Brasil: Uno de cada ocho jueces federales viven bajo la amenaza

Cuarenta de los 300 jueces federales en los tribunales penales del país están bajo la amenaza de la delincuencia organizada, por lo menos uno de cada ocho fiscales federales.

Hay casos de jueces que tienen los pasos controlados por criminales, renunciar a su vida social y terminan pidiendo la transferencia a otros Estados.

La encuesta es la Ajufe -Asociación de Jueces Federales, que considera la protección ofrecida a los magistrados a cargo de la Policía-Federal-suficiente.

El recorte presupuestario fue el resultado directo de la PF en la protección de los jueces.

El único juez federal que recibe la protección permanente de los fondos de pensiones, Odilon de Oliveira, dijo que estaba reduciendo el número de agentes que hicieron su seguridad.

Especializada en delitos financieros y amenazas de muerte para las organizaciones que operan en la frontera de Mato Grosso do Sul, Paraguay, Oliveira recibe protección por 13 años.

Su seguridad, ante la oficina de nueve funcionarios, ahora se hace por seis. Los equipos se complementaron con la hoja de seguridad los agentes de Justicia. "Hay una formación y servir sólo como un conductor", dice.

En febrero, la Policía Federal descubrió un complot para asesinar al Juez Lisa Taubemblatt, Ponta Pora (MS). El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ha anunciado su especial protección, que actúa en un caso contra una banda de tráfico de drogas y armas.

Sin embargo, según el juez, los agentes aparecieron sólo dos semanas después de la promesa y se fue días más tarde. "Su coche fue detenido días allí [en la parte delantera del palo] e irregularmente. Lo más que hizo fue arruinar el césped."

Otros jueces sólo han amenazado a proteger la seguridad de los tribunales en caso de trabajar la tercera parte de los 10 que trabajan en los tribunales penales en Río

Una de ellas es Adriana Cruz, que juzga los casos relacionados con la mafia de apuestas ilegales.

"Su protección es tan precaria que compró con su propio dinero de un vehículo blindado de segunda mano", dice el presidente de Ajufe, Wedy Gabriel, quien habló con los 40 jueces amenazados.

Para el juez Pedro Francisco da Silva, que gobernó en Acre cuatro casos en contra de la organización delictiva encabezada por el ex diputado Pascoal, la protección debe estar garantizada incluso después de los ensayos.

Silva había allanado su casa por hombres armados en 2008, ocho años después de las primeras condenas en el caso. hombres armados Tres años antes, la policía había arrestado ya contratado para matarlo.

"He cambiado mi rutina, he enviado a mis hijos a otro estado. El único lugar que frecuentaba era el supermercado", dice.

El Ajufe aboga por la creación de una policía judicial, dedicada exclusivamente a la protección de los jueces.

(Publicado por La Folha de Sao Paulo – Brasil, 3 mayo 2011)
__________________