Estados Unidos reclamó en El Salvador a los ex militares guatemaltecos

La fiscalia salvadoreña admitió el miércoles que negoció la pena mínima con los implicados para que estados Unidos se los pudiera llevar y enjuciarlos en Nueva York.

Fue así como la semana pasada solo quedaron ligados por posesión y tenencia de droga, con una pena mínima de tres años de prisión; la que les fue sustituída por trabajos de utilidad pública. La ley salvadoreña establece que alguien que sea detectado con más de dos gramos de droga debe ser procesado por tráfico.

Jorge Cortez, jefe Antinarcotráfico de la Fiscalía General de El Salvador, admitió que era una estrategia negociada para entregar a los ex tenientes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos -DEA, en inglés-, para que éstos pudieran sacarlos del país, y procesarlos en una corte neoyorquina.

"este caso, las autoridades estadounidenses le pusieron mucho interés", dijo Cortez, y agregó que la DEA ya había canalizado la solicitud oficial de información del caso (asistencia judicial) para acusarlos en Nueva York.

Según el jefe fiscal, la petición fiscal de que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca cambiara el delito de tráfico por posesión se hizo únicamente para allanar el camino a la DEA.

La afirmación de Cortez coincide con lo dicho ayer por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, a través de la unidad de comunicaciones de los juzgados. La fiscalía solicitó que se les condenara por un delito menos grave que el tráfico, que se sentenciara a la pena mínima, y que se les aplicara trabajos de utilidad pública en vez de prisión.

Sin embargo, el jefe fiscal aclaró que la estrategia fue discutida previamente con el tribunal, y se les presentó para ello la orden de captura de la Policía Internacional (Interpol) que eran requeridos en Estados Unidos por por lo menos cuatro cargos de narcotráfico.

Aún está pendiente la hora y fecha de entrega a EE. UU. y Guatemala no ha hecho ningún reclamo sobre ellos.

Arrestados, libres y de nuevo capturados

Pineda Vásquez y Pineda Rojas, fueron arrestados al salir del tribunal hace una semana. Luego fueron puestos en libertad, y entregados a la embajada de Guatemala. Horas después fueron capturados nuevamente en Santa Ana, cuando se dirigían hacia Guatemala.

El subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto, explicó el fin de semana pasado que en la primera recaptura no tenían certeza de la orden de Interpol, y por ello fueron liberados. Sin embargo, acusó a los juzgados de Paz santanecos - donde fueron recapturados la segunda vez - de no recibir a los reos, lo que los obligó a ponerlos en libertad el lunes al vencer las 72 horas de detención.

El hecho llevó a la CSJ - Corte Suprema de Justicia a abrir auditoría contra los juzgados Primero, Tercero, y Cuarto de Paz de Santa Ana por no recibir a los guatemaltecos. Ellos justificaron en su momento que no podían dejarlos detenidos sin una acusación formal de por medio.

Al ser consultado al respecto, el juez Décimo Segundo de Paz, Roberto Calderón, designado como juez de extradiciones por la CSJ, detalló que los juzgados habían actuado apegados a la ley ya que debía mediar una solicitud formal de extradición para los sindicados.

Sin embargo, el fiscal Cortez reveló ayer que para los ex tenientes ya existe un caso abierto en la corte este de Nueva York y que la Interpol planteó en documentación previa que existía un interés en obtener la extradición de éstos.

Cortez incluso añadió que “nosotros les informamos (a la DEA) que por procedimiento ellos tenían que habilitar la difusión roja de Interpol”, haciendo referencia a la orden internacional de captura. Ésta fue habilitada el 5 de mayo pasado, unos seis días antes del juicio.

Responsabilidad pendiente

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca contestó, a través de la unidad de comunicaciones de los juzgados, que la garantía del cumplimiento de los trabajos de utilidad pública por parte de los ex militares - quienes estaban activos en el Ejército de Guatemala cuando fueron capturados con la heroína en junio de 2010 - no era responsabilidad de ellos sino del Juzgado de Vigilancia Penitenciara de San Vicente.

Sin embargo, el caso ayer ni siquiera había sido remitido al juzgado, porque hasta este día se vencía el plazo para enviar al expediente.

El agravante, si embargo, es que tanto la defensa de los ex militares como el director nacional de Migración, Rubén Alvarado, revelaron que éstos fueron recapturados por tercera vez la noche del martes, en la frontera de El Poy, con Honduras.

El fiscal Cortez no quiso pronunciarse tajantemente respecto al cumplimiento de la condena local; pero detalló que en el caso valoraron que en el país podrían ser condenados alrededor de unos 10 ó 15 años de prisión. En cambio en Estados Unidos, las penas sobrepasarían los 30 años de prisión, e incluso contemplarían la cadena perpetua

(Publicado por Prensa Libre – Guatemala, 19 mayo 2011)
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