Proceso
España: Imputan a la hija del rey
En una decisión que no tiene precedentes en la larga historia de la monarquía española, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, segunda hija de los Reyes, ha sido imputada por el juez que instruye los presuntos delitos de corrupción de su esposo, Iñaki Urdangarin, Duque de Palma.
Su Alteza Real deberá declarar el 27 de abril por sus vínculos en dos de las empresas principales de la red acusada de graves delitos de apropiación de dineros públicos, el Instituto Noos de la que era miembro de su Junta Directiva, y Aizóon en la que la Infanta ostentaba la propiedad al 50% con Urdangarin.
Esta petición ha sido declarada de oficio por el juez José Castro ya que no está apoyada por el Fiscal. "Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga era la de una utilitarista figuración". Carlos García Reventa era el Secretario y Protector de las Infantas Cristina y Elena en la Casa Real y cobraba un sueldo por su trabajo.
Además, también participaba como directivo en el Instituto Noos donde se investiga la apropiación de más de 6 millones de euros de dineros públicos parte de los cuales fueron a parar a Aizóon. García Revenga actuaba en la directiva del Instituto Noos y está ya imputado.
El magistrado señala que "la Infanta prestaba su consentimiento a que se utilizara su nombre,(Alteza Real) tratamiento y cargo e incluso al hecho de que ella fuera socia copartícipe, junto a Urdangarin, de la entidad mercantil Aizóon".
Agrega el juez que "por ellos surgen una serie de indicios que hacen dudar de que la Infanta desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos".
"Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita. El objetivo es que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y, sobre todo, evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".
Con esta imputación tienen éxito las iniciativas del ex socio del Duque, Diego Torres, quien hace un año que viene aportando centenares de correos electrónicos firmados por el Duque y otras personas que buscan demostrar que la Infanta Cristina, y la Casa Real, (el Rey) estaban enterados de los negociados de Urdangarin.
En la séptima entrega de los e-mails, treinta nuevos correos, incluso aparecen por primera vez mensajes entre Urdangarin y la Infanta, en los que el Duque la consulta sobre actividades de empresas de la trama.
Los delitos claves que investiga el juez instructor José Castro son prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración y evasión fiscal. Hacienda informó que el Instituto Nóos, la pieza clave de la trama de corrupción, y el conglomerado mercantil (includo Aizónn) que giraba en torno suyo facturó entre 2002 y 2012 al menos 16,6 millones de euros a 103 entidades públicas y privadas.
Estas sumas eran desviadas a la red de empresas y entidades creadas por Urdangarin y Torres, y a veces terminaban en paraísos fiscales. El duque de Palma sostiene que su esposa, la segunda hija de los Reyes, tenía en el Instituto Nóos, la pieza clave de la trama, una presencia solo testimonial y no realizó ninguna tarea.
Audiencia
El juez de Palma José Castro empieza a asumir que no tendrá más remedio que aplazar la citación que él mismo fijó ayer de la infanta Cristina para el próximo 27 de abril. Fuentes judiciales confirman que el magistrado aún no ha tomado una decisión, porque de hecho aún no está presentado siquiera el recurso de la fiscalía sobre esa citación, pero sí avanzan que Castro entiende que lo más lógico será finalmente cancelar esa cita y dar más tiempo a la Audiencia Provincial para que resuelva ese recurso tras conocer que el calendario del tribunal impedirá que se fije una posición al respecto antes de esa fecha.
En cualquier caso, ninguna de esas decisiones ha sido todavía ni tomada ni por tanto comunicada oficialmente. Por el momento, lo que sí se ha conocido hoy es que el recurso de apelación del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach contra la imputación de la infanta Cristina por el caso Urdangarin. se presentará mañana. A partir de entonces empiezan a correr los plazos.
La Audiencia de Palma debe objetar o no la acción del instructor que decidió imputar a la hija del Rey, que cree implicada en un caso abierto dos años atrás, determinar si es acertado emplazarla y qué hechos se le cargan.
Los plazos marcados en el proceso y el sistema de funcionamiento del tribunal de la Audiencia de Palma que resuelve el recurso dificultan enormemente que en tan solo 15 días hábiles se cierre este episodio. Los tres magistrados que componen la sala deben recibir primero la documentación que han requerido del caso, luego estudiarla y más tarde reunirse para tomar una decisión. El juez asume que eso no sucederá en tres semanas. Castro, en este supuesto, apuesta por suspender la declaración y aplazarla hasta conocer si se mantiene o no la imputación. El recurso del fiscal no paraliza ni suspende los efectos de su auto del juez Castro.
La Audiencia rechazó la imputación hace un año, cuando el juez Castro también se oponía
El fiscal tenía cinco días para formular la impugnación, en la que recogerá sus argumentos para el rechazado de la imputación de doña Cristina. Castro cita catorce episodios y resalta la supuesta cooperación necesaria en el ámbito de influencia de la trama de negocios delictivos de Urdangarin y Diego Torres desde Nóos. Del escrito del fiscal han de recibir testimonio las partes que tienen otro plazo para posicionarse formalmente.
Resolver el asunto de la no muy común oposición del fiscal a la imputación por un juez instructor de un supuesto implicada queda en manos de la sección segunda de la Audiencia de Palma de Mallorca, tribunal que tiene por costumbre, en temas de complejidad, celebrar una vista —a puerta cerrada— con exposición de las partes y posible interrogatorio a las mismas. La fiscalía de un lado con la defensa de la imputada y su marido, y por otra los acusadores de Manos Limpias, por coherencia en la acusación de un año atrás.
En otro escenario y con otra posición del juez la Audiencia rechazó la imputación hace un año. Ahora los términos son distintos. Los tres magistrados resolverán tras la vista, finalmente tras una semana de deliberación, de acuerdo con las tesis de un ponente designado. La sección segunda de la Audiencia, especializada en asuntos complejos de corrupción y criminalidad común, actuará, por reparto previo. La preside el magistrado Diego Jesús Gómez-Reino que analizará junto a Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna, o bien nuevos integrantes sustitutos de refuerzo de nueva hornada.
Gómez-Reino, es un magistrado de prestigio, del ámbito progresista aunque sin una especial significación. Es un juez rápido en las resoluciones, técnico y contundente ante las incidentes que abren las partes. Deportista y nadador con una carrera de mérito, Gómez-Reino lidera esta sala junto a la fría y rigurosa Mónica de la Serna, jurista del sector moderado y avanzada en lo social. El tercer juez es Juan Jiménez un veterano que procede de la magistratura social y que en antes de la transición fue un abogado activista de la izquierda clásica.
Este mismo tribunal finaliza en hora la extensa y muy compleja vista pública del macro juicio del ‘caso Kabul’ de los clanes de la droga ligada a la matriarca La Paca. Anteriormente han juzgado casos de corrupción política —como el de Maria Antònia Munar de UM, que condenaron—; el policía corrupto Pepote o las tramas del "caso Andratx".