Ley
Brasil: Lula le declara la guerra a las empresas que "corrompen" al Estado, envía al Congreso una nueva ley que endurece el castigo
Dispuesto a gobernar hasta el último minuto de este año, según afirma, el presidente Lula da Silva envió anoche al Congreso una ley que pretende poner en caja a las empresas privadas "corruptoras" de funcionarios públicos. El proyecto prevé multas que pueden llegar a 30% de la facturación de las compañías "que practiquen actos de corrupción contra el poder público". Y en caso de reincidencia el castigo podrá ser el cierre de la firma.
Entre las medidas intermedias hay algunas muy dolorosas: la pérdida de incentivos fiscales y la imposibilidad de acceder a los créditos ventajosos que ofrecen bancos estatales, como el Banco do Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
En verdad ya existe una legislación pero llena de lagunas, según revelaron los autores del nuevo proyecto legislativo. De acuerdo con la actual reglamentación, sólo cargan con las culpas los empleados de las firmas vinculados con los actos de corrupción empresarial. Pero la compañía queda exenta de toda responsabilidad civil o administrativa. Esto vale tanto para fraudes en licitaciones, como para pagos de coimas a funcionarios del Estado o sobrefacturación de servicios o bienes ofrecidos al gobierno. Lo que se busca es que sean las compañías las que enfrenten los juicios de corrupción mediante un resarcimiento al patrimonio estatal por los daños causados.
De hecho, en Brasil hasta la legislación actual es "burlada" por los empresarios cuyos delitos fueron descubiertos mediante la formación de nuevas empresas a nombre de testaferros, lo que les permite continuar como proveedores del Estado. El proyecto que Lula mandó anoche extiende la mano que castiga sobre ese tipo de compañías creadas ad-hoc, como también a sus directorios.
Para el gobierno, la nueva ley pondrá a Brasil a tono con sus compromisos internacionales. El país firmó la Convención de la ONU contra la Corrupción, como también la convención de la OEA y la establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los países más avanzados en el cumplimiento de este tipo de leyes son EE.UU., Italia, Grecia y Chile. Cuando sea aprobada por el Congreso -no está claro si será este año- la norma regirá también para empresas de Brasil que hayan practicado actos de corrupción con gobiernos extranjeros.
(Publicado por Agencias, 9 febrero 2010)
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