El viceministro de Orden Interno, general PNP (r) Mauro Medina Guimaraes, explicó que la norma reducirá drásticamente el periodo promedio de 90 días que tardaba una autorización judicial para que las compañías telefónicas entregaran a la Policía Nacional información sobre la localización de los celulares de los delincuentes, siempre que exista la flagrancia del delito.

Con la ley publicada el 27 de julio, que regula el uso de datos para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, para fines de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las empresas de telefonía, a pedido de la policía, y previa autorización de un fiscal, estarán obligadas a entregar los datos requeridos en un plazo de 24 horas. Después la solicitud deberá ser validada por un juez.

Sin embargo, algunos críticos señalan que la norma podría ser utilizada para otros fines y representar una amenaza para los derechos de los ciudadanos.

"Cuando ocurría un delito de extorsión vía telefónica, desde el interior de un penal o desde cualquier lugar, normalmente la policía solicitaba al fiscal de turno y al juez la autorización para ubicar el teléfono o el aparato electrónico. Después de un largo proceso recién salía la autorización, cuando el extorsionador ya había cambiado de teléfono o de chip, lo que dificultaba la posibilidades de la captura", refirió el viceministro Medina.

"Ahora, si una persona es extorsionada con celular o cualquier aparato eléctronico, con la ley de geolocalización se podrá ubicar el espacio geográfico en el que se encuentra el delincuente, e incluso se podrá identificar a quien pertenece el teléfono", señaló el viceministro de Orden Interno.

"El efectivo policial debe comunicar de inmediato al fiscal por escrito la denuncia de extorsión. Tiene la obligación de emitir un informe que sustenta el requerimiento dentro de las 24 horas para que el juez convalide el informe", apuntó Medina.

La coordinación para el requerimiento de la información a las cuatro compañías telefónicas sería asignada a la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat), que pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El Decreto Legislativo 1182 precisa que la norma no autoriza de ninguna manera el espionaje telefónico.

"(La ley) está referida estrictamente a los datos de localización o geolocalización y se excluyen expresamente cualquier tipo de intervención de las comunicaciones", indica el dispositivo legal.

El viceministro negó que la norma represente una amenace a los derechos de los ciudadanos.

"Este dispositivo es solamente para ubicar geográficamente el teléfono e identificar a quien pertenece el aparato, no permite acceso al contenido de las comunicaciones. Nada tiene que ver con la escucha legal, ni las interceptaciones telefonicas ordenadas por un juez. Los derechos humanos y la libertad de prensa están garantizados", afirmó.

Propuesta partió de la División de Investigación de Secuestros

La iniciativa para la identificación, localización y geolocalización de los equipos de comunicación fue promovida por el jefe de la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Dirincri, coronel PNP Edwin Rojas Mejía, ante el notable incremento de las extorsiones y la poca colaboración de las compañías telefónicas para informar sobre los aparatos móviles que utilizan los delincuentes.

"Era una necesidad vital para lograr neutralizar a las organizaciones criminales. No teniamos las herramientas para ubicar en tiempo real el teléfono que era usado para la extorsión. Ahora, con esta ley, se va a capturar en tiempo récord a los extorsionadores", señaló el jefe antisecuestros.

El coronel Edwin Rojas explicó que la propuesta fue planteada al ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, quien la tomó como suya y procedió a hacer las consultas con el Ejecutivo.

La ley facilitará acciones contra la extorsión secuestro y otros delitos conexos.

Enfoques

“Contiene una restricción legítima”

Roberto Pereira, IPYS : La localización y geolocalización es un derecho de las personas. Lo ideal hubiera sido que la norma se discuta en el Congreso, pero este le ha delegado facultades al Ejecutivo en esta materia. La norma, sin duda, restringe derechos pero es una restricción legítima y persigue un fin constitucionalmente válido, que es la lucha contra la delincuencia. No se trata de cualquier situación, o cuando se le ocurra al policía, es cuando se está presentando flagrancia delictiva y sea necesaria la ubicación de quienes han utilizado esos equipos para cometer los delitos. Es una medida conforme a la Constitución porque esta exige que se requiera una autorización judicial previa para ingresar en el contendido de las comunicaciones, y esto se cumple.

