Chile: Abogado será indemnizado por intervención ilegal a su teléfono

En un fallo que sanciona la violación del secreto profesional de un abogado, la Corte Suprema ordenó el pago de $30 millones al profesional Pablo Ortega Manosalva, quien demandó al Estado de Chile por la intervención ilegal de su celular mientras ejercía como defensor de uno de los 18 inculpados de asociación terrorista en el año 2002, según alegó en su demanda civil.

La resolución revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el pago de una indemnización de $100 millones ordenada en primera instancia.

La demanda civil fue iniciada por Ortega luego que el Juzgado de Garantía de Temuco aprobara la interceptación solicitada por el Ministerio Público, sin que los fiscales de la causa hicieran presente, según el demandante, que éste era defensor de uno de los acusados mapuches, a la postre absueltos.

"Habiendo ocultado los fiscales al juzgador el vínculo exacto que ligaba al afectado con la medida intrusiva y los imputados, violó los límites fijados por el legislador que permiten salvaguardar la licitud de una actividad investigativa", señala el considerando décimo tercero del máximo tribunal del país, tras pronunciarse sobre un recurso de casación.

Fallo inédito

El abogado de Ortega, Óscar Vega, afirma que su cliente tuvo su teléfono intervenido por 45 días, antes que el juzgado de garantía dejara sin efecto esa medida intrusiva luego que se enterara del hecho de manera fortuita.

"Mi cliente se enteró por casualidad que estaba intervenido porque en el fragor de un alegato a un fiscal 'se le salió'. Tras saberlo, pidió de inmediato al tribunal dejar sin efecto esa medida. Si no hubiera sido por esa casualidad podría haber estado un año intervenido", afirmó.

Vega asegura que "es la primera vez en la historia judicial chilena y de la reforma procesal que se condena la violación del secreto profesional a un abogado. El fiscal engañó al tribunal porque ocultó que el demandante era abogado de los acusados".

En la Fiscalía Regional de la Araucanía se insistió, a través de su departamento de comunicaciones, que a la fecha de la solicitud de interceptación Ortega no era defensor de ninguno de los investigados, y sí lo era de otros mapuches en otras causas.

Agregan que la solicitud era del 29 de noviembre de 2002, y que el profesional asumió la defensa de los imputados en la causa en cuestión el 6 de diciembre del mismo año.

(Publicado por El Mercurio –Chile, 14 julio 2011)
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