Juez ordena levantar secreto bancario de jueza y su esposo

El Juzgado Penal de Santa Cruz ordenó desde el pasado jueves el levantamiento del secreto bancario de todas las cuentas de una jueza penal de ese cantón, de su esposo y de las sociedades donde ambos aparecen como socios.

La medida judicial dispone también la inmovilización de las cuentas y que se levante el secreto tributario.

La resolución se adoptó a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, y se emitió de manera simultánea a una orden para allanar la casa de la jueza, de apellido Dumani, y el bufete de su esposo, apellidado Guevara, ambos inmuebles localizados en Santa Cruz, Guanacaste.

El abogado José Miguel Villalobos (representante legal, junto con el litigante Juan Gerardo Quesada, de Dumani y Guevara) dijo que la decisión del Juzgado no es ningún adelanto de criterio.

Explicó que forma parte de un proceso de investigación para determinar si existen indicios de que se pudo cometer un delito de legitimación de capitales.

“Es un paso normal dentro del proceso de investigación. Lo que nosotros consideramos es que no existe evidencia alguna de que estos dineros provengan de actividades ilícitas. El delito no es tener dinero, el delito es tener dinero que provenga de actividades ilícitas”, mencionó Villalobos.

Decomiso. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó ayer que durante el allanamiento efectuado el viernes en la casa de la jueza, en Arado de Santa Cruz, se decomisó dinero en efectivo. Se trata de $90.406, 12.905 euros y ¢91.000.

Además, en el bufete se decomisaron computadoras y documentos de diversa índole.

José Miguel Villalobos confirmó el decomiso del dinero, pero no quiso referirse a los montos.

Al respecto, dijo: “No podría revelar información que pertenece a una causa ya en forma tan específica. Sería violentar elementos de una causa que es privada”.

La investigación por este caso se inició en el 2008. Inicialmente, estuvo a cargo de la Fiscalía de Santa Cruz, pero luego pasó a la Fiscalía del Crimen Organizado y, en enero pasado, la retomó la Fiscalía de Delitos Económicos.

Durante ese tiempo se han acreditado tres informes al expediente: dos elaborados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y otro por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El fiscal Guillermo Hernández insistió, el pasado viernes, en que se trata de una investigación en la que todavía no hay imputados.

Explicó que, dependiendo del resultado de los allanamientos, se determinará si hubo delito o no.

Asimismo, hizo ver que en el momento en que se tenga evidencia del delito, se podría indagar a los investigados.

José Miguel Villalobos señaló que sus representados mantienen que el dinero proviene de una actividad completamente lícita y que todo tiene una explicación.

El abogado Guevara dijo el viernes, en una entrevista, que se dedica a actividades inmobiliarias y que el dinero es de inversionistas extranjeros.

(Publicado por La Nación – Costa Rica, 1 marzo 2011)