jueves, 8 de abril de 2010


Justicia

CSJ de Uruguay debe pronunciarse sobre si "suero de la verdad" es legal

La Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre la legalidad de la aplicación del "suero de la verdad", a pedido de la defensa de una enfermera del Hospital Pasteur que fue encontrada culpable de la muerte de un paciente.

"Yo no mato a mis pacientes, yo quiero a mis pacientes y quiero mi empleo de enfermera", declaró María del Carmen Cranchi cuando el 20 de diciembre de 2006, por orden judicial, fue interrogada bajo los efectos del propofol, una droga de similares características al pentotal sódico, comúnmente conocido como "suero de la verdad".

Esa fue la primera y única vez que en Uruguay se utilizó el "narcoanálisis", un método de investigación que se aplica con frecuencia en el exterior, pero que la legislación nacional no regula expresamente.


La enfermera, en un sonado caso, fue procesada con prisión en agosto de 2006 acusada de provocar la muerte de un paciente del Hospital Pasteur al suministrarle alimento por una sonda nasogástrica, por lo que estuvo cuatro meses recluida en la Cárcel de Mujeres.

En 2008, la jueza penal Graciela Eustachio condenó a la mujer a la pena de 18 meses de prisión por el delito de "homicidio culposo". Recientemente, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó la decisión de la magistrada.

La resolución de la sala cuestionó que el "narcoanálisis" es de "dudosa legalidad" porque las respuestas que brinda el indagado "no tienen más valor que las expuestas durante cualquier interrogatorio".

Por eso, la defensa de Cranchi presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que el máximo órgano del Poder Judicial absuelva a la enfermera de la acusación que recae sobre ella.

Pero en el recurso, el abogado Gustavo Salle, defensor de la enfermera, también pide que los ministros de la SCJ se pronuncien sobre si el "narcoanálisis" es legal o no, ya que no existen antecedentes jurisprudenciales que hagan referencia al polémico tema.

En tal sentido, el abogado señala que se trata de un medio probatorio "incuestionablemente legal y válido y (que) agrega un plus de credibilidad a las reiteradas declaraciones exculpatorias de la encausada". Además, recuerda que el interrogatorio fue realizado bajo un estricto control médico, y en presencia del juez del caso.

El abogado agrega que su defendida fue interrogada bajo los efectos del propofol con su consentimiento y que, además, la fiscal que intervino en el caso, Diana Salvo, sugirió que los testigos fueran interrogados utilizando el "narcoanálisis".

"Los jueces no pueden negar los datos de la realidad. No es correcto desde el punto de vista lógico y racional, decir que responder un interrogatorio sometido al efecto de una droga es lo mismo que responder en estado natural o de normalidad", señala Salle en el recurso.

POLÉMICA. El fundamento médico del uso del "narcoanálisis" en interrogatorios judiciales, radica en que para la mente humana es mucho más complejo elaborar una mentira que decir la verdad. Las funciones corticales superiores cerebrales son las que elaboran las mentiras, y sobre esa zona del cerebro es donde actúan drogas como el pentotal sódico o el propofol.

Sin embargo, a nivel científico, hay visiones encontradas sobre la aplicación del pentotal sódico, que fue descubierto en la década de 1930 y que inicialmente fue utilizado como analgésico.

En los últimos años, la utilización del "suero de la verdad" fue planteado en otro sonado caso judicial en Uruguay: el homicidio del hincha de Cerro Héctor Da Cunha, asesinado a puñaladas en marzo de 2006 a la salida del Estadio Centenario luego de un partido entre su club y Peñarol.

Uno de los procesados por ese hecho, pidió en 2007 ser sometido al "narcoanálisis" como forma de demostrar su inocencia, pero el juez Julio Olivera Negrín desestimó esa solicitud al considerar que "no es un medio probatorio admitido por nuestro derecho positivo aún cuando la persona a la que se le va aplicar así lo consienta", opinó el magistrado.

(Publicado por El País – Uruguay, 8 abril 2010)
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