Garzón, premiado en París: 'Soy esclavo de la Ley, pero de una Ley no sólo local'

El juez Baltasar Garzón ha recogido el 'Premio de la Libertad y la Democracia René Cassin', en la Universidad de Ciencias Políticas de París. Este galardón, de gran prestigio jurídico, se entrega cada dos años. En esta ocasión, se ha elegido al magistrado español por su lucha contra los crímenes de la humanidad.

"Es un honor recoger este premio y hacerlo en unas circunstancias especiales y difíciles para mí que me reivindican en mis principios", ha comenzado su discurso Garzón.

Todos los intervinientes, entre los que se encontraba el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y el ex primer ministro conservador francés Dominique de Villepin, han destacado la actuación del juez Baltasar Garzón en la lucha contra las dictaduras en el mundo, sobre todo con su orden de detención de Pinochet.

Pero también casi todos hicieron referencia a la acusación de prevaricación en el caso de las víctimas franquistas que pesa sobre Garzón.

"¿Las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las víctimas de Pinochet o de otras dictaduras latinoamericanas?", aseguró uno de ellos.

El discurso del magistrado se ha centrado, en su primera parte, en explicar sus actuaciones en casos como Chile, Argentina o Guatemala, con frases de doble sentido para quien lo quiera ver: "Hoy me constituyo en defensor, entre otros muchos, de la utopía como ejemplo de lo diferente y de lo que nos falta en nuestra corta vida. Como representante humilde de la Justicia exigible en un marco de conciencia universal contra la humanidad".

"Soy juez y por tanto un hombre del derecho y para el derecho. Como decía Cicerón, soy esclavo de la Ley. Pero de una Ley no sólo local sino universal", añadió.

'No se puede construir la democracia sobre miles de cadáveres'

Repasando los casos argentinos o chilenos, Garzón ha asegurado que los dictadores "acudirán a la ocultación, a la mentira, a la manipulación" para tapar las cosas que ha hecho, pero también que "la corrupción está íntimamente ligada a la impunidad".

Pero no ha querido quedarse sólo en su trabajo hecho hasta ahora y ha advertido de que "no se puede construir la democracia sobre miles de cadáveres ocultos" y ha asegurado que "en muchos otros lugares, el pasado sigue siendo una cripta cerrada". Por eso, ha añadido, "mientras haya un juez independiente, hay esperanza".

El encargado de entregarle el premio ha recitado los versos de García Lorca 'caminante no hay camino, se hace camino al andar' para acabar con un "caminante Garzón, esto no ha acabado, esto acaba de empezar".

El proceso

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reclamado la absolución para el juez Baltasar Garzón en el juicio que se le seguirá en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo, al considerar que los hechos de los que le acusan Manos Limpias y Falange Española de las JONS en los escritos supervisados por el juez instructor Luciano Varela, "no son constitutivos de delito, y en modo alguno del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal".

Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación especial al magistrado que, "a sabiendas, dictare resolución injusta". Falange y Manos Limpias solicitaron la pena máxima de 20 años de inhabilitación para Garzón y la segunda de estas formaciones incluso acomodó su escrito a las instrucciones de Varela relativas a que el juez actuó "a sabiendas".

El fiscal, que en un escrito anterior criticó a Varela por inventarse nuevos trámites y plazos para perjudicar a Garzón, dice ahora que "sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna", ni tampoco "solicitar responsabilidad civil alguna".

Para el acto del juicio, propone como prueba el interrogatorio de Garzón, y la lectura de los autos en los que el juez incoa diligencias sobre las denuncias de víctimas del franquismo "vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936". También propone la lectura del auto por el que Garzón se declara competente para investigar el franquismo y en el que acuerda inhibirse en favor de distintos juzgados. También pide que se dé lectura al auto del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y de los votos de los tres magistrados que apoyaron la competencia de Garzón.

Entretanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, respondió ayer, en una carta enviada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y al secretario del mismo, Celso Rodríguez, que ya "conocía la investigación abierta contra el magistrado Baltasar Garzón Real" y que confirma que no encuentra "razones para modificar la decisión de contratarle en calidad de asesor legal de la fiscalía". Moreno-Ocampo explica que comprende que el juez "de acuerdo con la ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido de sus funciones", pero añade: "La fiscalía, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y, por lo tanto, ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".

Por último, y en contestación a una pregunta directa del Consejo General del Poder Judicial, aclara: "El cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal". El fiscal de la Corte Penal Internacional se despide del presidente del CGPJ confiando en contar con su "apreciada cooperación". La cuestión sobre la inmunidad planteada por el Consejo ha causado cierta perplejidad en medios jurídicos por cuanto esta viene detallada en el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional fácilmente accesible por Internet.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió un nuevo informe al Consejo del Poder Judicial reiterando que sigue siendo "de interés" para España la presencia de Garzón en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Exteriores se pronunció en la misma línea que en el informe solicitado la pasada semana, y ratificó la calificación que el Gobierno da al eventual traslado de Garzón a La Haya pese a la suspensión del magistrado.

La Haya

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Holanda), respondió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no supone ningún obstáculo para el acceso del magistrado a un puesto de asesor en este departamento. Aclaró además que el cargo ofrecido no incluye ningún tipo de inmunidad procesal.

El TPI ha sido el primer organismo que ha contestado a los requerimientos que realizó el pasado viernes la Comisión Permanente del Consejo con el fin de determinar si la nueva situación del juez, una vez suspendido por estar incurso en una causa penal en el Tribunal Supremo, incide en la petición que este realizó para ser declarado en "situación de servicios especiales" durante siete meses con el fin de ocupar la plaza que le han ofrecido en el organismo internacional.

En una breve misiva, firmada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, la Fiscalía del TPI señala que ya conocía la investigación abierta a Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo, y que "comprende que debía ser suspendido de sus funciones" de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

No obstante, Moreno Ocampo subraya que la Fiscalía "respeta el principio de inocencia" establecido en el artículo 66 del Estatuto de Roma "y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".

El CGPJ aún está pendiente de recibir otros cuatro informes antes de volver a reunirse para discutir el eventual traslado a La Haya de Garzón. Entre ellos, los solicitados tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informen sobre la petición de hecha por Garzón para ir a La Haya.

Además, la Comisión Permanente informó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la solicitud de Garzón y le pidió su opinión acerca de si le eventual declaración del juez en situación de "servicios especiales" afecta al curso de las actuaciones penales que se encuentran en trámite contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Finalmente, el propio Consejo General deberá emitir un informe que aclare si procede la petición de Garzón una vez ya ha sido acordada y notificada formalmente su suspensión cautelar.

Una vez cumplimentados todos estos informes, la Comisión Permanente se reunirá para tratar este asunto sin necesidad de ajustarse al plazo de 24 horas establecido en el artículo 58 del Reglamento de organización y funcionamiento que rige en este órgano.

(Publicado por El Mundo – España, 18 mayo 2010)
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