Panamá: Gobierno de Martinelli dice que no se derogará ley minera

El pulso entre el presidente, Ricardo Martinelli, y los indígenas ngäbe buglés de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro –y los que viven al este de la provincia de Panamá– se hace más tenso.

Mientras los indígenas advirtieron que si no se derogan las reformas al Código Minero que permiten a otros países extraer minerales del territorio panameño irán a las calles de forma indefinida, el mandatario aseguró ayer que la Ley 8 de 2011 "no se puede derogar, porque las minorías no pueden imponerse sobre las mayorías".

El ultimátum dado por los indígenas al Presidente tiene una fecha: el 24 de febrero.

Hasta ahora, Martinelli no muestra señales de que va a derogar la ley e insiste en citar sus beneficios: aumenta las regalías, impide la minería ilegal e impone multas más altas. “Nadie va hacer una mina en las áreas comarcales”, afirmó, tras las críticas recibidas por su llamada al presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, para ponerlo al tanto de las reformas.

"No se hizo nada indebido ...siguiendo las instrucciones del canciller [Juan Carlos] Varela y del embajador coreano llamé al Presidente para decirle que vengan las empresas coreanas a establecerse en Panamá... que Corea invierta en puertos y en obras de infraestructuras", explicó el mandatario.

Fue imposible obtener una explicación del canciller Varela, a pesar de que su relacionista pública, Zoraya Quintero, aseguró que él devolvería la llamada.

Rechazo

La sanción presidencial a las reformas al Código de Recursos Minerales sigue generando protestas.

En Veraguas, 400 personas cerraron la carretera Interamericana a la altura del cruce de la comunidad de Ojo de Agua. Indígenas de Cerro Pelado, Chichica, Buenos Aires y El Prado cerraron los dos carriles de la vía, impidiendo el tránsito vehicular y gritando consignas.

En Chiriquí, en tanto, unos mil indígenas cerraron la Interamericana ocasionando un tranque que, sorpresivamente, no molestó a los conductores sino que los motivó a bajarse de sus carros y apoyar la protesta.

En tanto, en Bocas del Toro, unas 200 personas cerraron la carretera de Chiriquí Grande hacia Almirante.

Pedro Ábrego, dirigente indígena, exigió al Gobierno declarar el territorio comarcal libre de minería para luego sentarse a dialogar. Para ello dieron un plazo de ocho días al Gobierno. De no derogarse la polémica ley, advirtieron que saldrán indefinidamente a las calles.

El 25 de febrero esperan al defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, a quien invitaron para mediar en el conflicto.

AGRESIONES Y DEMANDAS

“Fui a dar la cara (...) temí por mi vida”, relató el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, tras salir del hospital en la noche del martes donde fue atendido por los golpes recibidos durante su infructuoso intento de diálogo con los indígenas.

Ese incidente motivó al cacique regional, Rogelio Moreno, a declarar que las protestas quedaban suspendidas. Pero otro cacique, Rogelio Montezuma, dijo que las acciones se mantienen y advirtió que Moreno ya no pertenece a la Coordinadora de Lucha contra la Minería.

Por su parte, el abogado Juan de Dios Hernández presentó la primera acción de inconstitucionalidad contra la ley minera. Según alegó, el artículo 1 permite a gobiernos extranjeros –a través de empresas– explotar recursos minerales panameños, en violación al artículo 290 de la Constitución que prohíbe a gobiernos extranjeros adquirir el dominio de territorio panameño.

(Publicado por La Prensa - Panamá, 17 febrero 2011)
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