Justicia
Corte de Apelaciones de Honduras debe resolver si inhabilita o no a Juez que lleva procesos de Zelaya
El juez hondureño Claudio Aguilar admitió la apelación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra su decisión de inhibirse de conocer los procesos por supuesta corrupción contra el ex presidente Manuel Zelaya, informó una fuente judicial.
La portavoz de los tribunales de justicia de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, dijo que Aguilar “ha admitido el escrito” de la PGR y, en consecuencia, trasladará los expedientes de los casos a una Corte de Apelaciones para que tome una resolución.
Reconoció que la intervención de la PGR “vino a dilatar el proceso”, pues, mientras la Corte de Apelaciones no resuelva, los casos no serán elevados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que nombre un juez natural y decida sobre Zelaya, como determinó Aguilar en su fallo del pasado día 7.
El juez enviará los documentos a la Corte de Apelaciones una vez que todas las partes se notifiquen de la resolución, añadió.
La PGR, que es la oficina legal del Estado, apeló el pasado día 12 ante el propio juez contra su fallo del 7 de enero, mediante el cual se inhibió y decidió elevar los procesos a la CSJ.
La Procuraduría considera que, si Aguilar se consideraba incompetente para conocer los procesos contra Zelaya, se hubiera inhibido desde un principio y, por tanto, no tenía que haber nombrado los defensores del ex presidente, lo que hizo a solicitud de esa institución en diciembre pasado.
Aguilar se inhibió por considerar que los casos de Zelaya, incoados por el Ministerio Público (Fiscalía), competen a la CSJ por la nueva investidura del ex gobernante como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público incoó en 2009 los procesos contra Zelaya, derrocado ese año por un golpe de Estado y quien se incorporó al Parlacen el 17 de septiembre pasado en su condición de ex presidente de Honduras.
A raíz de los dos procesos, Zelaya tiene pendientes sendas órdenes de captura por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado, con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
La procuradora general, Ethel Deras, argumentó en diciembre que la PGR pidió el nombramiento de los defensores de Zelaya porque éste no los designó y era necesario reactivar los procesos pues estaban paralizados desde que el Ministerio Público los presentó.
El ex gobernante vive en la República Dominicana desde el 27 de enero de 2010, cuando puso fin a un encierro de varios meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugió tras volver clandestinamente a Honduras luego de que los militares lo derrocaran y expulsaran hacia Costa Rica el 28 de junio de 2009.
(Publicado por EFE, 18 enero 2011)
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