Ecuador: La Fiscalía procesó a 260 policías por la insubordinación del jueves

La Fiscalía General del Estado, con custodia militar. Uniformados del Ejército brindaron ayer protección al edificio Patria, en el norte de Quito. Allí, la Fiscalía realizó la formulación de cargos de 57 policías.

El mensaje se escribió al apuro. Apenas conoció que su esposo fue detenido, María C. tomó un esfero de su hija y escribió la frase: Liberen a los policías detenidos.

Con ese cartel acudió al Centro de Adiestramiento Canino (norte de Quito), en donde estaban detenidos 57 gendarmes que supuestamente participaron en la insubordinación de hace ocho días.

Ayer se confirmó que, en total, por este hecho están procesados 260 policías. Catalina R. logró ingresar al Centro, pese al impedimento de los policías y conversó con su hijo. "Está mal. Él no participó de los disparos en la noche y es un chico muy tranquilo".

El arresto causó tensión en el Regimiento Quito Nº 1, cuartel policial donde se inició la protesta del 30 de septiembre.

Durante la mañana, personas de civil entraron una y otra vez al lugar. Una mujer, que dijo ser esposa de un policía detenido, llegó para reclamar por la medida cautelar. “Ese día mi esposo estaba en su oficina y no participó del tiroteo. A pesar de ello ahora está detenido”, aseguró. Luego se enteró de que los uniformados se encontraban en el denominado Centro de Adiestramiento Canino. “Me voy allá a ver qué sucede”.

Pasado el mediodía, los tres abogados que representan a los gendarmes involucrados convocaron a una rueda de prensa y señalaron que la actuación de los jefes policiales es ilegal. “Están secuestrados y no pueden comunicarse con nadie”, dijo Patricio Armijos, uno de los abogados defensores.

El judicial indicó el memorando 2010-1406-CMO-UVC firmado por el teniente coronel Patricio Gutiérrez. En ese documento se indica que los policías deberán presentarse el 5 de octubre a las 18:00. “Mi esposo me dijo que todo estaba tranquilo y que se iba a ese lugar por órdenes de los jefes. Pero no creíamos que iban a quedarse detenidos. Los engañaron para llevarlos", señaló otra mujer, esposa de un policía.

En la mañana, el fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, defendió la actuación y aseguró que las diligencias son parte de una investigación procesal. Jorge Cano es el fiscal que investiga la posible rebelión. En escuetas declaraciones dijo que "hay más de 30 detenidos". Pero Armijos señaló que son 57 y que conversó con todos. Ellos debían comparecer ayer en la Fiscalía, pero hasta el cierre de la edición no se iniciaba la diligencia. De confirmarse el delito, los gendarmes podrían ser reprimidos con prisión de 2 a 5 años, según el Código Penal.

Cárcel para Fidel Araujo

Ayer se iniciaron las acciones legales contra Fidel Araujo, por el presunto delito de instigación a la rebelión de la Fuerza Pública. Tras la audiencia de formulación de cargos, que duró cerca de tres horas, el juez de Flagrancia, Santiago Coba, inició la instrucción fiscal y ordenó la prisión preventiva del inculpado por la Fiscalía.

El militar en servicio pasivo y ex colaborador del ex presidente Lucio Gutiérrez fue acusado por el Ministerio de la Justicia de participar en la revuelta policial. Esa denuncia fue acogida por el fiscal José Miguel Jiménez, quien tendrá 90 días para investigar.

Durante la audiencia de cargos que se realizó en la Policía Judicial de Pichincha, el Fiscal presentó como evidencia para la acusación un video en el que Araujo aparece hablando por celular, en medio de las protestas.

Sostuvo que ese día el acusado supuestamente vestía un chaleco antibalas de dotación policial.

Según él, en días anteriores a la insubordinación, Araujo se habría reunido o realizado contactos telefónicos con personas relevantes, aunque no reveló nombres. Para indagar sobre esos y otros posibles contactos, Jiménez pidió al Juez que decomisara el celular del acusado. Dicha petición fue aceptada.

Durante el descargo, la defensa pidió facilitar un chaleco antibalas para que Araujo lo usara en ese momento. Esto, con el afán de desvirtuar las acusaciones, incluso se colocó la camiseta de franjas azules y blancas que vestía el jueves 30 de septiembre.

Araujo rechazó las acusaciones del presidente Rafael Correa de que él fue quien instigó a las agresiones en contra del Mandatario. Argumentó que en el momento en que ocurrían esos incidentes, él realizaba un depósito en la Cooperativa 29 de Octubre. Incluso, presentó como prueba una papeleta de depósito.