"Atenta contra la privacidad"

Erick Iriarte, Iriarte & Asociados : La ley atenta contra el derecho de la privacidad en la medida que es una solicitud directa sin pasar por un juez o un fiscal. Sin tener un debido proceso la policía va poder acceder a los datos de las comunicaciones: quién llama, a dónde se llama, cuánto dura la llamada, desde dónde se realiza la llamada, es decir, la localización o geolocalización. La policía va a tener los datos y tiene un periodo de 24 horas para pedir la revalidación de esta información al juez, y si el juez no lo revalida, igual los datos estarán en poder de la policía. La pregunta es, ¿quiénes más van a tener acceso a estos datos?, ¿dónde se van a almacenar los datos?, ¿qué pasa si el juez dice que no se puede utilizar? ¿Cómo se van a borrar? Todo eso queda en el aire.

Cinco claves para entender la 'Ley de Geolocalización'

El pasado 27 de julio, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1182, norma que viene siendo llamada como ‘Ley de Geolocalización’ o ‘Ley Stalker’, y ha generado las críticas de un sector de la opinión pública.

La iniciativa es parte de las medidas del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana y apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, ubicando los celulares desde donde se cometen delitos, como extorsión o secuestro.

Sin embargo, se cuestiona el procedimiento que se empleará para la localización y que la norma sea utilizada para otros fines.

1. ¿De qué se trata la ley?

El DL 1182 señala que la finalidad es regular el acceso de la unidad especializada de la Policía, a la localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar, en casos de flagrancia delictiva.

Según la ley publicada en ‘El Peruano’, la unidad a cargo de una investigación policial pedirá a la unidad especializada, el acceso inmediato a la geolocalización del equipo de comunicación, en los siguientes casos:

- En flagrante delito

- Cuando el delito investigado sea sancionado con más de 4 años de pena privativa de la libertad.

- El acceso a los datos sea una necesidad para la investigación.

2. ¿Cuál será el procedimiento de la Policía?

Este es uno de los puntos cuestionados por los críticos a la norma, al no existir aún los protocolos necesarios para que el proceso no afecte el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

La unidad que investiga el delito pondrá en conocimiento del Ministerio Público el hecho y pedirá el acceso a los datos a la unidad especializada, quienes enviarán la solicitud a las empresas operadoras.

Las compañías estarán obligadas a brindar los datos de localización del equipo móvil, inmediatamente.

Cabe indicar que un juez puede revocar la petición de la Policía, aunque las autoridades ya tendrían bajo su poder la información del móvil.

3. Opinión a favor

Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera que “lo ideal hubiera sido que la norma sea discutida en el Congreso, pero este le delegó facultades al Ejecutivo”.

Para el abogado, la norma constituye una restricción legítima de derechos, además de tener un fin constitucionalmente válido: la lucha contra la delincuencia.

"No se trata de cualquier situación o cuando se le ocurra al Policía. Es una medida conforme a la Constitución porque esta exige que se requiera una autorización judicial previa", sostuvo.

4. Opinión en contra

Erick Iriarte, abogado especialista en temas de delitos informáticos, afirmó que la ley atenta contra el derecho a la privacidad, “en la medida que es una solicitud directa sin pasar por un juez o fiscal”.

Señaló que, sin tener el debido proceso, la policía accederá a la información de los equipos móviles.

"La Policía va a tener los datos y tiene un periodo de 24 horas para pedir la revalidación de la información al juez, y si el juez no la revalida, igual los datos estarán en poder de la Policía", explicó.

Aseguró que la norma no precisa quiénes tendrán acceso a la información y dónde se almacenarán los datos solicitados a las empresas operadoras. "¿Qué pasa si el juez dice que no se puede utilizar? ¿Cómo se van a borrar? Todo eso queda en el aire", opinó.

5. Gobierno se defiende de críticas

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, garantizó que la norma cuenta una serie de candados para evitar las escuchas ilegales de las comunicaciones. Señaló que la medida permitirá ganar tiempo para luchar contra la delincuencia.

"Hemos conversado con las 4 operadores de telefonía del país y están de acuerdo. La norma no es inconstitucional, se puede aplicar", dijo.

Pérez Guadalupe manifestó que es una herramienta legal “fabulosa”, porque antes la solicitud para acceder a un teléfono móvil debía tener la autorización de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Colaboración

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, reveló que tuvo un saldo favorable de su reunión con representantes de las empresas operadores de telefonía en el país (Telefónica, Claro, Entel y Bittel) para conocer su apoyo al Decreto Legislativo N° 1182, conocido como la ley de geolocalización.

Según informó el titular de la cartera de Justicia en una conferencia de prensa, estas se comprometieron a colaborar en la formulación de protocolos.

"Los cuatro operadores de telefonía en el país han manifestado su total voluntad para colaborar con el Ministerio de Justicia y el del Interior en la formulacion de los protocolos y directivas que sean necesarias emitir con el fin de poder dar inicio a la puesta en vigencia plenamente al decreto legislativo de geolocalización", manifestó.

