Chile: Abogados coinciden en que el Gobierno debe evitar opinar sobre juicios pendientes

Varios expertos manifestaron que el Gobierno debe evitar hacer comentarios sobre procesos pendientes en materia de libre competencia. Esto, aludiendo a los dichos de diversas autoridades en torno al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del caso farmacias y que aún tiene pendiente una apelación de las sancionadas Cruz Verde y Salcobrand ante la Corte Suprema.

Tras conocerse el fallo, el Presidente Sebastián Piñera celebró la decisión del TDLC y reiteró el compromiso del Ejecutivo con la protección de la libre competencia. A ello se sumaron el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que "las pruebas aportadas demuestran que aquí hubo delito", y el ministro de Economía, Pablo Longueira, quien calificó la sanción como "ejemplar". Cabe recordar que el ministro también se refirió a la decisión de la Fiscalía Nacional Económica cuando dio a conocer el requerimiento contra las productoras de pollos, generando inquietud en el ámbito judicial.

A juicio de la abogada constitucionalista y ex senadora, Olga Feliú, "los parlamentarios y autoridades de carácter político no deben intervenir en juicios pendientes. Este (el de las farmacias) es un juicio pendiente".

En su opinión, "siempre debe tenerse la debida cautela" en relación con las sentencias judiciales que no se encuentran firmes o ejecutoriadas, tanto si se hacen observaciones a favor como en contra de ellas, ya que, según explicó, sólo cuando un tribunal superior dé a conocer su postura, se puede hablar de "una verdad jurídica inamovible".

Y agregó que "tratándose de materias de carácter económico, estos comentarios pueden afectar la imagen de las empresas que deben ser siempre respetadas". Lo anterior, explicó, sobre todo si se considera que los fallos judiciales pueden ser apelados en un tribunal superior. En opinión de la constitucionalista, si bien los jueces no se verían limitados por presiones que puedan ejercer actores políticos, "es esencial la independencia del Poder Judicial y de los tribunales para fallar en un Estado de Derecho".

Por último, remarcó que en el caso farmacias intervino la Fiscalía Nacional Económica, que es un organismo integrante del Estado, que no es político, y que corresponde a una especie de ministerio público en materias de libre competencia. "También debe respetarse la independencia de esta entidad", dijo, destacando que las autoridades políticas no tienen competencia sobre estas materias. "Son terceros ajenos a la contienda judicial que está en curso", finalizó.

Por su parte, el abogado Rodrigo Cooper, socio de Cooper y Cia, coincidió con Olga Feliú y pidió que las autoridades actúen más "prudentemente y consecuentemente (...). Creo que es muy grave que gente que tiene una responsabilidad mayor, como el propio ministro de Economía, opine antes de que un asunto esté finiquitado", dijo.

Y añadió que si el fallo hubiese exculpado a las cadenas farmacéuticas, "lo más probable es que las mismas autoridades hubieran declarado que el Gobierno no comenta fallos judiciales".

Según Cooper, con este tipo de intervenciones verbales a nivel político se está generando una "farandulización" de la justicia y se podrían estar ejerciendo presiones sobre los ministros de la Suprema a la hora de fallar. "Todos los jueces son humanos y de alguna forma les va a quedar campaneando en la cabeza eso de que para la opinión pública ya están condenadas las farmacias", aseveró.

En tanto, el socio del estudio de abogados Chaves Awad Contreras Schürmann, Miguel Ángel Chaves, desestimó que la intervención del Gobierno en procesos no concluidos pueda traducirse en presiones sobre la decisión de los ministros de la Corte Suprema.

"Confío y creo que los tribunales están ajenos a presiones y juzgan conforme a derecho", afirmó. No obstante, coincidió con los otros especialistas en torno a que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden referirse a procesos que aún están pendientes. "Eso incluso está por norma constitucional, sería una extralimitación en la función política asignada a cada poder del Estado", afirmó el abogado.

Prudencia

Los abogados pidieronprudencia y mesura en su actuar al Gobierno.

''Tratándose de materias de carácter económico, estos comentarios pueden afectar la imagen de las empresas (...). Sobre todo si se considera que los fallos judiciales pueden ser apelados a un tribunal superior", dijo Olga Feliú, ex senadora y constitucionalista

''Encuentro muy grave que gente que tiene una responsabilidad mayor, como el propio ministro de Economía, opine antes de que un asunto esté finiquitado", sotuvo Rodrigo Cooper Socio de la firma de abogados "Cooper & Cia abogados"