Paraguay: El Gobierno prepara unas 400 demandas para recuperar tierras

La Procuraduría General de la República presentó acciones judiciales contra un centenar de personas y empresas que tienen en su poder tierras que son propiedad del Indert y analiza otros 300 casos que podrían ser reclamados ante la justicia. Desde tiempos de Stroessner hasta hace unos años, unas 10 millones de hectáreas pasaron ilegalmente al dominio de particulares, revela en esta entrevista el procurador Enrique García.

"Hay presunción de que fueron favorecidos no siendo sujetos de la reforma agraria...".

–¿Es cierto que hay unas 400 demandas judiciales para recuperar tierras de gente que se adjudicó irregularmente?

No sé si son 400 o más, entre casos manejados administrativamente y judicialmente. Lo concreto es que hay unas 100 acciones judiciales hasta ahora. El argumento es que hay presunción de que fueron favorecidos no siendo sujetos de la reforma agraria, porque los adjudicados tenían una u otra relación con el poder de turno. Hubo violación de la ley. Es lo que habilita la acción de nulidad que estamos emprendiendo.

–¿Quiénes son, políticos, militares, policías, brasileños?

Hay una mesa de trabajo, conformada por la Contraloría, la Procuraduría General del Estado y el Indert, que analiza detenidamente cada caso. La comisión Verdad y Justicia presentó un informe oficial en el 2008 en el que denunció la existencia de unas 10 millones de hectáreas públicas transferidas al dominio de personas que no eran sujetos de la reforma agraria.

–Las conocidas como tierras malhabidas...

Ese es el término que se utiliza en la jerga popular, "tierras malhabidas". En la realidad son dominios otrora del Estado puestos al dominio de particulares con presunción de que existió violación de la ley, o personas vinculadas a la política, a los estamentos de poder, militares, o a los gobiernos desde Stroessner y aun después de Stroessner. Hay más datos de mala administración en materia de tierras en un libro de Efraín Alegre y Aníbal Orué que también salió en su momento, en julio de 2008. Son datos testimoniales como los de Verdad y Justicia. La Procuraduría, ya en tiempos de Nelson Mora, inició algunas acciones de recuperación, nulidad de título y reivindicación para el Estado. Con el mismo criterio, el presidente Lugo nos dio instrucciones para corroborar las irregularidades.

–¿Ese centenar de personas son propietarias de parte de esas 10 millones de hectáreas?

Según las investigaciones de la Comisión Verdad y Justicia (la comisión que dirigió monseñor Melanio Medina), los datos corresponden a los años 1954 al 2003. Es un material muy valioso que ilustra cómo se manejaba discrecionalmente, arbitrariamente la distribución de tierras.

La investigación de los desaparecidos en la dictadura y este asunto de las tierras malhabidas son temas que nunca avanzaron en este país...

Verdad y Justicia revisó todas las denuncias referentes a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. Además, dedicó todo un capítulo a las tierras malhabidas. Sus aportes deben ser corroborados para convertirse en proceso judicial. Es lo que estamos haciendo.

–¿Quiénes se beneficiaron, colorados, liberales?

Más que el color, aquí se trata de vinculaciones con los poderes fácticos. Hay varias decenas, más de dos centenas de casos que estamos acumulando hasta ahora, entre diligencias preparatorias, juicios de nulidad y requerimientos administrativos y actuaciones dentro del Indert. Indert también está haciendo un trabajo para reordenar un poco. Vamos a buscar mecanismos de saneamiento institucional. Aquí hubo filtraciones que debilitaron también la institucionalidad. Eso hay que decirlo.

–Claro, funcionarios que manejaron la institución como una empresa privada...

Aquí pasaron cosas que no debieron haber pasado. Hay un sistema que favoreció que nosotros estemos hablando todavía de reforma agraria cuando otros países ya lo han superado hace 40 años. Nuestro catastro no está terminado, por ejemplo. Bueno, está hecho en un 10%, 12%.

