"Todos los delitos cometidos por la dictadura podrían ser sancionados penalmente", dijo el abogado Juan Errandonea, al resumir el alance de la norma que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad votada el martes 12 por el Senado ,y que será aprobada en forma definitiva a principios de mayo cuando el tema sea analizado en Diputados.

En los hechos, las principales características de la ley interpretativa son dos: la posibilidad de retomar expedientes archivados de oficio o a pedido de parte y la opción de presentar nuevas denuncias por delitos que, actualmente, se consideran prescriptos, ya que la norma elimina los plazos para juzgar los delitos.

En tal sentido, Errandonea -quien trabaja en relación a los casos de derechos humanos y denunciante de la causa que derivó en el procesamiento del general Miguel Dalmao- explicó a El País que la ley posibilitará la presentación de denuncias de ex detenidos por las torturas sufridas en prisión.

Según el abogado, esos casos se podrían juzgar aplicando el delito de "tortura", vigente en Uruguay por la legislación penal internacional, o utilizando el ilícito de "lesiones", previsto en el Código Penal.

Por su parte, el abogado y senador suplente Oscar López Goldaracena, dijo que a nivel práctico, para los jueces "no habrá más plazo de prescripción ni tampoco deberán consultar más al Poder Ejecutivo antes de iniciar una investigación".

"Ahora los jueces deberían darle para adelante a todos los casos que se presenten", resumió López Goldaracena al ser consultado ayer por El País.

El abogado admitió que es muy difícil precisar cuántos casos se podrán desarchivar así como la cantidad de nuevas denuncias que eventualmente podrían presentarse.

"Pero más allá de la cantidad de casos que se puedan juzgar, lo importante es que no haya más obstáculos, porque luego el hecho de que haya o no procesamientos dependerá de las pruebas que se encuentren", dijo López Goldaracena.

Agregó que a raíz de la ley interpretativa ninguno de los militares procesados y condenados podrá ser liberado, ya que en sus casos "la ley de Caducidad no se aplicó". Eso fue planteado en el Senado por Luis Alberto Lacalle y también es una opción que manejan los abogados de varios de los militares que están en prisión.

En tanto, la fiscal Mirtha Guianze, que interviene en varias causas de violaciones a los derechos humanos, estimó que no se presentarán nuevas denuncias por desapariciones y homicidios, sino que los nuevos expedientes que se iniciarán tendrán relación principalmente a torturas.

Actualmente, la jueza Mariana Mota tramita una denuncia presentada a fines de 2010 por 13 ex presos políticos que denunciaron la tortura que sufrieron estando detenidos en la base aérea de Boiso Lanza.

(Publicado por El País – Uruguay, 14 abril 2011)
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