Justicia
Costa Rica: Diputados cuestionan a auditor del Poder Judicial
Los diputados cuestionaron el miércoles al auditor del Poder Judicial, Hugo Ramos, por las decisiones que tomó esa institución en torno a la contratación de una consultoría con la firma española Indra Sistemas S. A.
Durante casi una hora, Ramos respondió a las preguntas de los miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Ahí explicó que Jorge Obando, el esposo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ana Virginia Calzada, no tiene impedimento legal para participar como director del proyecto, pues él es un empleado de Indra Sistemas y no directivo o representante de la empresa.
El auditor se basó en un criterio legal elaborado en diciembre pasado por la abogada del Poder Judicial, Ana Lía Umaña Salazar.
Insatisfechos. La explicación de Ramos, sin embargo, no fue satisfactoria para algunos legisladores.
“Y ¿el tema de probidad establecido en la ley de enriquecimiento ilícito? ¿El tema de mostrar que en las actuaciones públicas deben privar los más fundamentales principios éticos y morales?”, preguntó la libertaria Marielos Alfaro.
“¿Considera usted que en este caso esas actuaciones fueron las más adecuadas para el ejercicio público?”, le consultó Alfaro.
“Esas preguntas se las debería hacer a don Luis Paulino Mora (presidente de la Corte), a la unidad ejecutora y a Francisco Dall'Anese”, le respondió el auditor.
“Creemos que este caso está dentro de los márgenes que las leyes establecen. Pero, si se estima que eso puede generarle problemas al país, pienso que los señores diputados podrían pensar en el futuro en reformar la ley”, agregó Ramos.
El auditor no aclaró por qué el Poder Judicial negoció con Indra condiciones distintas a las que exigía el cartel de licitación pública, previo a firmar el contrato.
“En un cartel de licitación se indican los términos y no pueden ser variados a posteriori. ¿Por qué se hizo una readecuación?”, le consultó Víctor Hernández, del PAC.
Ramos pidió a los legisladores preguntarle sobre este tema a Sonia Navarro, directora de la unidad ejecutora que vela por el proyecto.
El legislador Wálter Céspedes (PUSC) quiso saber la razón por la cual el Poder Judicial no multó a la empresa por los incumplimientos en los que incurrió , y en su lugar decidió renegociar el contrato.
“No tenemos injerencia en las decisiones que toma la administración. Lo que se me dijo es que era más perjudicial rescindir el contrato que continuar”, indicó Ramos.
Al final, varios diputados no quedaron contentos. “En nada avanzamos”, señaló Hernández.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 17 junio 2010)
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