-Se gastaron 200 millones de dólares para nada, según el presidente del Indert...

Habrá que ver cuánto se gastó en el pasado. No pasamos del 10%. Por ahí se dice que las tierras tituladas en el Paraguay superan los oficialmente 406.756 km². Esta es una cuestión que hay que hablar con el ingeniero Villarejo, que es el director del Servicio Nacional de Catastro. En el fondo, lo que subyace es la debilidad institucional. Ndajaguerekói (no tenemos) la catastro. Por eso tenemos título duplicado, fincas superpuestas, excedente fiscal, la falta de una sistematización de la documentación que perjudica al patrimonio y al proceso de reforma agraria. Es un sistema perverso. Este descontrol hace que exista otro tipo de negociaciones. La venta de derecheras, por ejemplo, es una consecuencia de la informalidad sistémica en el tema de la venta de tierras. Hay que encarar un proyecto de modernización, trabajar en la centralización de la documentación. Enrique Riera, el ex intendente, creo que trabajó como consultor de un proyecto para unificar el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección de Registros Públicos y Geodesia (el departamento del MOPC asignado al control de las tierras).

–¿Cómo es que se puede hacer un censo de personas sin ningún trauma y no se puede conseguir un censo de la tierra?

–Es el interrogante, más todavía hoy que se puede manejar todo en forma satelital. Cualquiera hoy tiene un GPS en su auto. Hay tecnologías de primer nivel.

–Estas acciones judiciales ¿van a terminar como la batalla de don Quijote contra los molinos de viento?

–La situación, la coyuntura da para tener una cuota de optimismo. El sistema en general está pensado para que esto sea de difícil recuperación. Estamos hablando de juicios ordinarios que pueden llevar un montón de años en su tramitación, que pueden tener resultados inciertos y que pueden terminar con argumentos de cuartos y quintos compradores. Ellos pueden argumentar: “yo soy un comprador de buena fe”. Se puede instalar discusiones casi interminables. El sistema está corrompido en su estructura interna. La documentación es deficiente, desordenada, improductiva y favorece la confusión y la corrupción, en primer lugar. En segundo lugar, el sistema judicial de recuperación es un sistema lento, burocrático, incierto y que no aporta mayormente para dar seguridad jurídica.

–La lista de querellados, de gente influyente, ¿también abona la impracticabilidad de la recuperación de las tierras?

–Esta gente se va a defender. En algunos casos tienen mucho poder económico, o por lo menos tienen la posibilidad de contratar buenos abogados y, por sobre todo, tienen argumentos para defenderse.

–La prescripción...

–Es una posibilidad. Conste que según nuestra ley, la nulidad no genera derecho. No se perfeccionan. No se convalidan. El Poder Judicial va a tener que decidir. El Ejecutivo no tiene facultad por sí. Es ahí donde el sistema es débil porque los pasos son engorrosos, lentos, burocráticos...

–Y la confiabilidad...

–Ese es un tema que también hay que considerar. Nuestra justicia tiene algunos problemas de credibilidad que no necesitamos entrar en detalle en esta ocasión para remarcarlos.

–¿Cuál es un caso clásico de apropiación indebida?

–El título del Indert y anteriormente del IBR es un título de formulario. Aparece una manifestación, se mencionan disposiciones del estatuto agrario, aparece el beneficiario y se describen los límites y linderos. Básicamente de eso se trata. Eso significó la instalación de un expediente administrativo en su momento y que ese alguien haya dicho: “Yo soy sujeto de la reforma agraria”, hecho falso en su momento, en tanto haya sido persona vinculada a la administración pública o alguna otra manera de relacionamiento con el gobierno o lo que sea. Ese expediente administrativo desembocó en una adjudicación. Pero si la persona no es sujeto de reforma agraria, esa adjudicación no puede producir efecto y legalidad. Ahí es donde nosotros entramos, porque si es nulo el acto ordinario es nula la consecuencia, inclusive de las transferencias posteriores. Bueno, esa es la discusión que el Poder Judicial debe dilucidar.

