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España: El vicepresidente del Constitucional cree que está en "un tribunal secuestrado"
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y otros dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, han renunciado a sus puestos en el alto tribunal para forzar su renovación, pendiente desde noviembre. Se trata de la primera vez en la historia del Constitucional que se produce el abandono de alguno de sus miembros. El vicepresidente dice en su carta de renuncia que a Pascual Sala, presidente del alto tribunal, que la no renovación le ha hecho tener "la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".
Delgado, que ha tenido graves problemas de salud, había dicho reiteradamente que quería marcharse. Pero ahora se trata de una renuncia en bloque para forzar la renovación del Constitucional por parte del Congreso de los Diputados. Así lo anunciaron los tres magistrados en el pleno del pasado 7 de junio, donde adujeron que el motivo era haber expirado con creces su mandato.??
Las cartas de renuncia, a las que ha tenido acceso El diario El País, exponen motivos diversos. En la de dr. Eugenio Gay explica que los temas de los que trata el Constitucional exigen "el estricto y escrupuloso cumplimiento del respeto al principio del juez predeterminado por la ley, en este caso por la propia Constitución". El vicepresidente explica como ya había hecho gestiones con la anterior presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, para que se diera curso al mandato constitucional de renovar a los magistrados.
Gay acusa al Senado de "manifiesto incumplimiento de su ineludible obligación" de acometer la renovación y considera su renovación como imprescindible para cumplir la Constitución desde el órgano que debe velar por su más estricto cumplimiento. ?
Delgado, por su lado, en una escuetísima misiva a Sala, concluye con una servera frase sobre el incumplimiento de la ley fundamental: "Y una vez más he de destacar que las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple??". En un tono diferente, Elisa Pérez Vera expone que dimite "por motivos institucionales", es decir, la no renovación, cuya no ejecución, a su entender, desvirtúa la voluntad del poder constituyente cuando se incumplen los plazos de renovación de sus miembros. La magistrada arguye otros motivos personales en los que, dice, "no procede entrar".
Los dos primeros jueces son del bloque progresista y el otro era el líder de los conservadores. Los tres forman parte del turno del Congreso, que lleva sin renovar desde el pasado noviembre, por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. En total, son cuatro las plazas que habría que haber sustituido: además de estos tres magistrados, la cuarta correspondería a Roberto García Calvo, que falleció en 2008.
La renuncia tiene que aceptarla el presidente del tribunal, Pascual Sala, "a la mayor brevedad posible", según un comunicado del propio presidente, y de hacerlo tendrá que anunciar el cese o vacante de las plazas. Ese plazo podría ser de apenas un día. Es en exclusiva el presidente el que tiene que aceptar la renuncia y, según fuentes del Constitucional, la decisión se tomará a la vista de la situación en que queda el tribunal. De producirse, el tribunal quedaría con ocho magistrados que es el mínimo quórum con el que puede funcionar.
El reparto ideológico no variaría en esta situación, pues pasaría de ser siete progresistas frente a cuatro conservadores a quedarse en cinco contra tres magistrados. En estos cinco está incluido Manuel Aragón, un progresista que en ocasiones, como en la sentencia de Bildu, se ha alineado con las tesis del sector conservador.
Sala ya forzó al final de su mandato en el Consejo General del Poder Judicial, el 28 de enero de 1996, la finalización del órgano al aceptar la renuncia que le presentaron seis vocales, que también tenían el mandato caducado desde hacía meses, en un mismo acto.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha relacionado estas renuncias con la "deriva del Gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha pedido "responsabilidad" al PP para alcanzar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. Y ha reclamado que "de una vez por todas" sea capaz de entender que "tiene que cooperar y colaborar" para que se produzca la renovación, informa Efe.?
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha urgido una vez más a PSOE y PP a desbloquear la negociación para la renovación del Tribunal Constitucional porque, según ha subrayado, tras la dimisión de su vicepresidente y de otros dos magistrados, el Alto Tribunal está aun más "tocado" de lo que ya estaba. ??"PSOE y PP tienen que hacer algo porque esto no puede seguir así", ha reclamado Llamazares??.
El Constitucional vivió su última polémica a cuenta de la decisión de que Bildu pudiera presentarse a las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. El vicepresidente, Eugeni Gay y la magistrada Elisa Pérez votaron a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones, junto al presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, y Adela Asúa todos ellos del sector progresista. Javier Delgado, presentó su voto particular discrepante junto a los de los también conservadores Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, a los que se unió el progresista Manuel Aragón.??
Los magistrados del Tribunal, elegidos por mandato constitucional entre juristas de reconocida competencia, son independientes e inamovibles. La duración de su cargo es de nueve años -sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años-, sin que la ley haya previsto límite de edad para su desempeño. Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE).
Las dos salas del tribunal están formadas por seis magistrados. La primera es presidida por el presidente del tribunal, en tanto que el vicepresidente preside la sala Segunda. Cada una de las salas se descompone, además, en dos secciones formadas por tres magistrados. Las secciones desempeñan su cometido básicamente en las primeras fases de los procedimientos sustanciados ante el tribunal, decidiendo sobre la admisibilidad de los recursos. Los acuerdos del pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los dos tercios de los magistrados que los forman.
