Uruguay: Críticas de penalistas a nuevo delito de corrupción

Los abogados penalistas entienden que tal como está redactado, el proyecto oficial de crear el delito de "enriquecimiento ilícito" genera más problemas que otra cosa. Y también advierten que debería hablarse de "enriquecimiento injustificado".

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que propone que todo funcionario público que no pueda "justificar la procedencia" de algún bien incurrirá en delito y será castigado con 18 meses a seis años de prisión.

Sin embargo, la propuesta, en principio, genera más reparos que elogios, según tres abogados penalistas consultados por El País. Los especialistas aclaran que están a favor de perseguir este tipo de ilícitos, pero advierten que desde el punto de vista jurídico puede haber problemas.

"No creo que haya ningún uruguayo que no esté a favor de perseguir el enriquecimiento ilícito, pero el problema es el método, porque con este proyecto se corre el riesgo de invertir la carga de la prueba y el indagado debe demostrar su inocencia, cuando en realidad es el Estado quien debe probar su culpabilidad", dijo el abogado Jorge Barrera, especialista en delitos económicos.

Agregó que la creación de nuevos ilícitos penales contra la corrupción "no asegura una mejor represión de los delitos, porque eso no implica necesariamente mayor eficacia".

El catedrático penalista y ex fiscal Miguel Langón, por su parte, explicó que la mayor crítica que se le hace al delito de "enriquecimiento ilícito" a nivel internacional es que se lo considera un ilícito "de sospecha donde el Estado no puede probar la situación y por eso crea una norma para que el funcionario quede atrapado".

Es un delito "de tremenda eficacia pero nos va poniendo paso a paso en un derecho penal que se va alejando de la concepción clásica y liberal", señaló el catedrático.

Por eso, Langón indicó que como no siempre el Estado va a poder probar que el patrimonio del funcionario es producto de una actividad ilegal, es conveniente hablar de "enriquecimiento injustificado".

De todos modos, explicó que como "los corruptos más grandes" cuentan con otros medios (como la utilización de sociedades anónimas, testaferros o enviar el dinero al exterior) el delito será útil para sancionar a funcionarios públicos de menor jerarquía como aduaneros o policías.

En tanto, el abogado Mauro Rinaldis, docente de derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sostuvo que se deberá "depurar" el texto del proyecto oficial, porque su redacción "tiene claros visos de inconstitucionalidad".

Rinaldis consideró que el Estado, a través de la Jutep, cuenta con instrumentos adecuados para actuar ante casos de corrupción sin tener que llegar a la órbita penal.

Para Rinaldis, antes de crear delitos, es necesario mejorar la legislación actual y, por ejemplo, derogar el polémico ilícito de "abuso de funciones".

Langón: Opinó que el delito crea una norma "para que el funcionario quede atrapado".

Rinaldis: Advirtió que redacción del proyecto "tiene claros visos de inconstitucionalidad".

(Publicado por El País – Uruguay, 27 febrero 2011)
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