Uruguay: La SCJ ratificó la legalidad de la ley de acoso sexual

La Suprema Corte de Justicia rechazó el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual presentado por un comisario. La defensa de la funcionaria policial demandante pedirá al Ministerio del Interior, que aplique la normativa.

El jerarca policial, que ostenta un alto cargo en la Jefatura del departamento de Flores, fue demandado judicialmente por una funcionaria subalterna, que lo acusa de acoso a través de mensajes de texto con invitaciones para encontrarse por fuera del ámbito laboral.

Además, según la mujer, el comisario elogiaba su corte de pelo y también la llamaba a su despacho para dialogar sobre asuntos que nada tenían que ver con temas de trabajo.

A raíz de esa situación, y en función de lo que prevé la ley de acoso sexual, vigente desde octubre de 2009, la funcionaria presentó una acción de amparo contra el comisario reclamándole una indemnización de $ 800.000.

Sin embargo, el comisario alegó la inconstitucionalidad de la normativa ya que, a su juicio, el mecanismo que establece la ley para estos casos, al fijar un plazo de tres días para contestar la demanda, implica una violación del derecho de defensa y también del principio de igualdad establecido en el ar- tículo 8° de la Constitución.

Por ese motivo, el caso fue elevado desde el juzgado de Flores donde se tramitaba, hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que en un reciente fallo -firmado por unanimidad de los cinco ministros- rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acoso sexual.

La sentencia de la Corporación, redactada por el ministro Leslie Van Rompaey, señala que la regulación del proceso judicial previsto para estos casos "no resulta violatoria de las disposiciones de orden superior invocadas".

"La circunstancia de que el legislador estableciera un plazo de tres días para que la parte demandada conteste la demanda, no permite argumentar que afecte el principio de igualdad...", indica el fallo.

La resolución, a la que tuvo acceso El País, agrega que el comisario demandado no logró demostrar que "se haya visto privado de una razonable oportunidad de defenderse".

APLICACIÓN. Con el fallo de la SCJ a su favor, la funcionaria policial que denunció la situación de acoso, se presentará hoy ante el Ministerio del Interior reclamando que la secretaría de Estado aplique de manera "cabal" lo que prevé la ley de acoso sexual.

El abogado Carlos Romero, representante de la mujer demandante, dijo a El País que el comisario ha continuado en su cargo mientras que su clienta fue trasladada desde la cárcel departamental de Flores hacia la Escuela de Policía.

Incluso, según dijo Romero, otros funcionarios policiales que fueron ofrecidos como testigos han sido trasladados a otros cargos. El abogado también cuestionó que a más de un año de planteado el caso, el Ministerio del Interior no tomó resolución en la investigación administrativa iniciada.

Según lo que prevé la ley de acoso sexual, esa situación se configura tanto a nivel laboral y educativo ante "todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe".

La norma estableció tres vías para canalizar las denuncias: la empresa o entidad pública involucrada, la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Justicia, a través de la presentación de reclamos civiles indemnizatorios.

(Publicado por El País – Ururugay, 7 diciembre 2010)
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