es unánime. La diputada del Movimiento Libertario Patricia Pérez opinó que acortar las distancias fue un "gol de media cancha" que le salió mal a los diputados que lo impulsaron.

Al respecto, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, criticó a Villanueva y sostuvo que es una "irresponsabilidad aprobar una ley inconstitucional".

(Publicado por La Nación - Costa Rica, 28 febrero 2012)