Además, Adrianzén indicó que estas ya le han asegurado que poseen la tecnología requerida para declarar las exigencias mínimas de la ley de geolocalización.

"Los operadores han manifestado que cuentan con la tecnología suficiente como para poder dar cabal cumplimiento de lo establecido en el decreto legislativo referido a geolocalización. Sin embargo, se nos han hecho llegar algunas inquietudes a este respecto que formaran parte del trabajo que vamos a desarrollar en la elaboración de documentos que vamos a conocer", añadió.

Finalmente, Adriánzen compartió las inquietudes que les dijeron los representantes de las empresas.

"Les Interesa particularmente saber cuales van a ser los plazos en los que van a tener que realizar su actividad de colaboración en la geolocalización, los costos en los que incurrirán, cuales y quiénes serán los actuales responsables, cuales seran las obligaciones que asumen los actuales operadores", concluyó.

Ministerio Público no fue consultado sobre Ley de Geolocalización

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lamentó no haber sido convocado por el Ejecutivo para pedir su opinión sobre el decreto legislativo que establece el uso de la geolocalización para ubicar a delincuentes a través de las llamadas hechas desde teléfonos celulares.

"Hubiera sido importante contar con la opinión nuestra para mejorar, obviamente, el trabajo de la investigación policial", señaló.

No obstante, indicó que su despacho está evaluando la norma debido a la polémica que ha generado y porque sus alcances ya están previstos en el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal.

Dicho artículo establece la intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.

En breves declaraciones dadas a RPP en una ceremonia pública, Sánchez indicó que hubiera sido también importante que el decreto legislativo trabajado por los ministerios de Justicia y del Interior contara con la opinión del Poder Judicial.

Es perfectible

Al respecto, horas después, el titular de Justicia, Gustavo Adrianzén, afirmó que la norma es perfectible y que los protocolos y directivas, así como el reglamento, serán consultados a las entidades administradoras de Justicia antes de su aprobación.

Sin embargo, dijo que la ley fue dada en el marco de las facultades legislativas que le fueron otorgadas al Ejecutivo, lo que lo inhibe de hacer consultas.

Por lo pronto, ayer se reunió con representantes de las cuatro operadoras de telefonía móvil que operan en el país, a las que este viernes hará llegar el cronograma de trabajo y responderá a sus inquietudes, principalmente sobre sus obligaciones y participación en el cumplimiento de la ley.

"Todas las operadoras han expresado su voluntad de colaborar en la formulación de los protocolos y directivas que se necesitan para poner en vigencia el decreto ley que establece la geolocalización", dijo el ministro.

La elaboración de estos textos, que son necesarios para la implementación de la norma, demandará entre 30 y 45 días gracias a la colaboración de las operadoras de telefonía, indicó Adrianzén.

A diferencia de lo que ocurrió con el Ministerio Público, las operadoras sí fueron consultadas durante la elaboración del decreto legislativo, según reveló más temprano el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

Lo que se hará, dijo, es intercambiar la información que se requiera respecto a determinados casos criminales.

Dicha data "se la pedimos a ellos, por ser algo que almacenan en su archivos", indicó.

No vulnera derechos

Respecto a las críticas a la norma y el temor de que sea indebidamente utilizada, el titular de Justicia insistió en que la geolocalización no vulnera el secreto de las comunicaciones.

"Solo nos permite ubicar, no se conoce el contenido de la comunicación", indicó tras señalar que es necesario despejar esas dudas con la colaboración de instituciones independientes como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sostuvo que también se debe fortalecer a la Policía Nacional, encargada de la operatividad de la ley. Insistió en que si el juez determina que no existe criminalidad, la información obtenida por la policía aplicando la geolocalización será debidamente desechada.

Por su parte, el coordinador de la Fiscalía Especializada contra el Crimen, Jorge Chávez Cotrina, consideró que la norma puede ser perfeccionada –con el análisis de especialistas– para no poner en riesgo el secreto de las comunicaciones y así puede ser una medida importante para combatir a las organizaciones criminales, principalmente a las dedicadas a la extorsión y el narcotráfico.

El magistrado aclaró que la llamada ley de Geolocalización no regula una interceptación telefónica, la cual necesita de mandato judicial.

"Este tema [Ley de Geolocalización] es diferente; este tema significa que lo único que va a hacer la policía especializada es determinar desde dónde se está haciendo la llamada; no se permite la escucha telefónica, simplemente la ubicación desde donde salió la llamada", precisó.

(Publicado por La República - Perú, 4 agosto 2015)
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