Justicia
Jueces cuestionan control para cumplimiento de medidas cautelares distintas a la reclusión
El 59% de los jueces de garantía cree que el control de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva es deficiente. La crítica de los magistrados va más allá cuando se trata de los organismos encargados de supervisar que estas disposiciones se cumplan: el 61% está de acuerdo en que las instituciones reguladoras no son las adecuadas.
En una encuesta de opinión hecha por la Fundación Paz Ciudadana a 92 jueces en tres regiones de Chile, la apreciación mayoritaria es que existen falencias en el sistema de control para el cumplimiento de medidas cautelares previas al juicio.
Según los resultados del estudio, publicado en 2010, las medidas cautelares dictadas en reemplazo de la prisión preventiva carecerían de regulaciones. La principal razón esgrimida por los jueces y especialistas es la ausencia de un organismo especializado para tal función.
Cuando se trata de medidas cautelares como arresto domiciliario o prohibición de acercarse a la víctima, la labor recae en Carabineros; en otras ocasiones es Gendarmería la encargada de supervisar la medida e informar al juez sobre el estado del imputado. "Prácticamente no hay medidas de control, y si las hay son muy débiles", afirmó Patricio Souza, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile. Según el mismo estudio, esto incide también en la carencia de información que tienen los jueces a la hora de decidir sobre la prisión preventiva del imputado.
"En las medidas no privativas de libertad no hay un sujeto que se encargue de controlarla . Lo ideal sería que una sola institución se encargara de controlar todas las medidas cautelares que se ejecutan en libertad", dijo Gherman Welsch, abogado investigador de Paz Ciudadana.
Medidas insuficientes
Respecto a las medidas alternativas a prisión, como la reclusión nocturna, libertad vigilada y remisión condicional de la pena, el diagnóstico de los jueces es similar, en cuanto al control y efectividad de éstas. "Las medidas alternativas son totalmente insuficientes y no conducen a la rehabilitación", criticó Souza. El monitoreo de estas tres penas está a cargo de Gendarmería. En el caso de la libertad vigilada, jueces y fiscales critican que el personal encargado no sería suficiente para la cantidad de personas que deben cumplir con la pena, por lo que tampoco pueden cumplir con la labor de rehabilitación que se les encarga.
"No es que las medidas sean malas, sino que el control que tiene Gendarmería sobre ellas es deficiente", aseveró el vocero de la Fiscalía Nacional, fiscal Manuel Guerra.
La defensora nacional Paula Vial criticó en tanto que no exista un registro de cifras de incumplimiento de medidas alternativas. Según datos de la Defensoría Pública, el 62,7% de las medidas decretadas en 2010 fueron medidas alternativas, que según Vial tuvieron un bajo porcentaje de revocación.
Propuesta
La Fundación Paz Ciudadana propone fortalecer la aplicación de medidas alternativas para evitar la sobrepoblación carcelaria y recurrir a mejores opciones de rehabilitación.
La entidad plantea un cambio de institucionalidad que apunte a una mejor regulación del cumplimiento de penas no privativas de libertad.
Lo anterior implicaría crear una agencia independiente de Gendarmería, que se encargue del control y reinserción de los internos.
El abogado investigador Gherman Welsch recalcó que la institución penitenciaria no está capacitada para desarrollar efectivamente las tareas de rehabilitación.
"Su labor es más bien de resguardo y su presupuesto es casi íntegramente para el sistema cerrado", explicó el profesional.
¿Soluciones? Welsch destacó el modelo norteamericano , en el cual una agencia presta servicios de supervisión en las condiciones de libertad establecidas por el tribunal.
Según el sistema aplicado en Estados Unidos, antes de la audiencia de formalización se ofrece una entrevista voluntaria al detenido, donde se evalúa su nivel de riesgo de acuerdo a sus antecedentes.
Si se dicta una medida alternativa, la agencia comienza el monitoreo del caso, que incluye tests de drogas y visitas, entre otras fórmulas.
Gobierno anuncia plan piloto para control de penas alternativas
La División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior también trabaja en implementar un sistema de control para el cumplimiento de medidas alternativas. Vinko Fodich, jefe de la Unidad de Control de la repartición, destacó la necesidad de crear una institución que además evalúe el riesgo de las personas que pasan por el sistema procesal.
"Se elabora un diagnóstico de riesgo cada vez que una persona es detenida, para evaluar cuál es su riesgo de fuga. Luego se decreta una u otra medida cautelar", explicó Fodich.
En cuanto a la supervisión del cumplimiento de las penas en libertad, la nueva institución debería velar por la efectividad de éstas. Para ello, se implementarían nuevas formas de control, como el brazalete electrónico y la asignación de una unidad que controle que los imputados no salgan de la región ni del país. "Si el juez decreta una prohibición de acercarse a la pareja, la idea es que la agencia se preocupe de que esa orden se cumpla efectivamente", dijo Vinko Fodich.
Según explicó el funcionario, para el segundo semestre de 2011 se implementará un plan piloto de una agencia que cautele el cumplimiento de las penas en libertad. El programa se instalará en dos ciudades de Chile, aún no definidas, y se pretende extender el modelo al resto del país, si es efectivo.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 25 enero 2011)
_____________________