Justicia
CSJ de Uruguay indagará filtración de información en un tribunal
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvieron iniciar una investigación administrativa con motivo de la "filtración" de información en un juzgado penal de Maldonado, hecho que fue denunciado por un magistrado de Montevideo.
La indagatoria administrativa, que será llevada a cabo por el ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, Ángel Cal, abarcará a los jueces de Maldonado Gabriel Ohanian y Adriana Graziuso, y al magistrado de Montevideo Federico Álvarez Petraglia, informó el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.
Álvarez Petraglia denunció el mes pasado ante la Corporación y ante un juzgado especializado en crimen organizado que desde el juzgado de Ohanian se filtró información relativa a la situación procesal de una empresaria inmobiliaria de Punta del Este que había oficiado como "colaboradora" en el marco de la investigación por lavado de activos y que en noviembre de 2009 derivó en el procesamiento con prisión del abogado Carlos Curbelo Tammaro.
Álvarez Petraglia sostuvo que divulgando información sobre la mujer, se buscó "desacreditarla" ante la opinión pública. Ante eso, Ohanian presentó un escrito ante los ministros de la SCJ pidiendo que se investigara su presunta responsabilidad en el hecho denunciado por su colega.
El objetivo de la investigación administrativa será establecer las causas de la eventual irregularidad, a la vez que determinar las causas de la "tirantez" existente entre los tres magistrados, explicó Chediak a El País.
Si bien la polémica generada involucra a Álvarez Petraglia y Ohanian, la Corporación decidió que también se investigue administrativamente la actuación de Graziuso, señaló el presidente de la SCJ.
La "colaboradora" que declaró contra Curbelo Tammaro, fue enviada a prisión por Ohanian ya que alquiló dos inmuebles pero no entregó el dinero a sus dueños.
El caso
El manejo público de ese caso fue denunciado el mes pasado por el juez de Montevideo Federico Álvarez Petraglia, ya que la mujer que procesó Ohanian fue la "colaboradora" que aportó elementos sobre la operativa del grupo de narcotraficantes desbaratado en la "Operación Campanita" en 2006 y que en noviembre de 2009 derivó en el enjuiciamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro por el delito de "lavado de activos".
La empresaria, que está involucrada en la maniobra, acordó con Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez la posibilidad de brindar información a cambio de no ir a prisión, mecanismo previsto en la nueva ley antilavado vigente desde junio del año pasado.
Sin embargo, la mujer fue denunciada en enero por los propietarios de dos chalets que fueron alquilados por la temporada de verano, aunque no percibieron el dinero producto del arrendamiento. Por eso, Ohanian ordenó el procesamiento con prisión de la empresaria, a quien le imputó dos delitos de "apropiación indebida".
Por implicar a quien había declarado contra Curbelo Tammaro, el caso tuvo amplia difusión pública tanto en Montevideo como en Maldonado. Y en ese contexto, Álvarez Petraglia entendió que existió una campaña para "desacreditar" a la testigo que aportó varios de los elementos que permitieron procesar al veterano abogado de 74 años de edad, que actualmente se encuentra recluido en Cárcel Central.
Incluso, Álvarez Petraglia informó de la situación a la Justicia Especializada en Crimen Organizada para que se investigue el hecho, aunque aclaró que no se trata de una denuncia dirigida hacia su colega de Maldonado.
A raíz de ello, y más allá de las derivaciones que pueda tener esa investigación judicial, Ohanian pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que se disponga el inicio de una investigación administrativa en su juzgado.
Los miembros del máximo órgano del Poder Judicial prevén analizar el asunto esta semana. "Es un tema muy delicado, porque involucra a dos jueces de la República", dijo a El País un ministro de la SCJ.
El procesamiento con prisión de la "colaboradora", será uno de los elementos que utilizará la defensa de Curbelo Tammaro -a cargo de Miguel Langón- que sostiene que el testimonio en su contra no puede ser considerado válido. Además, se entiende que no hay elementos que permitan vincular al abogado con las maniobras de "lavado" ni que haya participado en inversiones.
Embargarán torre de más de US$ 4 millones
La indagatoria sobre las maniobra de "lavado de activos" provenientes de la red de narcotraficantes descubierta en el marco de la "Operación Campanita" tendrá novedades en los próximos días. El juez penal Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez ultiman los detalles para ordenar el embargo de una torre de Punta del Este cuyo valor supera los US$ 4 millones y que habría sido construida con dinero proveniente del tráfico de drogas, según pudo saber El País. Hasta el momento, fueron embargadas varias propiedades por un total de US$ 2,5 millones. Los magistrados prevén tomar declaración a varias personas en el transcurso de esta semana.
(Publicado por El País – Uruguay, 9 marzo 2010)
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