Justicia
Uruguay: Acuerdan la liberación de reclusos con delitos leves
Gobierno y Poder Judicial acordaron un plan para bajar el hacinamiento carcelario, que abarcará a 644 de 9.200 presos. Incluye liberación de primarios con delitos leves. Quedarán libres los presos con dos años de reclusión sin acusación fiscal.
El plan fue elaborado por una comisión integrada por dos asesores del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en materia carcelaria (Silvia Izquierdo y Gabriela Fulco) y dos representantes del Poder Judicial (Alfredo Gómez Tedeschi y Carlos Alles).
El acuerdo será enviado al Parlamento como proyecto de ley luego que Bonomi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, lo firmen la próxima semana.
La liberación abarcará como mínimo un 7% de los reclusos del país, que cometieron delitos leves y cumplieron una prisión preventiva superior a los dos años. A estos se sumarán otros grupos de internos como enfermos terminales, mujeres embarazadas o que amamanten a sus hijos y mayores de 70 años, con exclusión de aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, dijeron a El País fuentes gubernamentales y del Poder Judicial.
Uno de los capítulos del plan será la liberación automática de presos poco peligrosos al cumplir media pena. El objetivo de esta medida será coyuntural para descomprimir el hacinamiento carcelario que se estima en un 138%, según el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé.
Las fuentes señalaron que adentro de este grupo se incluirán internos remitidos a la cárcel por hurtos simples. Quedarán excluidos aquellos que cometieron homicidios, rapiñas en concurso con otro delito, peculado y violaciones.
También quedarán al margen de la norma los que protagonizaron delitos económicos, de crimen organizado y de corrupción pública que afectan intereses estratégicos del Estado uruguayo.
Además no se beneficiarán de estas medidas aquellos delincuentes que cometan robos a mano armada, con participación de menores o con resultado de lesión.
Tampoco beneficia a reincidentes. Este un problema que frena, en parte, el plan de descongestionamiento del gobierno y de la Suprema Corte de Justicia, ya que la gran mayoría de los presos uruguayos son reincidentes y cometieron delitos graves. Sin embargo, las fuentes indicaron que la medida igualmente beneficiará a un número importante de internos.
Otras soluciones coyunturales que, según las fuentes consultadas, incidirán en el descongestionamiento, será la aplicación de medidas alternativas a la prisión para presos poco peligrosos.
Por dentro de éstas se manejan los controles de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), la utilización de pulseras electrónicas y la asistencia de programas del Patronato de Encarcelados y Liberados del Uruguay. (Ver recuadro).
A las medidas coyunturales, se sumarán otras permanentes. La fundamental de ellas es que se establecerá un plazo razonable para el trámite de un juicio penal, lo que es un viejo reclamo del movimiento de los derechos humanos del Uruguay. La medida prevé que en cualquier proceso que no tenga acusación fiscal en un plazo de dos años, el juez a pedido del abogado defensor tendrá que automáticamente poner en libertad al procesado. La otra norma permanente tiene que ver con el cupo penitenciario en caso de hacinamiento crítico.
Se determina una obligación para los defensores, fiscales y jueces de revisar todas causas a fin de aplicar medidas alternativas a la prisión en caso de hacinamiento crítico.
Tras una gira por Rusia e Israel, Bonomi arribará hoy jueves y se reintegrará mañana viernes al Ministerio del Interior. Para la próxima semana está prevista una reunión con Chediak para sellar el acuerdo.
menores. Uno de los temas que no se incluyó en el acuerdo es el mantenimiento de los legajos de los menores que cometieron delitos graves.
El régimen actual establece que los antecedentes de los adolescentes que delinquen se destruyen cuando estos cumplen los 18 años.
Bonomi y Chediak estaban dispuestos a mantener los legajos sólo en algunos casos. Pero adentro del Frente Amplio, las opiniones estaban divididas.
Pulseras electrónicas
El proyecto de ley, que será firmado entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia, autoriza la utilización de dispositivos de control extra domiciliarios, lo que hasta el momento no está previsto en la legislación uruguaya. Las pulseras, que tienen un costo de US$ 200, sólo pueden ser usadas por las personas a las que se le otorgó libertad domiciliaria. Con este cambio en la normativa, se prevé potenciar la libertad vigilada.
(Publicado por El País – Uruguay, 14 octubre 2010)
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