Revocan procesamientos por caso de free shop en el Chuy

La Justicia archivó el expediente que se había iniciado en diciembre de 2009 cuando fueron procesadas siete personas acusadas de integrar una organización que se dedicaba a contrabandear mercaderías desde free shops del Chuy.

La jueza Adriana de los Santos revocó los procesamientos dispuestos en diciembre de 2009 por el entonces magistrado Federico Álvarez Petraglia, quien enjuició con prisión a cinco empresarios y sin prisión a dos funcionarios de un free shop del Chuy, a quienes encontró responsables de integrar una red delictiva que se dedicaba a contrabandear a Brasil perfumes y whiskies de alto costo.

La magistrada, en una resolución que notificó ayer a los abogados defensores, estableció la "revocación en todos sus términos" de la decisión que había tomado en su momento Álvarez Petraglia -quien renunció en junio pasado al Poder Judicial- junto con el fiscal Diego Pérez.

En su resolución, de los Santos explica que no surgen elementos probatorios "que determinen la operativa de ingreso, egreso y traslado" ilegal de mercaderías, así como tampoco ninguna "irregularidad o anomalía en la documentación o transporte de la mercadería".

De esa forma, la magistrada eximió de responsabilidad penal a los empresarios Víctor Mesa, Santiago Moneta, Guillermo Martínez y Sebastián Laso, así como al ciudadano paraguayo de origen árabe Ahmad El Age, quienes habían sido procesados con prisión por Álvarez Petraglia, imputados por "contrabando" y "asociación para delinquir". En su momento también fueron procesados pero sin prisión dos empleados del local comercial.

La maniobra descubierta en su momento y que motivó los procesamientos, consistía en utilizar los beneficios fiscales del free shop Natural para llevar de contrabando mercadería a Brasil, fundamentalmente whisky y perfumes.

La magistrada De los Santos señala en su resolución que Mesa y Martínez son propietarios de tres empresas que desarrollan su actividad en la venta de productos de cosmética y perfumería.

En el fallo, al que accedió El País, la magistrada relata la participación de varias firmas en la compra y distribución de los productos, pero de ello no surgen elementos que puedan generar "responsabilidades penales para los procesados Mesa y Martínez", que en realidad fueron los únicos imputados que recurrieron la resolución de Álvarez Petraglia.

La jueza agrega que las empresas de Mesa y Martínez no vendieron whisky a otra firma que aparecería vinculada a la supuesta maniobra, así como tampoco se encontraron irregularidades en cuanto a la venta de cosméticos y perfumes.

FREE SHOP. De los Santos señala que la venta de mercadería en tránsito desde la Zona Franca de Libertad con destino a los free shop en la zona del Chuy, "no se ajusta al tipo penal incriminado", ya que se trata de una actividad regulada por un decreto del año 1993.

La jueza también hace referencia a la actividad del ciudadano paraguayo procesado, quien adquiría cosméticos en el Chuy para luego trasladarlos a su país y a Brasil.

Al respecto, indica que como los productos que se encuentran en los free shop se consideran en "tránsito", jurídicamente no ingresaron a la jurisdicción aduanera uruguaya, y por eso no se genera una pérdida de renta fiscal. Además, la jueza sostiene que el control de su ingreso a Brasil corresponde a las autoridades de ese país.

En el caso a estudio, "la mercadería no ingresó a la corriente comercial de plaza, por lo que no hubo pérdida ni peligro de pérdida de renta fiscal aduanera, al no originarse el hecho generador del tributo aduanero", dice la jueza.

El fiscal Diego Pérez tiene la posibilidad de apelar la decisión de la jueza De los Santos, si es que entiende que se deben ratificar los procesamientos que en su momento ordenó Álvarez Petraglia. Si el fiscal apela, el caso deberá ser elevado a un Tribunal de Apelaciones en lo penal, que será el encargado de decidir sobre el punto.

Reclamo millonario de la DGI

La DGI ratificó hace diez días una denuncia penal contra los responsables del free shop Natural, por la evasión de aportes en la venta de productos a Brasil. Según el organismo, el local comercial evadió aportes por un total de $ 443,1 millones. El caso está a cargo del juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz. Se trata de una de las denuncias de defraudación más importantes en el último tiempo en Uruguay.

(Publicado por El País – Uruguay, 23 septiembre 2010)
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