–¿Puede mencionar algunos nombres de los demandados?

Le doy algunos nombres: Domingo Martín Martín y otros, Abdón Benítez y otros, Galo Longhino Escobar y otros, Filemón Avalos Cardozo y otros, María Ricciardi viuda de Cano y otros, Oscar Vani y otros, Julio López Azuaga y otros, Osvaldo Antonioli y otros, Eugenio Sanabria Cantero, Andrés Ramón Legal Basualdo, María Esther de Arrechea, Ausberto Sandoval, Fundación Atlántida SA, Herminio González Liuzi, María Aparecida Rosa da Luz, Simón Penayo, Pedro Duarte Ferreira, Alejandro Amarilla, Eliseu Freitas Coelho. Y después a título de diligencias, otra vez, Federico Ydoyaga, Orlando Machuca Vargas, Julia Morel, García de Zúñiga Aquiles, Carlos Egisto Maggi, Guillermo Clebsch, Matiauda, Hugo Halley Merlo...

–¿Este no era presidente de Indert?

Entiendo que sí. Bueno, hay muchos nombres más...

–Se habla de casos de privilegiados durante Stroessner. Pero las adjudicaciones continuaron. Se repartieron Antebi Cue (en Concepción). Hay un diputado colorado que reconoce, Magdaleno Silva. Se dice que hay también liberales. Eso comprueba que usan sus cargos para exprimir al Estado...

–Estamos remitiendo al Indert un pedido de informes con los documentos para examinar y para iniciar en su caso las acciones penales y las civiles, para que se restituyan esas tierras al Estado. Nuestra acción va a estar dirigida contra el vendedor, el comprador, los intermediarios, tengan o no fueros, los que tengan responsabilidad...

–El colorado Magdaleno Silva dijo que en realidad el adjudicado es su hijo...

–Yo leí algo así. Nosotros vamos a esperar la remisión oficial de los informes. Yo creo que es importante trabajar sobre documentación en la medida de lo posible, sobre todo porque son post año 1989. No es lo mismo investigar lo anterior al 89, periodo con mayores dificultades para construir la historia, por el tema de transcurso del tiempo. La expropiación de las tierras de Antebi es muy reciente. Está mejor documentada.

–¿Qué hay con las tierras de Favero, el pleito de Ñacunday?

–Se trata de unas tierras que se adjudica el grupo Favero. El escribano mayor de gobierno debe examinar los títulos.

–Favero dice que sus títulos están en regla...

–El dictamen del escribano mayor de gobierno va a arrojar luz sobre el litigio. Hay una transnacional de principios del siglo pasado que en su momento fue la primera o segunda propietaria. Hubo algunas transferencias hasta que aparece el grupo Favero consolidando sus derechos de dominio según los papeles que presentó.

–Y ¿los campesinos?

–Ellos señalan la existencia de excedentes. Nosotros esperamos que el escribano pueda encontrar un camino que desde lo técnico notarial nos marque una línea posible con respeto de la ley y de los derechos de la gente...

–Si viene todo corrompido de décadas, ¿no cabe acá un blanqueo como se hizo con los autos mau? Acá lo que se necesita es que la gente produzca...

–Estamos de acuerdo. Hay que generar un sistema que transmita seguridad. Lógicamente se puede pergeñar una ley que traduzca soluciones que satisfagan las angustias de la gente: sectores de la producción, sectores del campesinado. El desafío del Gobierno es armonizar los intereses de ambos. La idea del blanqueo no es mala. Blanqueo, perdón, olvido pueden llegarse a plantear, lo importante es encontrar la mejor regla de convivencia segura entre los sectores.

(Publicado por El Diario ABC - Paraguay, 21 agosto 2011)
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