Justicia - Menor
Chile: Vacíos en aplicación de la ley afectan la reinserción de jóvenes infractores
Jueces y fiscales estiman que la falta de especialización de profesionales para tratar a menores infractores, establecida en la ley de RPA - Responsabilidad Penal Adolescente, es un vacío que atenta contra su rehabilitación, en especial de aquellos que delinquen por primera vez.
La falta de competencia de los profesionales dedicados a atender estos casos fue uno de los puntos tratados extensamente en el seminario internacional "Experiencias en Implementación de Justicia Juvenil", realizado en Temuco la semana pasada.
Ricardo Pérez-Luco, académico de la Universidad de La Frontera, es tajante en el diagnóstico. "El problema nuestro es la falta de competencia, la incapacidad del sistema para hacer bien la tarea porque aquí no se enseña, por ejemplo, criminología en ninguna universidad".
El juez Juan Opazo, titular del Cuarto Juzgado de Santiago, uno de los impulsores de la conformación de salas preferentes para atender causas de menores, señaló que la ventaja de tener jueces especializados es que abordan el problema con criterios distintos de los que juzgan a adultos.
"Cuando uno trabaja con menores, tiene que establecer necesariamente la rehabilitación de éstos al momento de terminar la intervención que va a efectuar", señala. Según el magistrado, esa sensibilidad no se da cuando un juez trata también con adultos.
Su experiencia personal, dijo, al trabajar con fiscales con dedicación preferente a la delincuencia juvenil y con defensores especializados, es que "hay una relación distinta que se genera con el menor, lo que se traduce en intervenciones más acertadas en lo que se refiere a su resocialización", explicó, lo que repercute en una baja reincidencia.
Sin embargo, en el caso de los fiscales, uno de los problemas más graves es la falta de recursos para financiar la dedicación exclusiva de los persecutores. Hoy sólo se dedican en forma preferente a atender estos casos.
María Cecilia Ramírez, directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, explica que la decisión final de tener a estos profesionales trabajando exclusivamente con menores, pasa por el Ejecutivo.
"La especialización en materia de justicia juvenil requiere de una respuesta integral del Estado que supone una dedicación preferente de recursos al área, que actualmente no hay", explicó la profesional.
Mencionó que en la realidad de hoy existe el triple de ingresos de adolescentes imputados que originalmente la RPA - ley de Responsabilidad Penal Adolescente previó. "Eso tiene un impacto en todo el sistema desde el punto de vista de ingreso de recursos", dijo.
El director del Sename - Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo, admitió que actualmente un importante número de las causas de menores son atendidas por profesionales no especializados. A ello se agregan otras dificultades, tales como hacinamiento en los centros de mayor complejidad, como también que 17 centros del país no fueron diseñados de acuerdo con los estándares exigidos por la RPA en cuanto a lineamientos técnicos, administrativos y financieros.
También mencionó el uso desmedido de la internación provisoria. Por ejemplo, según datos de 2010 de la Defensoría Penal Pública, el 65% de los jóvenes que estuvieron privados de su libertad ese año fueron condenados a una pena en el medio libre o se dio término a su causa por salida alternativa, sobreseimiento u otros términos.
- 1.853 jóvenes se encuentran privados de su libertad por diversos delitos en centros de internación provisoria, centros de internación en régimen cerrado y centros semicerrados.
- 11.118 adolescentes están cumpliendo penas en medio libre, tales como medida cautelar ambulatoria, salidas alternativas, libertad asistida especial, libertad asistida y servicios de beneficio de la comunidad y reparación del daño.
Los plazos para mejorar los centros de menores
El Sename debe afrontar los problemas que existen en los centros que no cuentan con los estándares exigidos por la ley.
Uno de los casos emblemáticos es el de Tiltil, que tiene capacidad para 315 plazas pero está vacío, porque no cumple con los requisitos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. El recinto, construido a un alto costo, fue diseñado antes de la puesta en marcha de la RPA; por lo tanto, deberá seguir sin ocupar mientras no se solucionen las observaciones encontradas.
Catherine Ríos, jefa del Departamento de Justicia Juvenil del Sename, explica que el Ministerio de Justicia se fijó un plazo al 30 de diciembre de este año para iniciar el proceso de adecuación del edificio a tales exigencias.
Asimismo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet anunció la construcción de diez centros estándares, que quedaron pendientes para esta administración. "En este momento, estamos priorizando la construcción de ellos, hay varios bastante adelantados en cuanto a diseño, y los planes del Gobierno son que al término de la administración varios estén a lo menos en proceso de construcción", explicó.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 3 abril 2011)
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