Chile: Sofofa advierte que estándar de norma de emisión "inevitablemente" implicará alza de tarifas eléctricas

Una fuerte preocupación existe entre los empresarios industriales por la nueva norma que limita las emisiones de las centrales termoeléctricas recientemente acordada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, manifestó a "El Mercurio" sus reparos y dimensionó los impactos que producirá la disposición.

-¿En qué radica la inquietud que existe en la industria?

"Existe preocupación, fundamentalmente porque se trata de una norma muy estricta -la más rigurosa del mundo, para ser precisos- y ello implicará mayores costos para el sector. Éstos, inevitablemente se transferirán a las tarifas eléctricas, las que ya son muy elevadas".

-Pero se argumenta que el objetivo es proteger la salud de las personas...

"Por supuesto, pero ése es el rol de las normas de calidad (miden la contaminación en una zona determinada, pero no asociada a una actividad específica). Mientras éstas no se superen, no existe riesgo para la salud de las personas".

-¿Entonces no se justifica esta nueva norma de emisión?

"Por razones de salud eso era evitable. Pensamos que aquí hubo más bien razones de economía política".

-¿Cómo cuáles?

"Mucha gente tiene la idea de que las generadoras térmicas a carbón son muy contaminantes y una norma de emisión viene a poner control de eso. En general, la población no tiene un conocimiento muy preciso de las exigencias que se imponen a los inversionistas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)".

-¿Pero aprueba que a las termoeléctricas se les fijen límites?

"De acuerdo, pero precisamente ésa es una de las razones por las que deben someterse al SEIA. Y ha sido en ese marco donde se han definido los límites de emisión para cada central termoeléctrica, en función de las holguras de capacidad atmosférica de cada localidad".

-Dadas las dificultades de los proyectos para obtener los permisos, ¿podría ser que una norma facilite el proceso?

"Esperamos que eso ocurra así, pero en ninguna parte de la norma se ha previsto que los proyectos termoeléctricos quedarán eximidos de ingresar al SEIA, o que sólo bastará una declaración de impacto para su evaluación, o que se acortarán los plazos de tramitación. En fin, que se establecerá un procedimiento más expedito. Lamentablemente, la norma de emisión no nos garantiza menos conflictividad ni un trámite de aprobación más rápido".

-¿Habría preferido entonces que esos límites se siguieran imponiendo, caso a caso, en el marco del SEIA?

"Así es, pero sobre eso el Consejo ya tomó una decisión. Por lo mismo, estimamos que la autoridad debe ser muy cuidadosa en los plazos, tomando debida consideración de los tiempos involucrados en el proceso de implementación de la norma en las centrales existentes".

-En esa línea, ¿qué le parecen los plazos de adaptación para las centrales existentes?

"Los consideramos bien ajustados. Entre los análisis de ingeniería básica, de elaboración del estudio de impacto ambiental, de su tramitación ante el SEIA, de la licitación, fabricación, instalación y puesta en marcha, se requieren a lo menos seis años. Eso, suponiendo que en el proceso de evaluación no surgieran contratiempos ni se judicializara el tema (...) Consideremos, además, que la adecuación de las plantas existentes deberá coordinarse, para no afectar la seguridad del suministro".

US$ 1.700 millones es la inversión estimada para que las eléctricas puedan adaptar sus instalaciones a esta nueva normativa.

"Este camino no distingue entre las áreas geográficas que tienen más o menos holguras y discrimina en contra de este sector".

"En la zona sur del país las emisiones a partir de la quema de la leña son mucho más relevantes".

Seis años para adaptar centrales

Las estimaciones de la industria eléctrica apuntan a que el plazo para adaptar una central térmica bordea los seis años, mientras que el Gobierno estipuló para ello de cuatro a 5,5 años.

Los cálculos apuntan a que desde que se decide la inversión hasta que el sistema opera se requieren cinco años y ocho meses, lo que incluye la licitación y adjudicación en paralelo al trámite ambiental. Si estos procesos se realizan por separado, en tanto, el período se alarga 14 meses, explicaron en una generadora, donde precisaron que el lapso adecuado para llevar adelante este proceso sería de seis años.

(Publicado por El Mercurio – Chile, 11 diciembre 2010)