La defensa también presentó cartas de pago de luz, teléfono y condominio para justificar el arraigo familiar o social, es decir una vivienda estable. Coba consideró que eso no garantizaba la permanencia de Araujo en el país mientras se realiza el proceso. Adujo que las cartas de pago estaban a nombre de Manuel Araujo -según un familiar, se trata del padre (fallecido hace un año)-.

Por lo que el Juez ordenó la detención preventiva, aunque indicó que la defensa tiene la posibilidad de apelar. Anoche, Araujo fue trasladado del calabozo de la PJ al Centro de Detención Provisional.

El Jefe de la Escolta, preso

En la tarde se confirmó la detención de quien hasta anteayer se desempeñaba como jefe de la Escolta Legislativa, coronel Rolando Tapia. A él se lo acusa por supuestamente no haber ejercido control en los exteriores e interiores de la Asamblea, el jueves último.

En esta Función del Estado se indicó que el arresto es para investigaciones sobre el hecho. La retención se produjo un día después de que miembros de las FF.AA. se hicieran cargo de la seguridad de la Legislatura. Anteayer, los 124 policías de la Escolta Legislativa fueron relevados.

10 uniformados que integraban el grupo se presentaron ayer en el Regimiento Quito 1. Una fuente señaló a este Diario que ese personal se sumará a la vigilancia en las calles de Quito, “hasta definir a qué provincias son transferidos”. Un gendarme que trabajaba en la Asamblea señaló que respeta la decisiones, pero “se debería investigar bien quiénes son los verdaderos culpables”.

Asuntos Internos investiga

La Inspectoría de la Policía (Asuntos Internos) realiza una investigación, casa adentro, de la insurrección. Como primera medida se ordenó que el personal del Regimiento Quito, indagado por los hechos del jueves, fuera traslado a otras provincias.

Policías motorizados entraban y salían del Regimiento. Ellos se molestaban al comentar que el lunes les retiraron las pistolas. “No podemos hacer nada ante posibles asaltos u otros hechos”, dijo un agente. Las armas son sometidas a peritajes y los policías no saben cuándo las recuperarán.

En medio de las diligencias, el fiscal Freire no descartó pedir las exhumaciones de cuatro de los cinco muertos en la revuelta (dos policías y dos militares). Señaló que así se podrán establecer las causas de los decesos.

'Presunto grupo parapolicial'

El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo que mediante información de correos electrónicos, dirigidos a los mandos medios policiales, se hace un llamado a la activación y funcionamiento de grupos de acción armados policiales.

“Con todos los cuidados que debemos tener en estas cosas, que hemos tenido cuando hemos encontrado e-mails, la información en uno de estos correos del que ya tiene conocimiento la Fiscalía, de mensajes a la oficialidad intermedia y a la Policía se hace mención a la activación y al funcionamiento para el día de la sublevación y para el resto, para combatir a lo que ellos llaman mal Gobierno, que está liquidando a la Policía. Hablan de grupos de acción armados policiales”, precisó.

Carvajal dijo que, si bien es cierto que la Policía es una institución armada, “aquí se está hablando de otra cosa, se está haciendo mención a formas de organizaciones clandestinas armadas en la Policía.

En medio de la circunstancia que esto implica, este caso también se ha incorporado a las investigaciones”. Red. Política

Inteligencia

El presidente Rafael Correa admitió que los servicios de inteligencia fallaron al no advertirle que la sublevación policial era apenas la punta del iceberg de un complot mucho más amplio.

Se disculpó por su actitud a los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que tomaron el aeropuerto Mariscal Sucre y lo cerraron por 18 horas a todos los vuelos. Los rebeldes, incluso se hicieron fotografiar con carteles muy elaborados y posando en la pista central de la terminal aérea. “Cuando les explicamos lo que estaba sucediendo, entraron en razones y enseguida depusieron su actitud”, dijo. Esto apuntala el hecho de que Correa se apoyó en las Fuerzas Armadas para realizar esta depuración policial. Inmediatamente después de la crisis hubo un acuerdo entre los comandantes y el ministro de Defensa para mantener las bonificaciones a los militares que el gobierno le está recortando al resto de los servidores públicos. Ayer se extendió el estado de excepción y los soldados continúan controlando los puntos neurálgicos del país. La imagen en el centro de Quito es muy clara: los militares aparecen como los grandes ganadores de este conflicto.

La Ley

El art. 224 del Código Penal dice que la tentativa de asesinato contra el Presidente de la República será reprimida con reclusión mayor de 8 a 12 años, aunque no llegue a inferirse daño