Rechazo
El presidente del Constitucional, dr. Pascual Sala, rechazó las tres renuncias subrayando la necesidad de "garantizar la estabilidad" del alto tribunal. La aceptación de las renuncias habría dejado al órgano judicial en situación de máxima debilidad, dado que los ocho magistrados que quedarían en la institución suponen el quórum mínimo para que funcione el tribunal, de forma que la enfermedad de uno solo de ellos bloquearía hasta los plenos. Cada una de las dos salas del alto tribunal quedaría integrada por cuatro magistrados. Aunque sobre el papel el reparto ideológico quedaría inalterado, con cinco progresistas, entre ellos el presidente, frente a tres conservadores, la realidad es que la situación volátil del magistrado Manuel Aragón -que además de la sentencia del Estatuto de Cataluña ha votado en otros asuntos con los conservadores, el último en contra de la presencia de Bildu en las pasadas elecciones municipales- configuraría un tribunal que podría estar empatado a cuatro votos en asuntos clave. En esos casos, Sala podría verse abocado a usar su voto de calidad, con el consiguiente desgaste personal e institucional.
La renuncia de los tres magistrados se produjo ayer cuando el tribunal aún está sufriendo la última embestida de la derecha por su sentencia de seis votos a favor frente a cinco en contra de la concurrencia de Bildu el 22-M. Y los magistrados tienen a la vista el recurso de Sortu, que aún no ha sido admitido a trámite pero puede reproducir la situación.
La aceptación de las renuncias en bloque tampoco habría garantizado la renovación del órgano porque el PP ya mandó mensajes ayer de que no la iba a permitir. El compromiso de PP y PSOE para la renovación de cuatro magistrados del Congreso implica la designación de dos a propuesta socialista y otros dos a instancia de los populares. El PP prefiere esperar a las generales, porque en el nuevo escenario podría forzar a su favor la renovación de tres magistrados frente a uno del PSOE.
Los tres magistrados que han presentado su renuncia, los progresistas Gay -bien visto por los nacionalistas catalanes- y Pérez Vera y Delgado pertenecen al tercio que designó el Congreso en noviembre de 2001 y que cumplieron su mandato de nueve años el 8 de noviembre del año pasado. El cuarto magistrado de ese tercio, Roberto García Calvo, falleció en 2008 y su vacante no se ha cubierto desde entonces.
La primera ocasión en que plantearon su renuncia por haber pasado en más de seis meses su mandato fue en el pleno del pasado día 7, la hicieron efectiva el día 8 y pública ayer. La renuncia está prevista en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la primera causa de cese, pero debe ser "aceptada por el presidente del tribunal".
Los magistrados apelan a distintos motivos: Delgado, de 78 años, tuvo serios problemas de salud hace un año, pero que parece haber superado. En la despedida de la expresidenta María Emilia Casas, el pasado diciembre, Delgado, entonces presidente en funciones, ya declaró constituido el nuevo tribunal "dejando constancia de la anomalía de su situación".
La magistrada Pérez Vera apela a "motivos institucionales" vinculados a la no renovación del tribunal por el Congreso. Pérez Vera es la ponente de la sentencia sobre la doctrina Parot y de aceptarse su renuncia esta pasaría a otro magistrado, con la consiguiente alteración en los trabajos desarrollados. La renuncia de Gay es menos comprensible. En diciembre se postuló para presidente y forzó su elección como vicepresidente para dar su voto a Sala.
Sala ya se enfrentó a una situación similar en 1996, cuando dimitieron en bloque seis vocales del Consejo del Poder Judicial que entonces presidía, también por haberse sobrepasado el plazo para la renovación del organismo. Entonces, Sala admitió las renuncias y el Consejo quedó inoperante por falta de quórum.
15 días
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado la voluntad de su partido de renovar el TC -Tribunal Constitucional "cuanto antes", dentro del plazo que termina el 30 de junio que ha impuesto a modo de ultimátum José Bono, presidente del Congreso. Asegura que así se lo ha hecho saber al Gobierno, con quien mantuvo una conversación ayer. El vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el PSOE ha tenido siempre esa voluntad: "Por lo que al Gobierno respecta, la renovación del TC se tendría que haber producido en tiempo y forma. Ojalá se hubiera producido así, pero dos no pactan si uno no quiere". ??
"Estamos dispuestos a cumplir la parte que nos corresponde", ha insistido Sáenz de Santamaría, que ha exigido, sin embargo, que el acuerdo se logre "sin vetos ni bloqueos por ambas partes", en referencia a su candidato Enrique López, rechazado por el Senado y los socialistas, y causa de la paralización de las negociaciones. La portavoz popular insinuó días atrás que es posible que su organización incluya en su programa electoral que se alarguen los mandatos de los magistrados para hacerlos incluso vitalicios, para que no sean "un reflejo tan inmediato de las mayorías parlamentarias concretas de cada momento".??
Eduardo Madina, que hoy ha ejercido de portavoz del Grupo Socialista en ausencia de José Antonio Alonso, que se recupera de un problema de salud, se ha mostrado descreído con las afirmaciones de Sáenz de Santamaría?? y ha recordado que "a nadie se le escapa en este país que la propuesta de renovación es del Gobierno y el veto viene del PP", que, según ha insistido se ha producido "durante meses y más meses". Madina, secretario general del Grupo Socialista, ha asegurado que su grupo todavía no ha tenido contacto con el PP sobre este tema.
(Publicado por El País y~EFE - España, 14 junio 2011)
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